La Policía Nacional Civil (PNC) es una institución que nació producto de la firma de los Acuerdos de Paz para superar los vicios de los antiguos cuerpos de seguridad, acusados de violar derechos humanos durante la guerra civil salvadoreña. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han señalado -por años- a la PNC y a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) como entidades que albergan elementos que cometen delitos contra la población en lugar de cumplir con su mandato. Datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR) confirman estas denuncias.

Según cifras de la FGR enviadas a DW por su Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), entre el 1 de junio de 2019 y el 2 de junio de 2020, la Fiscalía imputó a 942 elementos de los cuerpos de seguridad (783 policías y 159 soldados) por delitos de homicidio, lesiones, amenazas, daños, extorsión, acoso sexual, expresiones de violencia contra las mujeres y limitación ilegal a la libertad de circulación. No obstante, la UAIP aclaró en una nota que dichos datos son "únicamente de las categorías que se encontraron registros, de acuerdo a lo solicitado”.

Los registros detallan que los delitos por los que es más miembros de la PNC son imputados son lesiones (33%), homicidio (26%), amenazas (24%) y expresiones de violencia contra la mujer (10%). En tanto, elementos de la FAES son mayoritariamente acusados de amenazas (31%), lesiones (24%), homicidio (18%) y expresiones de violencia contra la mujer (18%).

Por otra parte, la FGR registra 911 víctimas de ambas instituciones, de las cuales 294 fueron lesionadas, 282 amenazas; 148 personas fueron asesinadas, 109 mujeres soportaron expresiones de violencia en su contra, 28 experimentaron daños a manos de policías y soldados, 24 fueron acosadas sexualmente; 17 personas fueron extorsionadas y 9 fueron víctimas de limitación ilegal a la libertad de circulación. Del total de víctimas, 510 son hombres, 375 mujeres y de las restantes 26 no hay registros. El rango de edad que reporta mayor cantidad de víctimas es el comprendido entre 18-30 años, con 372 personas, seguido por el de 31-40 años, con 187 víctimas.

"Desde la firma de los Acuerdos de Paz, la PNC ha sido señalada como una de las instituciones más denunciadas en los informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Entre 2001-2006, ya se hablaba de que 40% del total de denuncias recibidas por la PDDH eran contra policías. También, en los informes que ha sacado la PDDH sobre ejecuciones extrajudiciales, del 2014-2018 se identificaron 116 ejecuciones por parte de la PNC”, explicó a DW el director de acompañamiento a víctimas de CRISTOSAL, Abraham Ábrego.

"Esto viene a confirmar que hay un conjunto de policías que está abusando de su autoridad y dañando derechos a través de la comisión de delitos. Aquí estamos viendo que el acusador del pueblo, es decir la FGR, les imputa un delito a estos funcionarios públicos de seguridad por la actuación que cometieron. Ya no es un simple malestar social”, dijo por su parte a DW el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Escalante.

Según Escalante y con base en datos del observatorio que él dirige, durante el primer semestre de Gobierno de Nayib Bukele y en el marco de su Plan Control Territorial, "hemos observado que hay lugares en el país donde el único que ha cometido homicidios es el Estado... Incluso, llegamos a la conclusión de que en los municipios donde no hay Plan Control Territorial es donde los homicidios han disminuido más. No tenemos una hipótesis o un razonamiento que nos permita explicar esto”.

"Un sistema roto de credibilidad"

En tanto, la coordinadora del programa por una vida sin violencia de ORMUSA, Silvia Juárez, declaró a DW que "esto implica que hay un sistema roto de credibilidad de la ciudadanía en la seguridad pública. ¿Qué confianza puede tener una mujer de llamar a la policía después de que su pareja la ha agredido si sabe que esa policía está vinculada a hechos de corrupción o a estructuras criminales? La menor confianza de la población en las instituciones hace replegar un montón de ejercicios de derechos: las personas tienen miedo de hablar, tienen miedo de exigir, soportan condiciones de vulneración a derechos porque saben que no tienen a dónde ir”.

Juárez cuestiona que "¿cómo podemos pedirle a una adolescente de trece años que le diga que ‘no' a un soldado armado, que anda con la cara tapada y que sabe dónde vive ella? En una investigación, detectamos que las niñas y adolescentes están viviendo en una lógica de fuerzas contra fuerzas: como el territorio donde viven es señalado como peligroso, se ha enviado a policías y militares a custodiar el camino de las comunidades a las escuelas. Ahí, los soldados y policías las acosan. Cuando ellas no ceden, las acusan de ser novias de algún pandillero. Ante ese amedrentamiento, las adolescentes acceden, pero -también en el territorio- están los pandilleros vigilando y, al verlas hablar con los cuerpos uniformados, las miran como una informante. Entonces, las niñas están creciendo en un territorio minado donde para unos es cómplice y para otros es una traidora”.

"Creemos que este es solo uno de los ingredientes de una receta mucho más perversa porque somos conscientes de que estos cuerpos uniformados tienen mayor contacto con la población, pero también sabemos que hay jueces, fiscales y funcionarios de otros niveles que permiten que en el Estado salvadoreño no sea incompatible ser un violador de derechos humanos y ser servidor público”, añade Juárez.

Sin embargo, la Unidad Especializada de Antipandillas y Delitos de la FGR matizó que "es innegable la participación de algunos miembros de los cuerpos de seguridad en el cometimiento de algunos hechos delictivos, pero esto, per se, no es un indicador que todos los miembros de estas instituciones participaran en hechos ilícitos”, según una nota enviada a DW por la Unidad de Comunicaciones de la FGR.