El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica y uno de los señalados de violar los derechos de las mujeres, debido a la aplicación del Código Penal sobre la prohibición y persecución del aborto, normativa reformada desde principios del siglo 21.

"Los órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica (...) negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a la vida o salud de la mujer, o cuando el embarazo es el resultado de una violación o de incesto, viola los derechos a la salud, a la privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes", detalla la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Para la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera, en el país "no hay reconocimiento de derechos de las mujeres y por lo tanto no hay ningún cumplimiento, ni ninguna garantía, de que se vayan a cumplir. Hace falta voluntad política para eso. Pero lo más importante es que falta incluso el reconocimiento básico de que las mujeres tenemos derechos”.

"Hay violencia institucionalizada y violencia acostumbrada, naturalizada. Las instituciones del Estado son indiferentes ante los hechos de violencia sexual, ante las consecuencias que tienen esos hechos como los embarazos y maternidades forzados. Las niñas embarazadas, por ejemplo, pasan a ser tratadas como ‘señoras' en el sistema de salud”, agregó Herrera a DW.

En tanto, la presidenta de la conservadora Fundación Sí a la Vida, Julia Regina de Cardenal, explicó a DW que "si el aborto fuera legal (en El Salvador), habría mucho más violencia contra la mujer de la que ya hay. Debemos unirnos a combatir toda forma de violencia, por eso defendemos el derecho a la vida del cual se derivan todos los demás”, y aseguró que, desde su organización, "se les ofrece el apoyo que ellas necesitan para que la solución sea la vida, no la violencia y la muerte”.

El aborto en El Salvador

El estadounidense Centro de Derechos Reproductivos coloca a El Salvador como uno de 26 países que prohíben por completo el aborto en el mundo. Todo inició en 1999 cuando la Asamblea Legislativa reformó la Constitución de la República para reconocer como persona "a todo ser humano desde el instante de la concepción". Con ello, y con una posterior reforma al Código Penal, se dio paso a la posibilidad de encarcelar a las mujeres que interrumpieran su embarazo.

"Estamos muy orgullosos que nuestra Constitución sea de las mejores en el mundo, en el tema de respeto a los derechos humanos (…) De esta forma se garantiza el derecho a la vida de todos los salvadoreños incluyendo los que están por nacer. El aborto es matar al ser humano indefenso, aprovechándose y explotando a mujeres con embarazos en dificultades", enfatizó de Cardenal.

Según los artículos del 133 al 139 del Código Penal salvadoreño, las penas por provocar un aborto pueden variar de dos a doce años en prisión, dependiendo de la violencia con la que se practique, así como si es inducido o asistido ya sea por profesionales de la salud, por la misma mujer, por su pareja o por sus familiares. Sin embargo, al considerar al feto como una persona, las mujeres que aborten también enfrentan cargos de homicidio que implican penas de hasta sesenta años de prisión.

"Como ocurre en todos los ámbitos de la vida, hay determinantes sociales que están cruzados. Por ejemplo, una mujer que cuente con recursos económicos puede, por vía clandestina, -con un cierto nivel de precariedad, pero en condiciones salubres- tener acceso a servicios de interrupción del embarazo en clínicas privadas, o fuera del país. Las más afectadas son aquellas que no tienen recursos económicos y que no tienen acceso a información", detalla Herrera.

Castigos según clase socio-económica

La líder feminista agregó que "en el país, no hay una sola denuncia de una clínica privada. Todas las denuncias de mujeres que han tenido problemas durante el embarazo y el parto, la criatura ha muerto, y han sido acusadas inicialmente de aborto y después condenadas por homicidio agravado, todas provienen de hospitales públicos. Ninguna de una clínica privada. Hablamos de algo de clase social, de ruralidad también, de situación de marginalidad socio-económica, de precariedad".

Ante esto, de Cardenal defendió que "el aborto es ilegal para todas las mujeres, no solo para algunas. Hasta el momento no hay ni una mujer presa por aborto porque la pena es excarcelable y les dan medidas sustitutivas” y agregó que muchos países "lo permiten por algunos pretextos que usa la industria del aborto para ir sembrando una mentalidad favorable a su negocio de matar seres humanos en el vientre materno".

Por su parte, Herrera argumenta que en El Salvador "hay 16 condenadas por abortar y hay otras 4 que están procesadas pero que no están en la cárcel, sino que sus procesos judiciales están siendo fuera de la prisión. Se trata de aquellos casos donde están en etapas avanzadas de su embarazo, o ya en el proceso de parto. Ellas son las que han sido denunciadas en los hospitales. No son todas, son algunas que tienen estas condiciones. La mayoría, en este momento, no son condenadas. Estamos logrando, con apoyo de médicos (privados), actuar antes de que vayan al proceso judicial, antes de que sean condenadas".

El suicidio como solución

"Hay un problema que está muy silenciado que es el suicidio de niñas y adolescentes embarazadas. Ya hace algunos años, empezamos a ver datos estadísticos del Ministerio de Salud donde aparece la causa de muerte materna como ‘intoxicaciones autoinfringidas por sustancias sulfuradas'. Esto en realidad se trata de suicidios con pesticidas o con mata-ratas. Son adolescentes que se enfrentan a embarazos impuestos y que frente a la falta de opciones, lo único que encuentran es el recurso del suicidio. El suicidio se ha convertido en la primera causa indirecta de muerte materna en adolescentes. Esto es muy grave y los gobiernos lo han silenciado porque representa una amenaza muy fuerte, un golpe muy fuerte, y no está siendo tratado. Yo creo que es importante incluirlo en la denuncia de las consecuencias que tiene la penalización absoluta del aborto", aseguró Herrera.

Según estadísticas del Ministerio de Salud, entre 2014-2018, se han registrado 107.745 embarazos de niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre los 10 a 19 años. En el mismo período, se reportaron 206 muertes maternas en el Sistema Nacional de Salud dentro de las cuales "se incluye envenenamiento”, aunque no se especifica el porcentaje, ni la cantidad exacta de dichas muertes.

(jov)

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