Tras la entrada en vigor del régimen de excepción instaurado para combatir a las pandillas, el Gobierno de Nayib Bukele ha tenido que aceptar, indirectamente, que cometió graves errores.

Según admitió el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, hubo que liberar a más de siete mil personas, que fueron detenidas por la Policía o por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), y encarceladas en prisiones desde donde llegan denuncias de tortura y cadáveres con señales de violencia. Todo, en poco más de un año.

Varias ONG han estado señalando violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de personas inocentes que, por vivir en comunidades vulnerables y estigmatizadas por la presencia de pandillas, son detenidas bajo acusaciones de ser parte del crimen organizado.

Estas personas son usualmente "trabajadoras y trabajadores agrícolas de las áreas rurales, de fábricas de maquila, de la empresa privada, del mismo Estado, y personas emprendedoras a las que el Estado financió préstamos bancarios y luego los priva de libertad", explica a DW Mauricio González, director ejecutivo de la organización defensora de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández.

"Arbitrariamente, sin pruebas"

"Las declaraciones del ministro Villatoro reafirman que el Estado ha capturado a personas arbitrariamente, sin pruebas que permitan establecer que estas personas pertenecen a grupos delincuenciales. Con estas cifras, prácticamente una de cada diez personas detenidas ha sido capturada de forma injusta. Y esto no debe ser visto como 'un margen de error'. Son personas y familias que han sido vulneradas de forma injusta y que han pasado meses en la cárcel sin deber nada", declara a DW Danilo Flores, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).

Mientras, sus familias acuden en masa a las distintas ONG de derechos humanos, buscando ayuda para la presentación de recursos de habeas corpus . Según declaraciones recopiladas por estas organizaciones, las personas pueden ser liberadas por tres vías: luego de practicarles la prueba del polígrafo (también conocido como "detector de mentiras"); por medio de una orden de la Fiscalía, "en el supuesto de que fueron investigados y no pudieron determinar su participación en las agrupaciones ilícitas"; o por órdenes judiciales, luego de haber pasado una audiencia especial de revisión de medidas solicitadas principalmente por defensores privados.

"La defensa privada particular o de ONG tiene más ventajas porque son las que más están solicitando audiencias especiales de revisión de medidas", precisa a DW Ingrid Escobar, abogada de Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

Sin embargo, estas personas salen de las cárceles con órdenes de "no visitar centros comerciales, no visitar a familiares de colonias aledañas. Es decir, las personas que han salido después de más de un año de estar privadas de libertad continúan en sus hogares bajo medidas y siendo visitadas periódicamente por agentes policiales y miembros de la FAES. Eso no es libertad", argumenta Mauricio González, desde la dirección de Tutela Legal.

Sin esperanzas de reparación del Estado

Ante tal escenario, las ONG reclaman la reparación integral, no sólo para las siete mil víctimas directas, sino también para sus familias, que sufrieron desde afuera su detención. "El daño causado por el Estado ha sido exponencial", opina Flores. Así que debería resarcirse "con asistencia médica, psicosocial, restitución, indemnización". Y esto incluiría "el resarcimiento por el daño material y moral, sobre todo, pidiendo perdón, reconociendo las injusticias cometidas y dictando garantías de no repetición", dice.

Además, el Estado tendría la obligación de investigar las vulneraciones que han enfrentado estas personas durante su detención. Pero, "lastimosamente, la narrativa actual y oficial va en contra de todo esto", lamenta Flores, desde el IDHUCA.

Más allá de esa narrativa, según detalla González, "no hay una ley que regule y desarrolle la forma de proceder por parte del Estado, la forma de reparar el daño causado a tan gran número de personas". Y tampoco "hay una ley vigente que desarrolle un registro de víctimas y mucho menos la cuantía de reparación de los daños causados. Lejos de eso, hay una constante amenaza de recaptura", advierte.

"No existe ninguna garantía, ya que muchos de los liberados podrían ser recapturados y seguir engrosando las filas de prisioneros, pues la mayoría está libre bajo medidas alternativas a la detención provisional", coincide Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario. Y augura que las cosas podrían empeorar "con las audiencias masivas, hasta llegar a ser condenados por las acciones que han cometido otros".

Sin garantías de no repetición

"Creemos que, tarde o temprano, la justicia debe llegar para las personas. Es complicado encontrar justicia en un sistema centralizado, en donde una persona puede controlar los tres poderes del Estado, anulando los controles, el debido proceso y las garantías para un juicio objetivo e imparcial. Sin embargo, la mentira no puede sostenerse por mucho tiempo y, hasta cierto punto, será insostenible ocultar que han existido capturas de personas inocentes cuando sí las ha habido", argumenta Flores.

En tanto, las familias siguen buscando masivamente a las ONG para denunciar que, en las cárceles, sus allegados "están enfermos y están muriendo de desnutrición severa y enfermedades terminales sin atención médica", afirma González.

"¿Es necesario combatir la delincuencia? Claro, pero no a costa de los derechos que todas y todos tenemos, y no a costa del irrespeto a la institucionalidad y a las leyes. La historia nos demuestra -y los mismos registros actuales lo hacen- que, sin memoria histórica, sin garantías de no repetición y sin procesos de justicia transicional, una sociedad que busca vivir dignamente no sale adelante", concluye Flores.

(rml)