En un país desangrado por la criminalidad vinculada a las drogas, la batalla por la legalización de la marihuana es un eterno tira y afloja entre las fuerzas progresistas y las conservadoras. La Suprema Corte de Justicia acaba de posicionarse claramente al respecto y el lunes (28.6.2021) declaró como inconstitucional prohibir legalmente el consumo marihuana y pidió al Congreso hacer las regulaciones pertinentes al respecto.

Inseguridad, pese al hito jurídico

Liza Sánchez, directora de la organización "México unido contra la criminalidad" (MUCD) saluda así el veredicto: "Lo de la Corte se tiene que celebrar porque reitera que el consumo personal está tutelado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. No hay muchos tribunales en el mundo que se atrevan a decirlo, ni en Reino Unido ni en Alemania, ni gringos", dijo a DW. Pero Sánchez también siente frustración porque "el Congreso tuvo dos años, no logró sacar una ley, y la que sacó estaba tan mal que daban ganas de llorar. Son unos incompetentes. Es un tema que no se termina de entender entre la clase política, no hay voluntad de entenderlo, hay muchos tabús todavía".

La pasada primavera, grupos de poder de los sectores económico y militar frenaron la regularización en el Congreso y también el Gobierno envía señales contradictorias al respecto. Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia, los consumidores pueden dirigirse a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para solicitar una licencia que ya no se les puede denegar. Pero hasta ahí llega la seguridad legal, porque sigue habiendo leyes que prohíben el cultivo, comercio y posesión de más de 5 gramos de cannabis.

Un tema que divide

"Parte de la elite política, incluyendo al presidente, es muy conservadora, le da miedo, no está convencida de los beneficios", explicó a DW Zara Snapp, cofundadora del  Instituto de Investigación sobre política de Drogas y Paz (RIA). "La reglamentación les asusta, no creen en sus ventajas. Para muchos que votamos por Morena porque queríamos ese cambio progresista con otra agenda, ha sido un poco decepcionante", agrega Snapp.

También la opinión pública está dividida. En una encuesta reciente de El Financiero, de abril de 2021, apenas el 52 por ciento estaba a favor de la legalización, aunque los niveles de aceptación han sufrido oscilaciones notables en las últimas encuestas anuales.

Los activistas han seguido el camino de los tribunales y han logrado desde 2015 varias sentencias a su favor. Según los plazos legales, la ley para reglamentar el cannabis tendría que haber estado lista a finales de abril de 2021, pero, a principios de junio, se celebraron en México elecciones regionales y parlamentarias y, para muchos partidos, había mucho en juego. "Tuvimos la confesión de AMLO en la mañanera, cuando dijo que su gabinete estaba dividido y, como no se llegó a un acuerdo, se había parado el proceso legislativo. Hay allí una lamentable interferencia del Ejecutivo sobre el legislativo", dice Liza Sánchez.

Turno del Congreso

"Lo que vimos fue que un proyecto aprobado en el Senado va a la Cámara y se cambia mucho, eso fue por influencia del Gobierno federal, de diferentes secretarias metiendo su cuchara allí", corrobora Zara Snapp. Para Snapp, en el proyecto original "había mas restricción para empresas y un enfoque de mayor justicia social, con licencias exclusivas, para comunidades y autocultivo".

Las fuerzas de seguridad también hacen frente contra la legalización, ya que "utilizan la posesión de droga como manera preventiva para encarcelar a la gente. Para que un sospechoso no vuelva delinquir, le siembran marihuana", explica Sánchez. Con la legalización, esa maniobra ya no podría seguir haciéndose.

Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia, es el turno del Congreso. "Es una gran oportunidad para México", dice Snapp. "La regulacion del cannabis no será una varita mágica, pero es una cosa de las muchas que puede empezar a tener impacto, cambiar dinámicas para tener mayores oportunidades para las comunidades rurales y pobres, bajar el conflicto entre Estados y comunidades que cultivan. Puede tener un impacto sobre cómo funcionamos como sociedad", concluye Snapp.

(ms/ers)