En Guatemala, el detrimiento del Estado de derecho, la criminalización y el acoso contra defensores de los derechos humanos y periodistas es una práctica rutinaria del gobierno y de un aparato judicial que ha sido puesto a su disposición, tal y como se pudo ver en el reciente arresto de José Rubén Zamora Marroquín, director del diario El Periódico, después de que publicara nuevas denuncias de corrupción contra varios funcionarios gubernamentales. La protesta estudiantil en la Universidad de San Carlos es solamente una expresión del hartazgo para con autoridades que ni asumen los derechos ciudadanos, ni respetan la independencia judicial y de otras instituciones.

Reclamos internacionales siempre se recusan aquí y  en el vecino El Salvador como "injerencia” en asuntos internos, tratando de encubrir así las acciones autocráticas de sus gobernantes. El Salvador vive en estado de emergencia, prolongado por 4ª vez por el presidente Bukele con el argumento de que desde finales de marzo han sido capturados ya 46.000 miembros de las bandas juveniles (maras). La política de encarcelamiento  con alto grado de arbitrariedad subraya la práctica del presidente de querer presentarse como  actor de "mano dura” sin respetar límites institucionales.

El desenfreno en la persecución que se practica en Nicaragua  ha alcanzado una nueva culminación en el anuncio de la vicepresidente de Nicaragua de querer perseguir «crímenes de lesa espiritualidad» como una nueva variante represiva que ha ido desarrollando del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua con delitos como el de «menoscabo a la integridad nacional». Después de  suspender el servicio de seis radioemisoras católicas de la Diócesis de Matagalpa, ahora se está atacando con el despliegue de agentes de la Policía Sandinista al obispo Rolando Álvarez de dicha diócesis manteniendo sitiada la sede de la curia. Al mismo tiempo, sigue la política de cancelación de las personerías jurídicas de muchas ONG en el país y el encarcelamiento de personas que levantan la voz en contra del régimen.

La Alianza para el Desarrollo en Democracia

Ante este declive democrático e institucional se requieren esfuerzos regionales e internacionales. Para septiembre está programada la próxima reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), a la cual pertenecen Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, quienes asumieron con su primer encuentro en septiembre de 2021 una propuesta de integración regional "en el marco de la democracia, los derechos humanos y  los objetivos del desarrollo sostenible”. Estos tres países se consideran, ante el declive en los otros socios del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), como enclaves de estabilidad en medio de una región con débiles instancias multilaterales y una historia reciente de agudo deterioro institucional. La institución quedó acéfala por un año debido a la falta de consenso en la elección de un nuevo secretario general.

Así, el SICA ha sido incapaz de fortalecer la democracia en la región; esta tarea parece corresponder más a la ADD, la cual no ha mostrado hasta la fecha gran interés de intervenir para no entrar en confrontación abierta con los presidentes del Triángulo Norte. Aunque el compromiso sobre la base de la defensa de sociedades abiertas y un desarrollo verde cubre metas muy amplias, en esencia se trata de una iniciativa para promover la democracia, el Estado de Derecho y el crecimiento económico en Centroamérica frente a las autocracias de El Salvador y Nicaragua y de una Guatemala que se hunde cada vez más en la corrupción y el desgobierno. Es por eso que, para no generar resistencias por parte de estos países, se buscó articular un marco de cooperación muy amplio y orientado hacia la empresa privada, con la intención de canalizar fondos de cooperación hacia todos los países de la región. Aunque se anunció un Plan de acción y el apoyo de EE.UU. hasta la fecha la ADD ha demostrado ser de muy baja operatividad.

La agenda unilateral de EE.UU.

Es en gran medida la ausencia política y el interés unilateral de EE.UU.  por la región lo que hoy ha provocado los resultados negativos: al insistir centralmente en la lucha contra las drogas y el control de la migración, dejando en un segundo plano la defensa de la democracia y del Estado de Derecho, se han expandido prácticas en los tres países del Triángulo Norte que solamente documentan el avance de la corrupción política y administrativa. El abuso de las autoridades contra personas e instituciones opositoras están presentes día a día en los periódicos, en las manifestaciones en las calles y en el quehacer social de muchas ONG. Las sanciones individuales que se aplican por parte de EE.UU. no han dado resultados. Sanciones económicas de mayor envergadura, como la recientemente anunciada suspensión de la compra de azúcar a Nicaragua o hasta una posible cancelación de la membresía de este país en el Tratado de Libre de Comercio con Centroamérica, no han sido implementadas. Lo mismo vale para las políticas de crédito que siguen en marcha sin querer poner un límite al ejercicio autocrático del poder: así, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sigue apoyando a Nicaragua con un préstamo de 200 millones de dólares para reducir el impacto del incremento de los precios de los combustibles sobre la economía nicaragüense; con el apoyo de Alemania se ha lanzando recientemente un programa de apoyo a microempresas que aspira favorecer a personas dueñas de negocios y canalizar subpréstamos para fortalecer la dinámica económica y la generación de empleo. Si los actores internacionales no logran asumir una posición conjunta, el avance del autoritarismo y las prácticas no-democráticas se expandirán más en la región.

(ers)