Basta un corto vistazo al mapa para entender por qué Buenaventura es un lugar perfecto para el desarrollo portuario y turístico: un gran estuario que desemboca ampliamente en el océano Pacífico.

Para el desarrollo portuario, el gobierno nacional puso inversiones y manos a la obra ya desde la de la mitad del siglo XX. Para el segundo, el turístico, en el Plan de Ordenamiento Territorial del 2001 se prevé la construcción de un malecón y zona turística bordeando la isla de la bahía de Buenaventura, con aprovechamiento del estuario y los manglares de la costa del Pacífico. Pero, ¿y la gente?

"No es buena la situación para las comunidades étnicas negras que hemos habitado tradicional y ancestralmente el territorio de Buenaventura en la zona urbana”, cuenta a DW Leyla Arroyo, que lidera el Proceso de Comunidades Negras en Colombia y es especialista en territorio y medio ambiente.

"Somos comunidades procedentes de otros territorios de la costa pacífica, de otros ríos y otros municipios”, agrega. La violencia y los desplazamientos internos del país llevaron a comunidades enteras a buscar donde reasentarse. En un sector que se adentra en el mar, al que llaman la isla, con ecosistema de manglar, los nuevos pobladores construyeron sus viviendas palafíticas.

"Con relleno comunitario fuimos ganando territorio al mar. En este momento, el 60% de la isla corresponde a territorios que nosotros le ganamos al mar. Esos territorios son nuestros”, enfatiza Arroyo.

¿Comunidad ancestral o no?

Si bien el reconocimiento de territorios ancestrales en zonas rurales está amparado en la Constitución y se ha ido avanzado la titulación para las comunidades rurales afrodescendientes en un 80%, para las comunidades que se asentaron en la zona urbana de Buenaventura la pelea sigue siendo ardua.

"Nuestras comunidades no tienen título de propiedad, los linderos son familiares. Hemos desarrollado estructuras barriales, tenemos servicios públicos a pesar de las deficiencias de infraestructura de Buenaventura, tenemos juntas de acción comunal”, cuenta Arroyo.

A todas luces, nada de eso contó para la construcción de nuevas vías y terminales en los primeros años del siglo XXI.

"Sin consulta, en medio de altos grados de violencia, con fronteras invisibles que cuidaban diversos actores armados, se construyó en medio de nuestros barrios una gran terminal con sus vías de acceso que provocan temblores y afecta a nuestras viviendas y nuestra salud”, sigue la lideresa. A la vez que crecía la violencia en la zona -con el mayor índice de masacres y desapariciones del país-, la ampliación del puerto y la zona turística avanzaba. También la oposición de las organizaciones comunales.

"En 2015 logramos que la Corte Constitucional reconociera que el supuesto reasentamiento en barrios en tierra firme, para nosotros significó un desalojo. En esa misma sentencia se nos reconoce como comunidad negra para la que vale la legislación especial que ampara a las minorías del país”, apunta.

Disuasión, dilación

Arroyo, como muchos otros líderes comunales, tiene que sufrir una y otra vez amenazas, no puede desplazarse sin guardaespaldas. "Independientemente de que avancemos las conversaciones con el gobierno nacional y distrital y tengamos esquemas de protección, la persecución, intimidación y difamación siguen siendo parte de la estrategia para reducir la capacidad de movilización de las comunidades”, puntualiza.

¿Las comunidades locales se oponen al desarrollo turístico de la zona? No. "Lo que queremos es un nuevo ordenamiento territorial y una verificación jurídica de los territorios. Que se defina cuáles van a ser las áreas protegidas, cuáles las portuarias y las residenciales.”, informa Arroyo. 

La mesa de conversación está planteada, el marco normativo está más claro. No obstante, se queja la líder comunal, a la vez que hay una política de dilación, el objetivo de esas conversaciones parece no ser el mismo para todos los actores: si para el gobierno se trata de informar a los pobladores, éstos quieren que se los respete y se los consulte.

"Es justo que se nos incluya en el desarrollo del turismo, en un turismo ecológico y con garantías para las comunidades étnicas”, concluye Arroyo.