Abortar a su bebé, incluso si fuera legal en Brasil, habría salido la salida fácil, dice Hilda Venancio Silva. Su hijo de tres meses es uno de los cada vez más numerosos casos de niños nacidos con microcefalia, una anormalidad que impide el desarrollo del cerebro.

“Nunca, nunca”, dice Venancio Silva (en la foto) desde su casa en una humilde comunidad en Recife, el epicentro del brote de zika en el noreste de Brasil. “Nunca habría aceptado un aborto. Hay dos caminos: o asumes la responsabilidad o tomas el camino fácil”, dice. Desde el repentino incremento en el número de casos de nacimientos con malformaciones relacionadas con la propagación del zika, los derechos reproductivos de las mujeres se han situado en el punto de mira.

Los gobiernos en América Latina han tomado la decisión de advertir a las mujeres sobre considerar la posibilidad de posponer sus embarazos hasta que la enfermedad esté controlada. Incluso en lugares donde el aborto está penado por la ley, la recomendación ha sacado a la luz el conflicto entre las tradiciones conservadoras y las necesidades y los derechos de las mujeres.

El aborto en Brasil es ilegal, salvo tres excepciones: cuando la vida de la madre está en riesgo, en casos de violación o cuando el feto padece de anencefalia. Esta última excepción fue agregada en 2012 tras ocho años de deliberaciones. La antropóloga Debora Diniz lideró la campaña para modificar la legislación y ahora lleva la voz cantante en las solicitudes alzadas ante la Corte Suprema para permitir a las madres interrumpir sus embarazos en casos de microcefalia.

“Queremos acceso a la contracepción, diagnósticos precoces y la posibilidad de optar por el aborto, si se da el caso”, dice Diniz. “Nadie está hablando de legalizar el aborto. Lo que no queremos, otra vez, es un Estado negligente”, añade la activista.

No tiene que ver con la religión

Pero en Brasil el tema es controvertido. Una encuesta publicada el año pasado mostraba que siete de cada diez consultados estaban en contra del aborto en todos los casos, pero se estima que cada año tienen lugar un millón de interrupciones de embarazos ilegales en el país. La congresista Jandira Feghali, autora de la enmienda que permite la interrupción del embarazo en casos de anencefalia, culpó a los conservadores y religiosos de haber dificultado la despenalización de los abortos.

Sin embargo, para las mujeres que toman la decisión, la fe parece jugar un papel secundario. La Encuesta Nacional del Aborto, realizada por la Dra. Diniz en 2010, halló que una de cada cinco mujeres había realizado al menos un aborto al término de su vida reproductiva. Además, el estudio descubrió que dos tercios de las mujeres que abortaron eran católicas.

“La incidencia de los abortos entre las mujeres de distintas religiones es prácticamente la misma”, determinó la investigación. Tasas de aborto similares fueron halladas en otros países de la región. En Colombia, por ejemplo, el segundo país más afectado por el zika después de Brasil, y que tiene restricciones similares al aborto, se encontró en un estudio de 1992 que más del 22 por ciento de las mujeres interrumpen sus embarazos.

Lo mismo en Ciudad de México, donde casi el 22 por ciento de las mujeres entre 15 y 55 años han tratado de inducirse un aborto al menos una vez en la vida, de acuerdo con un estudio realizado en 2001. Otra investigación estima que la incidencia de los abortos en México, donde solo se permite si la vida de la madre está en peligro o en casos de violaciones e incestos, ronda el 16 por ciento.

Urge una decisión legal

Pero permitir el aborto en los casos de microcefalia es mucho más difícil debido a que la condición se detecta en estados avanzados de la gestación y sólo puede ser confirmada con propiedad tras el nacimiento. “Una mujer embarazada que desea someterse a un aborto lo hace en las primeras semanas, así nadie se entera de su embarazo”, dice la Diniz. “Una mujer que enfrenta un diagnóstico de microcefalia en una etapa avanzada ya es, socialmente, una futura madre”, pondera la antropóloga.

Sumado al dilema moral de un aborto en una etapa terminal del embarazo está el factor socioeconómico, que implica que las personas que no cuentan con dinero suficiente para asumir un aborto seguro en un país donde es legal, queda a merced de las clínicas clandestinas. “Sabemos que las mujeres con buena situación abortan en buenas condiciones”, dice Carla Batista, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. “Y aquellas que carecen de los medios están arriesgando sus vidas”, agrega.

La “Acción por los Derechos de la Mujer” liderada por Diniz, que busca ampliar el espectro de acción de la ley de aborto, acudirá a la Corte Suprema en el curso del próximo mes, mientras que los científicos estudian el virus para enfrentar de mejor forma la propagación de la enfermedad. Entre tanto, las mujeres embarazadas simplemente son advertidas de la necesidad de tomar medidas para protegerse de los mosquitos.

“Quiero creer que en este escenario, en que estamos ante la mirada de todo el mundo, por primera vez reconozcamos que la mujer debe tener el derecho a decidir, a ser acogida y protegida”, dice Diniz. “No estamos luchando por una cuestión abstracta. Estamos frente a necesidades urgentes de niños que nacen y requieren múltiples cuidados y de mujeres que en medio de sus embarazos reciben el diagnóstico y no desean cometer un crimen. Si la decisión al respecto se demora mucho, simplemente estamos amplificando las consecuencias de esta epidemia”, dice la especialista.