El 6 de marzo pasado se instaló en el Congreso de Chile la llamada comisión de expertos, integrada por 24 representantes de los partidos políticos presentes en el Parlamento de ese país. La mayoría de ellos son abogados y se encuentran en la etapa final de la redacción del anteproyecto, que entregarán el 7 de junio próximo al Consejo Constitucional, compuesto por 50 consejeros elegidos por los chilenos este domingo 7 de mayo.

Dentro del borrador presentado por la comisión de expertos destacan la presencia de bases constitucionales inquebrantables, como el hecho de que Chile "se organiza en un Estado social y democrático de derecho”, que es unitario, de régimen presidencialista con reelección posible, pero no inmediata. También se reconoce a los pueblos originarios como parte de la nación, algo que no aparece en la actual Carta Magna, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Lejos del ánimo que existía después del estallido social de 2019, y del interés ciudadano presente durante el plebiscito de septiembre de 2022 -en el que ganó el rechazo a la nueva Constitución elaborada por una convención de mayoría izquierdista- hoy los chilenos están desinteresados y desconfiados de este segundo proceso marcado fuertemente por los límites impuestos por los propios partidos políticos. Así lo han evidenciado encuestas como la de Criteria, publicada en abril, que arrojó que solo el 31% de los chilenos están interesados en este proceso, contrastando con el 60% de interés que se registraba en el proceso anterior.

Una pelea política

La elección de este domingo 7 de mayo adquirió un matiz diferente. Así se ha visto en las campañas de las cinco listas que compiten (Partido de la Gente, Partido Republicano, Todo por Chile, Chile Seguro y Unidad para Chile), centradas en discursos lejanos al tipo de Estado en el que desean vivir. La razón es simple: el contexto cambió. Los chilenos están más preocupados de la crisis de seguridad que enfrenta el país, del conflicto migratorio que tiene en el norte y de la situación económica que se generó tras la pandemia.

El analista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, explica que "un mal resultado para el oficialismo sería sacar menos del 38 % de los votos (con sus candidatos), que fue lo que sacó el apruebo en el plebiscito pasado, opción que respaldó el gobierno en su minuto. Si mantiene esa votación pueden conseguir incluso más de 21 consejeros, que es la cifra clave porque así se impide que otro sector político logre la hegemonía de los 3/5 dentro del consejo que puede hacer posible cualquier modificación constitucional en el texto final”.

"A pesar que el proceso está muy delimitado por la comisión experta, hay bases constitucionales y una comisión de admisibilidad, al haberse politizado las consecuencias pueden dificultar un buen final del proceso en sí mismo. De hecho, las proyecciones de algunas encuestas le dan cierta preponderancia a la derecha para obtener una mayoría en el consejo constitucional, incluso se ve que en esta elección que hay una suerte de disputa por la hegemonía de la derecha que se dará entre Chile Vamos (RN, UDI, Evopoli) y el Partido Republicano, que representa a la extrema derecha”, agrega Duval.

La derrota esperada

La evaluación ciudadana al gobierno de Gabriel Boric promedia solo el 30% de aprobación en diversas encuestas realizadas en Chile, por lo que la próxima elección se ha transformado también en una especie de evaluación de la actual administración chilena.

Así lo ve el doctor en ciencias políticas y director de la escuela de administración pública de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza. "Yo creo que el oficialismo hará control de daños, esperan una derrota, pero no absoluta, en sentido de llegar al 40 por ciento de los votos, y por otra parte creo que al gobierno le interesa levantar este proceso y que tenga respaldo ciudadano porque hay un problema de legitimidad con la Constitución del 80 más allá de su origen en dictadura, hay un problema de funcionamiento del sistema político, donde hay un desorden que hace necesario que tanto el gobierno como el mundo empresarial tengan un piso firme de certeza jurídica, de reglas estables y renovadas que deben estar dadas justamente por la Constitución”, explica.

Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad dice a DW que "no hay ninguna posibilidad de que el gobierno pueda hablar de triunfo en la próxima elección porque en el mejor de los casos las fuerzas oficialistas en su conjunto lograrían 21 consejeros, y eso implica necesariamente que serán fuerzas en minoría dentro del consejo constitucional. Dada la importancia que tiene la figura presidencial en Chile, los procesos eleccionarios siempre implican algún tipo de evaluación del gobierno en ejercicio y en este caso más todavía".

(cp)