Los comicios no traerán la solución. Esta es la convicción de analistas de dentro y fuera de Bangladesh. Las posturas del partido Liga Awami (AL), en el Gobierno, y del opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) son demasiado antagónicas para esperar un fácil acuerdo.

El BNP y otros partidos de oposición decidieron no participar en las elecciones convocadas por la primera ministra, Sheikh Hasina, y han convocado en los últimos meses protestas y huelgas, en las que ya han muerto más de 140 personas.

Sheikh Hasina no ha dado su brazo a torcer, “a pesar de que gran parte de la población no aprueba la celebración de elecciones ahora”, dice Imtiaz Ahmed, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Dacca. “Los candidatos oficialistas de 153 distritos electorales tienen asegurada su silla en el Parlamento, de 300 miembros”, resalta Ahmed. Esto es posible porque la oposición no presentó candidatos en esos 153 distritos. “Una práctica que excluye a más de la mitad de los electores, violando así la Constitución de Bangladesh”, advierte Imtiaz Ahmed.

Varias manzanas de la discordia

“Con tan baja participación en los comicios, el Gobierno carecerá de cualquier legitimitad”, dice, por su parte, Henrik Maihack, de la Fundación Friedrich Ebert, en Dacca.

Además, “la líder opositora, Khaleda Zia, se encuentra - de facto - bajo arresto domiciliario y casi toda la cúpula del Partido Nacionalista de Bangladesh o huyó a la clandestinidad o está en las cárceles”. Los líderes del BNP están acusados de incitar a la violencia.

La gran manzana de la discordia entre Gobierno y oposición fue la intención de instaurar de un comité de transición para velar por el buen desarrollo de los comicios, sin importar quién estuviera en el poder. Este proyecto fue declarado “ilegal” por la Corte Constitucional, que, sin embargo, instó a realizar elecciones con el fin de “no poner en peligro la estabilidad del país”.

La profunda desconfianza de la oposición en el grupo gobernante impidió también la instauración de un gobierno de transición con participación plural, aunque bajo la dirección del AL.

Tribunal para crímenes de guerra

El nombramiento de un Tribunal de Guerra, convocado por la jefe de Estado, Sheikh Hasina, a instancias de amplios sectores de la población, es también motivo de discordia. Dicho tribunal debe investigar los crímenes cometidos durante la guerra de independencia de Pakistán en 1971.

El rechazo a esta medida no sorprende, toda vez que los más importantes acusados pertenecen al partido islamista opositor Jamaat-e-Islami (JI), acusados de crímenes de lesa humanidad. Líderes del también opositor BNP pertenecieron a milicias paramilitares que atacaron durante la guerra a quienes apoyaban la independencia y cometieron actos de extrema violencia como violaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

No hay mal que 100 años dure…

En un mar de acusaciones entre islamistas y seculares, cientos de miles de personas exigen la pena de muerte para los criminales. Esto ha sido utilizado por el Gobierno para desprestigiar a la oposición. En diciembre pasado se emitió la primera sentencia: pena capital para uno de los líderes del partido islamista JI, Abdul Qader Mollah, fallo que fue pronto llevado a cabo.

Pero la inestabilidad preelectoral es un estado recurrente en Bangladesh. Henrik Maihack cree por ello que, "cuando las inversiones extranjeras empiecen a tener un impacto en la economía, el Gobierno no tendrá otra alternativa que la de ceder”.