"A nivel territorial, al  haber mucha presencia de diferentes actores armados, entre ellos, varios grupos paramilitares, existe el temor de que las comunidades no puedan salir a votar el 29 de mayo", cuenta a DW la defensora de derechos humanos colombiana Cristy Lozano Tautiva, representante de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana).

Esta organización nació en el año 2004, como respuesta al bloqueo económico y al confinamiento al que los actores armados habían sometido a la población desde finales de la década de los noventa. En esta región aurífera y agrícola, se han sufrido masacres y bombardeos; el 54,9 por ciento de su población cuenta en el registro de víctimas del conflicto armado.

"Hemos venido también a advertir que, en nuestras comunidades indígenas, mineras, campesinas y afrodescendientes, la implementación del Acuerdo de Paz ha sido nula", dice Lozano Tautiva, en Bruselas. Con la mirada puesta en la próxima jornada electoral, la lideresa colombiana recalca la esperanza de que su gente opte por avanzar hacia una paz estable que comienza, en su opinión, "por tratar de resolver las necesidades básicas insatisfechas".

"El mensaje que envían las comunidades: miedo"

Efectivamente, a una semana de las presidenciales, desde la delegación de la UE en Colombia se expresa la preocupación por el aumento de la violencia electoral: con respecto a las elecciones de 2018, los actos violentos han subido en un 109 por ciento.

Líderes políticos, sociales y comunales han sido los principales afectados, según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE) para las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo. Las regiones más afectadas por la violencia preelectoral serían Cauca, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca y Antioquia.

"Al encontrarnos en una época electoral, los niveles de riesgo aumentan", confirma Lozano Tautiva, recalcando que la falta de garantías para los que defienden los derechos humanos, especialmente en zonas rurales, viene, no obstante, de lejos. "Yo he venido a transmitir el mensaje que envían las comunidades: miedo", insiste. 

El porqué de los ataques lo vincula Lozano Tautiva a los intereses económicos; en su región en especial, al oro. "Defendemos los derechos de las comunidades en unos territorios de mucho interés económico, donde confluyen varios actores armados. Somos un obstáculo para los poderes de este país y quieren acallarnos. Para preservar su vida, no son pocos los que han tenido que dejar el país", agrega la defensora de derechos humanos colombiana.

Ella misma es una de las cientos de miles víctimas de la violencia. Su padre fue asesinado en los ataques selectivos a la Unión Patriótica, en 1994. Así que advierte de tener muy en cuenta la violencia antes y durante las elecciones; de no descuidar el monitoreo post electoral. 

¿Ven todo los observadores electorales?

Cabe recordar que, desde comienzos de año, hay desplegados permanentemente 30 observadores europeos por todo el territorio colombiano. Para las siguientes jornadas, el 29 de mayo y, de haber segunda vuelta, el 19 de junio, habrá 130 observadores de la MOE verificando, entre otras cosas, el acceso a las urnas.

Según consta en el informe preliminar de las legislativas, "en la mayor parte del país, la jornada electoral fue pacífica, aunque una serie de incidentes recordaron el telón de violencia, especialmente porque hubo grupos paramilitares bloqueando vías en el Magdalena", otro de los departamentos más afectados por el conflicto. 

Como fuere, "aunque tenemos esperanzas de que podamos conocer un Gobierno diferente a lo que hemos tenido en décadas, la presencia de diferentes grupos armados, entre ellos, paramilitares, nos hace temer que las comunidades no vayan a poder salir a votar", afirma Lozana Tautiva. No hay que olvidar que la abstención electoral fue del 54,2 por ciento y 51,8 por ciento, respectivamente, en las dos últimas legislativas colombianas.

¿Es por temor y amenazas que la población no acude al llamado de las urnas? Según fuentes informadas en la UE, el personal de las MOE estaría capacitado para detectar violencias "invisibles". Pero, sea como sea, ilustra Lozano Tautiva, "en el nordeste antioqueño pusieron tres retenes paramilitares entre las veredas y el casco urbano. Va a ser complicado garantizar que toda la población que se ha visto afectada por el conflicto armado pueda salir a decidir el futuro del país".

(rml)