Que ni la OEA ni la UE sean invitadas a hacer observación electoral en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre en Venezuela no es una sorpresa. En 2010 en el reglamento electoral venezolano la figura del observador internacional fue eliminada.

“Que se llamen acompañantes y no observadores no es sólo un giro semántico. Tiene consecuencias políticas y prácticas, como limitado acceso al proceso electoral total e incapacidad de emitir cualquier juicio mientras estén en territorio venezolano”, explica a DW el politólogo Víctor Mijares, investigador del instituto GIGA de Hamburgo y profesor asistente de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela.

“El Gobierno alega que está en su soberano derecho, el Consejo Nacional Electoral (CNE) defiende sus reglas electorales distintas con el argumento es Venezuela es una democracia madura que no necesita observación”, apunta Mijares.

No partidista, democrática

No obstante, “la oposición y mucha gente con la que hemos hablado quiere que haya una observación electoral. Reclaman, fundamentalmente, limpieza en el proceso previo”, dice por su parte a DW Ramón Jáuregui, presidente de la Asamblea Eurolatinoamericana, quien acaba de realizar una visita "no partidista, sino democrática" a Venezuela.

Aunque el sistema de cómputo en sí no deja demasiado margen a la duda, “donde existe una desventaja de la oposición con relación al gobierno es en todo el período preelectoral. El acceso a los medios y a la comunicación con los ciudadanos es muchísimo más restringido. El ventajismo oficialista no corresponde con las reglas de igualdad de oportunidades”, subraya Jáuregui.

Controvertido informe

Sin cuestionar la legitimidad de los resultados electorales, semejantes observaciones constaban ya en los informes que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE había emitido en 2005 y 2006: desequilibrio informativo, mucha la publicidad institucional a favor del partido de gobierno.

Antes de su informe, el equipo -unos 50 profesionales- se desplazaron por todo el territorio observando la campaña, los recursos estatales a los partidos, la jornada electoral propiamente dicha, el conteo de votos.

En 2006, el informe de la MOE no cayó bien. “No se trata de injerencia de nada ni de nadie. Es simplemente una aportación, una cooperación técnica. Y un marchamo político-democrático de enorme valor cuando las fuerzas políticas están tan divididas”, afirma Jáuregui.

“No quiere verse fiscalizado”

A pesar de su probada experiencia -dos docenas de misiones de observación electoral ha enviado la UE a países de América Latina en 20 años; las de la OEA ascienden a más de 70- Venezuela no las quiere, ¿por qué?

“El gobierno de Nicolás Maduro está tratando de dislocar a Venezuela de cualquier mecanismo de control internacional. Y eso pasa por no verse fiscalizado a través de mecanismos y estándares internacionalmente aceptados”, explica Mijares. "Esto va a afectar mucho la imagen del gobierno venezolano”, advierte.

El politólogo del GIGA resalta la poca capacidad técnica de los acompañantes electorales, “va a ser una observación electoral hecha a la medida para garantizar siempre una opinión favorable del proceso electoral”. Los observadores vendrán de la Unasur, del Mercosur, de la Celac, del Alba, del Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos.

“Es posible que haya parlamentarios europeos acompañando a alguna personalidad”, dice Jáuregui, concluyendo: “Cuando un país sufre una distorsión democrática como la que desgraciadamente está sufriendo en este momento Venezuela, toda presencia internacional es buena”.