En teoría, en el Viejo Continente, las lesbianas, los gays, las personas bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI) han quedado protegidas de cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género por diversos tratados comunitarios y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En otras palabras, los 28 socios del bloque están obligados a garantizar el trato igualitario ante la ley de todos los miembros de estas minorías. El problema es que no todos lo hacen.

Eso queda evidenciado cada 13 de mayo, el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia: esa es la fecha en que ILGA –la federación que reúne a 1524 organizaciones LGBTI de 152 países desde 1978– publica un atlas europeo con énfasis en la situación de las minorías sexuales y sus condiciones de vida. Para poder elaborar ese documento, ILGA depende de la información que le proveen los grupos que defienden los derechos LGBTI en cada país, como la LSVD de Alemania.

Este año, los datos de ILGA y de la Federación Alemana de Lesbianas y Gays (LSVD) llegan justo a tiempo para servir de referencia en el marco de las elecciones comunitarias, que tendrán lugar a fines de mayo. La LSVD consultó a los partidos germanos que aspiran a obtener escaños en el Parlamento Europeo y los ubicó en un ranking basándose en la mayor o menor disposición de cada formación a defender los derechos de la población LGBTI. Este año, ese ranking es liderado por el Partido Liberal (FDP).

El FDP es seguido por el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Los Verdes y La Izquierda. Aunque no extraña que tanto la Unión Demócrata Cristiana (CDU) como la Unión Social Cristiana (CSU) de Baviera hayan quedado atrás en esas lides, lo que la LSVD considera peligroso es el auge del partido populista Alternativa para Alemania (AfD), que se rehúsa a tomar en serio la violencia homofóbica o transfóbica en las escuelas y busca eliminar el tema "identidad sexual” de los planes de estudio.

La brecha oeste-este

Otra evaluación, realizada por europarlamentarios de diversos partidos y publicada en abril, determinó que Los Verdes son quienes más han hecho por la comunidad LGBTI en el actual período legislativo de la Eurocámara y los populistas de derecha, quienes más la perjudicaron, por acción u omisión. ILGA advierte una enorme diferencia entre el estatus que disfrutan las lesbianas, los gays, las personas bisexuales, transgénero e intersex en el oeste del bloque comunitario y el que tienen en el este.

En este sentido, Malta, Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Portugal y España son los países que cumplen con la mayor parte de las sugerencias europeas, desde el derecho familiar hasta el castigo de los delitos de odio, pasando por el reconocimiento del derecho de cada ciudadano a su autodeterminación en términos de identidad de género. Rumania, Bulgaria, Polonia y Lituania están en los últimos lugares del ranking de la federación internacional ILGA.

Italia tampoco queda bien parada en esa lista porque allí todavía no se han promulgado leyes para penar la discriminación por orientación sexual o identidad de género ni para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entre los países de la UE existen también grandes contrastes en lo que respecta al derecho de adopción y a la disposición a modernizarlo. En el ranking de ILGA, Alemania está en el campo medio, porque sigue careciendo de normas tenidas por necesarias.

Avances pendientes

En Alemania aún no hay leyes especiales que castiguen el lenguaje ni los delitos de odio, sostiene ILGA. Los portavoces de la federación señalan que las condiciones de vida de la población LGBTI han mejorado en Europa en la última década, pero alertan que también ha habido retrocesos. En Polonia y Bulgaria se han visto restringido los derechos de ciudadanos homosexuales, bisexuales, transgénero e intersex. En Hungría, la limitación del derecho de reunión dificulta la labor de los colectivos LGBTI.

En buena medida, las leyes con potencial para liberalizar las sociedades y reducir sus grados de exclusión corren por cuenta de las autoridades nacionales, no de las comunitarias. La UE no puede imponerle a un Estado miembro una ley para el reconocimiento total del matrimonio entre personas del mismo sexo o de las parejas de hecho. En Lituania, Letonia, Polonia, Eslovaquia y Bulgaria, ninguna de esas formas de unión civil es posible. Estonia y la República Checa les atribuyen muy pocos derechos a las parejas de hecho.

Lo que la Corte Europea de Justicia sí ha hecho, porque es parte de sus competencias y porque así se lo exigió legalmente un ciudadano rumano en 2018, es obligar a los países donde no se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo a reconocer ese tipo de uniones cuando han sido registradas en otros Estados del bloque comunitario. De ahí que la directora de ILGA para Europa, Evelyne Paradis, insista en que la población LGBTI sepa que queda aún mucho por hacer y en que vote masivamente en las elecciones europeas.

(erc/ers)

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