La confianza en el sistema electoral venezolano aumentó con el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional en 2015, pero desde ese momento comenzó un feroz conflicto institucional que prácticamente ha disuelto al Parlamento. Desde que la mayoría opositora se instaló en el Parlamento, este no ha podido ejercer su mandato a plenitud y sus funciones han sido objeto de malabares entre una Asamblea Nacional Constituyente, elegida bajo comicios cuestionados por su alta abstención, y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha demostrado su obediencia al chavismo.  

La Sala Constitucional del TSJ "ha usurpado funciones del poder legislativo que no le competen", explica a DW el abogado Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, que monitorea el poder judicial y Estado de derecho en Venezuela desde el 2010. Para Daniels, la intervención del TSJ "ha ido escalando al punto que ya no solo legitima lo hecho por el Ejecutivo, sino que directamente se ha convertido en un brazo represor del régimen, encarcelando y persiguiendo opositores sin debido proceso ni derecho a la defensa". Lo más grave para las organizaciones de la sociedad civil es la atribución que ha tomado el TSJ para nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) "a pesar de que la Constitución no le da esa competencia, por lo que es una autoatribución del TSJ para controlar al poder electoral a favor del Ejecutivo, cosa que ya ha hecho en cinco ocasiones", resalta Daniels. 

En efecto, no es la primera vez que el TSJ interviene en los procesos electorales de Venezuela. Una parte del CNE saliente "fueron designados por miembros de ese consejo por la vía también del TSJ en términos de la omisión legislativa, es decir, que el hecho también data de años atrás. Sin embargo, ese organismo electoral fue el que rigió las elecciones de 2015, que las ganó la oposición con la decisión de participar", explica Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento Al Socialismo, uno de los pocos partidos que se denominan opositores, pero respaldan las decisiones del TSJ y las próximas elecciones parlamentarias. El MAS es uno de los partidos políticos que no ha sido intervenido por el TSJ.

En los últimos meses, el TSJ ha designado juntas directivas ad hoc de tres de los principales partidos opositores en Venezuela, Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática, el partido con más trayectoria del país. Esto ocurre desde 2012 y ya van nueve partidos políticos de oposición intervenidos por el chavismo por medio del TSJ con esta modalidad. "En la mayoría de los casos el modus operandi ha sido parecido: se utiliza una denuncia hecha por un miembro del partido que se considera agraviado, sea porque recibió una sanción o porque perdió una elección interna, y a partir de allí el TSJ nombra discrecionalmente a las nuevas autoridades de ese partido, que siempre actúan de la misma manera, es decir, dejan de criticar al Gobierno o simplemente pasan a un segundo plano en la actividad política, pasando desapercibidos, manteniéndose esta situación en algunos casos por años, dejando que el partido objeto de la medida languidezca", detalla el abogado Alí Daniels. 

Elecciones Prêt-à-porter

La designación de un nuevo CNE por parte del poder judicial se antepuso a los acuerdos establecidos entre la oposición y el chavismo para designar las autoridades electorales en conjunto de manera que no se profundizara la crisis política. Sin embargo, a pesar de haber nombrado un comité de postulaciones para el CNE –tras un acuerdo inédito entre chavismo, oposición y organizaciones de la sociedad civil–, el TSJ fue enfático en su designación de un CNE express. El TSJ justifica sus acciones al declarar que hubo una omisión por parte del Parlamento para designar a las autoridades electorales. Pero, "antes de declarar la omisión legislativa, el TSJ ni siquiera le envió una comunicación al comité de postulaciones para saber si había adelantado o no el trabajo, pues, si esto era así, no podía declarar la omisión", explica Daniels.   

Elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre

La nueva junta directiva del CNE designada por el TSJ no tardó en escoger una fecha para las elecciones parlamentarias que serán el 6 de diciembre. Tampoco dejó pasar tiempo para dictar nuevas normas especiales que han sido criticadas por distintos sectores de la sociedad, en parte porque no cumplen con los lapsos que establece la Constitución y por el poco tiempo de preparación para unas elecciones en medio de la pandemia del COVID-19. Lo más grave, según el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), es que el CNE también se atribuya facultades legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional. Esto constituye una "grave violación del ordenamiento jurídico", suscribió más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil en un comunicado conjunto del 8 de julio. Además, el nuevo CNE incrementa los escaños a elegir de 163 a 277 diputados que serían elegidos para el nuevo período, algo que denuncian las organizaciones es inconstitucional.

El Informe de Bachelet pone en duda elecciones

El 2 de julio la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, aseguró, ante el 44º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que no hay avances en Venezuela hacia un proceso electoral "creíble y democrático" y reiteró el llamado a una "negociación política inclusiva". 

Para quienes apoyan el proceso electoral como se viene realizando, las declaraciones y el informe de la ACNUDH contiene datos tendenciosos. Los partidos que se denominan de oposición, e integran la Mesa de Dialogo Nacional, apoyan el proceso electoral a pesar de ver fallas en el sistema. Su enfoque es incentivar a los organismos internacionales a enviar observadores electorales para validar los comicios. Felipe Mujica integra la Mesa de Dialogo Nacional y no ve otra salida que no sea la electoral como la plantea el chavismo. "Yo le sugeriría tanto a la Bachelet como a quienes aprobaron ese informe que tuvieran un poquito de calma a ver qué es lo que va a ocurrir en Venezuela", dijo Mujica a DW.   

El informe de la ACNUDH, las denuncias de la sociedad civil y la constante persecución, tanto a políticos de oposición como a periodistas, enturbia la credibilidad de unas elecciones libres, transparentes y legítimas por parte de la comunidad internacional. Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, es uno de los países integrantes que hace caso omiso a las recomendaciones de los informes de la oficina de la ACNUDH. Para Alí Daniels, "el Estado debe garantizar los derechos humanos, si es parte del Consejo de Derechos Humanos y es parte de los pactos internacionales y es parte de Naciones Unidas, está obligado a cumplir las recomendaciones".

¿Qué hay detrás del voto?

Además de las críticas emitidas por las Naciones Unidas, varios países y entes, como el Grupo de Contacto de la Unión Europea para Venezuela, han rechazado las acciones emitidas por el TSJ con respecto al proceso electoral. Además, varios países de la comunidad internacional han advertido que no reconocerán unas elecciones que no sean "legítimas y limpias", mientras reiteran su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Por su parte, el Estado venezolano, conducido por el chavismo, avanza apresuradamente hacia elecciones parlamentarias a pesar de la pandemia del COVID-19 y obviando las recomendaciones de los organismos al cual pertenece.

¿Si el proceso electoral es para legitimar democráticamente el poder del chavismo en Venezuela, derogar las sanciones internacionales y recobrar la credibilidad electoral, entonces por qué el Estado no actúa como indican las leyes y no deja que la oposición participe plenamente en el proceso electoral? Para Alí Daniels, "a este Gobierno le importa poco lo que diga la comunidad internacional y la realización de elecciones importa para un discurso interno, sobre todo, y en particular, para la Fuerza Armada, para decir 'nosotros somos legítimos porque aquí se hacen elecciones' y para imponer su institucionalidad a través de los hechos consumados".

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Políticos como Felipe Mujica opinan que aún existe un Estado de derecho, pero que la ayuda internacional debe más bien avalar los comicios electorales para asegurar unas elecciones limpias. "La UE debería replantearse el tema y, si efectivamente quieren ayudar a Venezuela en términos políticos, contribuir a resolver el problema", dice Mujica.

Sin duda la pandemia del COVID-19 complica el panorama. Una abstención masiva el 6 de diciembre podría ser producto tanto del rechazo de la oposición como de medidas de seguridad y temor colectivo a salir a votar. Sin embargo, para algunos, la abstención de cualquier manera favorecería las intenciones del chavismo liderado por Nicolás Maduro. 

Aun así, la sociedad civil, así como la comunidad internacional, desconfía de un proceso aparentemente viciado por las sentencias del TSJ que, según Alí Daniels, "ponen de manifiesto el interés del Gobierno de llevar a cabo las elecciones parlamentarias con un árbitro designado según su conveniencia, con reglas según su conveniencia y con los partidos de oposición según su conveniencia. ¿Cómo llamar a esto una democracia?".  

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