La iniciativa ciudadana europea esperaba recoger hasta comienzos de septiembre dos millones de firmas en la Unión Europea contra de la privatización del agua. "No lo hemos conseguido del todo, pero el mínimo se ha logrado con creces", cuenta a DW Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina con sede en Madrid. Básicamente, para los que se oponen a la privatización del agua -por lo menos, 1,6 millones de ciudadanos europeos- la crítica principal es que la meta empresarial es la obtención del máximo beneficio, no el de cumplir con un servicio público.

"Si se aprueba la iniciativa ciudadana, habremos conseguido que se saque el agua de la directiva europea para las concesiones privadas. Esto valdría también para cualquier tratado que haga la UE con regiones o países terceros de América Latina, de África o Asia, en los que no podrá haber la mercantilización del agua", agrega.

Malas experiencias

Los peligros que conlleva la privatización del suministro de agua son reales, como lo ejemplifica un caso en el norte de México. "En Saltillo se privatizó los servicios de abastecimiento y de cobro. La gente se enfrenta a cobros excesivos y mucha de ella no puede pagarla y está constantemente intentando que no se corte el suministro; llevan diez años de muchos altibajos”, cuenta a DW Martín Velázquez, representante de las Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias de México.

En la presentación del libro `Las relaciones México-Unión Europea en el marco del Acuerdo Global y la Asociación Estratégica´, organizado por la Fundación Heinrich Böll en Bruselas, Velázquez habló de un "proceso acelerado de privatización" de sectores estratégicos. Su liberalización total -también en el marco del acuerdo con los europeos- se negocia actualmente.

"Sería el gran negocio para las empresas europeas y pasaría lo mismo que pasa con las empresas eólicas", comenta Velázquez. Los ejemplos que da -sobre todo de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec- no reflejan precisamente respeto a los derechos de la población local.

"Por eso nos oponemos a la privatización y, remitiéndonos al capítulo 15, artículo 11 del `Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales´ pensamos que debe haber una cuota natural para que todo el mundo tenga garantizado el mismo abasto", cuenta Velázquez.

Una cuestión de eficiencia

No por pública o por privada la gestión de agua es más o menos eficiente, contraponen otros, como el ingeniero mexicano Mateo Lejarza, investigador, miembro del Observatorio Ciudadano para la Reforma del Estado. "Si para el plan nacional es bueno privatizar, está bien. Pero las empresas tienen que ser vigiladas", afirma.

Por su parte Erika González esgrime otro punto negativo en la gestión privada: "al tener como objetivo el máximo beneficio, no tiene como prioridad que haya una gestión de ahorro de agua, pues cuanto más agua se consuma más dinero tiene la empresa. Probablemente no generará ahorro ni eficiencia", dice González.

"Desde el punto de vista medioambiental", explica a DW por su parte Joseph Hennon, portavoz de medioambiente de la Comisión Europea, "a nosotros nos es importante la gestión del agua no quien la posee. Si es privada o pública no nos importa; nos importa que crezca la conciencia de que en 2030 habrá un 40% menos agua en el mundo; nos importa crear incentivos para consumir menos agua con un mismo propósito".

Como fuere, dado el claro empuje gubernamental a la gestión privada, tanto la investigadora española como el representante mexicano de las comunidades campesinas vaticinan para los próximos tiempos una mayor oposición social. "Las experiencias en Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador y Bolivia" , concluye González, "han representado un aprendizaje y han logrado que la gente se movilice en pos de garantías para el acceso al agua, un derecho humano".