"Hemos venido a dar una señal de confianza y tranquilidad.  Colombia es un país con solidez institucional. Hay una respuesta oficial a las dificultades y un sector empresarial vigoroso y juicioso, empeñado en hacer bien las cosas y, rápidamente, recuperar el tiempo perdido y avanzar en la equidad perdida durante la pandemia”, dijo a DW Nicolás Uribe Rueda, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

"Las perspectivas de crecimiento en un futuro cercano son importantes: cercanas al 7% a fin de 2021. Se avanza en el proceso de vacunación. Y vamos consolidando la recuperación de los espacios perdidos", afirma el líder empresarial.

¿Coyuntura o estructura?

Pero estas buenas nuevas de un grupo de empresarios colombianos que visitan las instituciones europeas esta semana se anuncian con un telón de fondo de alarmantes cifras que llegan desde Colombia, sobre todo desde que comenzaran las protestas, a finales de abril. Colombia es un socio estratégico de la Unión Europea.

Malos datos

Según Temblores, organización colombiana, a 15 de junio se contabilizaban 93 desaparecidos, 43 homicidios perpetrados por la fuerza pública, otros 21 en proceso de verificación, y 215 víctimas de violencia sexual.

"En Europa hay una enorme capacidad para distinguir los problemas de coyuntura por los que atraviesan a veces los países y los temas de estructura”, afirma Uribe Rueda, recalcando que en su país los problemas son de coyuntura. Si bien reconoce que hubo abusos de la fuerza pública, asegura que se está investigando, y que también serán investigados aquellos que han destruido bienes.

No obstante, las cifras del DANE, el instituto oficial de estadísticas, hablan más bien de problemas estructurales: el 15,2% de los trabajadores reciben el salario mínimo, y el 48,6%, menos que el salario mínimo; el 1% de la población tiene el 40% de la riqueza y solamente Haití supera la desigualdad en Colombia. La pobreza asciende al 42,5%.

Al respecto, Uribe Rueda comenta: "Las dificultades sociales por las que atraviesan los países de América Latina, y en general del mundo entero, tienen que ver con la factura que estamos pagando por la pandemia. Con el desempleo, con la ausencia de oportunidades y los tiempos extensos de encerramiento, particularmente los jóvenes han visto un deterioro de la calidad y las perspectivas de vida. Pero esas preocupaciones por la rapidez con que el Estado y el sector privado puedan crear oportunidades, se dan en el marco del pleno funcionamiento del Estado social de derecho”. 

Sin embargo, el informe que presentó Human Rights Watch (HRW) en el Parlamento Europeo, el 16 de junio, no es esperanzador. Por un lado, considera injustificable que el bloqueo restringiera la provisión de alimentos -que desabasteció y aumentó la inflación en las ciudades- y el acceso de ambulancias. Por otro lado, se afirma que  los casos de abuso y las violaciones de derechos humanos por parte de la Policía no son casos aislados.

Al discurso oficial de "cero tolerancia” hacia el desproporcionado uso de la fuerza pública, HRW opone que, desde que los policías son juzgados en tribunales militares, la posibilidad de justicia es nula. Y que en los casos de violencia similares registrados en 2019 y en 2020 hay pocos avances.

¿Instrumentos de presión?

Por ello, en el Parlamento Europeo hay voces críticas que querrían ver condicionados, por ejemplo, los fondos de cooperación a Colombia a los resultados en las investigaciones. Otros querrían ver suspendido el acuerdo de libre comercio que une al país sudamericano con el bloque europeo desde 2012. "Activar la cláusula democrática”, piden algunos.

Cabe recordar que la cláusula democrática supedita las relaciones comerciales, de inversión de cooperación, al respeto a los derechos humanos, civiles y laborales. Antes de la firma de ese acuerdo, la quebradiza situación de los derechos humanos, alimentó la oposición. Una "Hoja de Ruta” para mejorar la situación de los derechos civiles y laborales tuvo que acompañar el acuerdo.

"Ese y otros tratados de libre comercio (TLC) que ha firmado Colombia acabaron con el trabajo en el campo. Desde la UE se envían papas subsidadas a una Colombia que no puede subsidiar. Eso es parte del estallido social”, había comentado a DW Aída Avella, senadora colombiana, de la oposición, que pasó por Bruselas, de paso hacia el Tribunal Internacional Penal de La Haya. En esa instancia, Avella apoya una denuncia contra Colombia por violación sistemática de los derechos humanos. Por todo ello, "el TLC debe ser revisado”, enfatiza Avella.

¿Cómo se valora eso desde la Cámara de Comercio de Bogotá?: "Creemos que se utiliza con propósitos políticos, en los cuales no estamos involucrados. El sector empresarial colombiano quiere construir condiciones de equidad para superar la pobreza. La vía no es la restricción de comercio ni la creación de listas negras”, afirma Uribe Rueda. El mercado de la UE, el segundo socio comercial de Colombia, es, desde la óptica empresarial, fundamental para acelerar la recuperación de los estándares pre pandemia.

Desafíos adicionales

En cualquier caso, si bien la Comisión Europea se declara preocupada por la inaceptable violencia en Colombia y envió a su representante especial para derechos humanos, sigue confiando en la institucionalidad colombiana, teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta el país desde hace décadas. "Tenemos lamentablemente 200.000 hectáreas de coca, cinco veces más productivas desde hace cinco años. Eso tiene un efecto devastador y de bloqueo en las instituciones”, resalta Uribe Rueda.

Aunque tanto la cifra de líderes sociales y excombatientes asesinados, como los indicadores de acceso a la salud, o los ocho millones de desplazados internos y los índices de impunidad no pintan un buen panorama, Uribe Rueda -que formara parte del gobierno del expresidente Álvaro Uribe- afirma que no hay sistematicidad en la violencia.

"La decisión del gobierno, la fiscalía y los jueces es hacer todos los esfuerzos por no dejar impune ningún delito. Lo que hemos visto de los gobiernos de Colombia en los últimos años es la satisfacción de las demandas sociales a través del imperio de la ley y del funcionamiento vigoroso del Estado de derecho. Y el empresariado no es parte del problema, sino de la solución”, concluye.

(cp)