"Queremos llegar al ejercicio pleno de los derechos, a que los indígenas no sean vistos como víctimas sino como actores que ejercen sus derechos, que están informados, que saben y disfrutan del beneficio económico compartido y del progreso en general, aunque no sea económico”, dice a DW Diana Chávez, directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Una audiencia pública en el Parlamento Europeo, con el tema "Empresas europeas en territorios indígenas en América Latina: desde el conflicto al entendimiento a través de la consulta previa”, ha llevado actores internacionales a las instituciones europeas. Esto tiene lugar a 28 años del Convenio 169 de la OIT -que prevé la consulta previa, libre e informada cuando los gobiernos proyecten medidas susceptibles de afectarlos- y a diez años de la Declaración de Naciones Unidas que reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas a su cultura, a su territorio y a ser consultados. 

Cabe recordar que si bien la mayoría de países latinoamericanos han ratificado el acuerdo, de la UE solo son tres: España, Dinamarca y Holanda. Su ratificación hace el convenio sea vinculante para el Estado en cuestión y este, en teoría, debería velar por que las reglas sean cumplidas también por sus empresas.

Urge actuar

La realidad es otra y las cifras demuestran que, si se trata de derechos humanos, tomar cartas en el asunto es urgente.  "En 2016 murieron 185 líderes sociales en América Latina; el 67% de ellos era indígena. El asesinato de Berta Cáceres, del pueblo lenca, puso de manifiesto la vulnerabilidad e indefensión en que viven los pueblos indígenas”, recuerda Beatriz Becerra, eurodiputada liberal, anfitriona de la conferencia junto con el socialista Ramón Jáuregui. 

"Solo en Guatemala, en lo que va del año, van ya dos asesinatos”, agrega.  Y lo peor es que las confrontaciones amenazan con multiplicarse, en la misma medida en que, previsiblemente, aumenten las inversiones para la extracción de materias primas.

¿Problema de interpretación?

"El tema aquí es muy simple: la consulta es previa. ¿Previa a qué? Previa a todo”, explica a DW Alvaro Pop, presidente del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas.

"El problema es que la interpretación del convenio está sujeta a intereses: las empresas creen que la consulta se tiene que hacer después de tener las concesiones. Y los Estados no están dispuestos a hacer consulta sobre la concesión de esos recursos”, agrega, subrayando que debe preverse la posibilidad de no llegar a un acuerdo. No obstante, no todos los actores lo entienden así.

Según la Organización Internacional de Empleadores, con sede en Ginebra, por ejemplo, si bien hay empresas dispuestas a hacer la consulta –y a informar a las poblaciones de los efectos e impactos que pueda tener el proyecto-, no ven como una obligación que las poblaciones tengan que dar el consentimiento. 

Visión diferente

"Me temo que en Europa  no se entiende que las culturas indígenas están ligadas a sus territorios, que es lo que los define y da identidad. Eso está en la Declaración que la ONU aprobó en 2007”, explica a DW Vicky Tauli-Corpus, relatora especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

"Si separas ambas cosas, estás violando sus derechos. Hay que aplicar todos los derechos que tienen internacionalmente de manera amplia”, agrega Tauli-Corpus.

La especialista de la ONU aboga, entre otras cosas,  por que el Parlamento Europeo promocione la ratificación del convenio 169 y por que se trabaje en mecanismos de acceso a la justicia en los Estados originarios de las empresas.

 Así las cosas –y aunque a todas luces su opinión no es mayoritaria en la Eurocámara- para Becerra está claro: "Estamos hablando de consentimiento, no de informar de lo que va a pasar. Porque si no, ¿para qué consultas a alguien si no tiene capacidad de respuesta?”, dice a DW la eurodiputada, quien promueve que la responsabilidad social de las empresas europeas sea vinculante.