"En un futuro, casos como del vertido de petróleo frente a las costas de Perú por responsabilidad de Repsol estarían cubiertos por la directiva de debida diligencia; la empresa en cuestión tendría  que asumir los costos del daño medioambiental”, explica a DW Marc-Olivier Herman, relator para Justicia Económica en la Unión Europea de la organización Oxfam.

Se trata de la nueva legislación europea para que las grandes empresas europeas asuman responsabilidad por los impactos de su gestión en medioambiente y derechos humanos dentro y fuera de Europa. Debería estar ya aprobada.

Pero lo que tenía que ser un trámite burocrático en el Consejo de la Unión Europea -después de dos años de negociaciones entre los 27 Estados miembros, la Comisión Europea y el Parlamento- se ha convertido en una nueva batalla, que podría hacer que todo ese esfuerzo se esfumara, o se redujera a una mínima e inocua expresión.

¿Años de esfuerzos por la borda?

"Después de casi dos años de negociaciones entre las instituciones europeas, y un acuerdo político logrado a finales de 2023, sería inaceptable y vergonzoso que no se aprobara. La Unión Europea, y en particular algunos Estados miembros, tienen que asumir su responsabilidad histórica”, dice a DW, por su parte, Wies Willems, oficial de Políticas de Materias Primas de la organización de derechos humanos Broederlijk Delen.

"La sociedad civil, tanto de Europa como de América Latina, ha llevado una larga e intensa lucha para una directiva fuerte. La ley establecería la responsabilidad jurídica de las empresas, y mejoraría el acceso a la justicia para comunidades y organizaciones ante tribunales europeos”, sigue Willems.

"A la puerta del horno se quema el pan"

Cabe resaltar que la directiva CSDDD (Corporate Due Diligence Directive) ha ido reduciendo su ambición. Si la propuesta del Parlamento Europeo (de junio de 2023) incluía a unas 65.000 empresas europeas, la que quieren aprobar los Estados miembros vincula solamente a 9.360 empresas, a las grandes, de más de 500 empleados y con un ingreso de 150 millones de euros. También a las de más de 250 empleados de sectores de alto riesgo, como el textil y el agronegocio.

"Esa legislación será vinculante para un porcentaje pequeño de las empresas europeas, apenas un 1 por ciento, sí. Pero su peso económico es muy grande, y la proporción del impacto en la economía es significativo. Hubiese sido mejor que la CSDDD fuese vinculante también para las medianas empresas, que se incluyera también al sector financiero. No obstante, lo que está sobre la mesa puede cambiar el mercado europeo. Es un primer paso, pero un primer paso muy importante”, sigue Herman.

Como fuere, con un texto listo para ser rubricado, la abstención de Alemania ha llevado a otros países (Suecia, Finlandia, Austria y quizás Italia) a abstenerse también. Si no hay mayoría cualificada (el voto del 55% de los miembros de la UE que representen a un 65% de su población), la legislación no se aprueba.

"Esperamos que la inconstancia de Alemania no signifique el fin de la legislación para las cadenas de valor de la Unión Europea. El efecto de su abstención es de importancia capital para la política europea”, afirma en un comunicado la eurodiputada alemana Anna Cavazinni, presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor en el Parlamento Europeo, e impulsora de la directiva. Por otro lado, fuentes europeas subrayan que las negociaciones siguen en curso.

Imprescindible para materias primas latinoamericanas

A pesar de la disminución de sus ambiciones, las organizaciones de la sociedad civil ven en la ausencia de una CSDDD un verdadero peligro.

"Es un elemento fundamental de la agenda política más amplia de la Unión Europea. La "ley de materias primas críticas”, que tiene como objetivo "mejorar el acceso” a minerales estratégicos, aumentará la presión en países de América Latina que, sin esa legislación, contarán solo con instrumentos comerciales sin herramientas jurídicamente vinculantes para la protección de derechos humanos y medioambiente”, afirma Willems.

De no aprobarse la "debida diligencia", ¿cabe esperar a que el Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU se apruebe? "Hay que saber que la UE siempre se ha opuesto a ese tratado vinculante; tener una legislación propia aportaría mucho al avance de las negociaciones. Por otro lado, negociar un tratado internacional tarda muchos años. Con la CSDDD tendríamos una legislación que podría entrar en vigor en 2029, para las grandes empresas de 27 Estados y de aquellos de fuera de la UE que operen en territorio europeo”, subraya Herman.

De aprobarse esta legislación, ¿casos como el de Berta Cáceres podrían en el futuro llegar a tribunales europeos? Cabe recordar que el controvertido proyecto Agua Zarca tenía financiación de  un banco de desarrollo de origen europeo. "La CSDDD sí prevé el acceso de las víctimas a tribunales europeos, también que organizaciones como la nuestra puedan defenderlas. Pero, en el caso de Berta Cáceres, si los fondos europeos son una inversión, la CSDDD no aplicaría”, responde Herman. Y concluye: "Aunque no va a cambiarlo todo de una vez, esta legislación de debida diligencia es una herramienta importante y la necesitamos lo antes posible”. 

(cp)