Franco A., KSK, NSU 2.0: detrás de cada nombre y sigla hay un sospechoso de extrema derecha o incluso todo un grupo de presuntos enemigos del Estado. Personas que comparten fotos de Adolf Hitler en grupos de chat, atesoran armas o planean el derrocamiento del Gobierno en Alemania. Algunos reciben un salario en la Bundeswehr, la Policía, los servicios secretos, las aduanas: trabajan en los organismos de seguridad encargados de proteger a los ciudadanos en Alemania.

327 "enemigos" de la Constitución en tres años

Si la integridad es dañada desde adentro, "eso es especialmente peligroso para el Estado de Derecho y la democracia", afirma la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser. Junto con el presidente de la Oficina Federal de Protección de la Constitución (BfV), Thomas Haldenwang, presentó el informe de la situación actual de los extremistas de derecha, los autodenominados "ciudadanos del Reich" (Reichsbürger) o "autogobernados" en las filas de los organismos de seguridad de Berlín.

El balance abarca todos los casos registrados entre julio de 2018 y junio de 2021, en los que los servidores públicos dieron motivos para que se dudara de su lealtad a la Constitución. Se dio el visto bueno a 533 de las 860 personas de los organismos de seguridad federales y estatales que fueron investigadas. Quedaba 327 casos sospechosos y probados de "indicios reales de esfuerzos contra el orden democrático y libre".

Algunos tienen acceso a armas

Thomas Haldenwang resume el resultado en una palabra: "alarmante". Afirma que todo enemigo de la Constitución es "también una bofetada a todos los empleados que respetan la Ley Fundamental". De hecho, la imagen de las autoridades de seguridad se ha resentido enormemente en los últimos años. La ministra del Interior, Nancy Faeser, señala el alto potencial de peligro: "Tienen acceso a datos sensibles, tienen conocimientos especializados y, a veces, acceso a armas".

La política socialdemócrata considera anticuada la tesis de los lobos solitarios: "Están organizado en redes". Aunque no dentro de las instituciones , "sino en un entorno privado". Según el informe, los contactos se realizan en los medios más diversos: en manifestaciones, en eventos de artes marciales y conciertos, o en círculos de conversación.

No hay indicios (todavía) de redes suprarregionales

Según los resultados anteriores, se trata principalmente de un fenómeno regional. "No hemos podido descubrir ningún caso en el que los agentes de Fráncfort estén de alguna manera en contacto con agentes de Berlín o Múnich y persigan objetivos comunes", dice Thomas Haldenwang. Pero "nunca lo descartaría", subraya el presidente de la BfV.

La mayoría de los casos sospechosos registrados en las redes se atribuyen al extremismo de derecha de orientación violenta: el 53,6%. Los "ciudadanos del Reich” y los "autogobernados” que niegan la existencia de la República Federal de Alemania representan un buen 7%. Y en algo menos del tres por ciento se identificaron contactos con la llamada Nueva Derecha.

Contactos con el partido de ultraderecha AfD

La figura de esta escena intelectual es el editor Götz Kubitschek. Él, a su vez, tiene vínculos con el partido populista de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). El partido está presente en el Bundestag y en 15 de los 16 Parlamentos estatales. Entre sus diputados hay funcionarios estatales. Ya sea en el servicio escolar, en la judicatura o en los organismos de seguridad, la sensibilidad hacia los extremistas de derecha y otros sospechosos de ser enemigos de la Constitución ha aumentado considerablemente, según la evaluación de Thomas Haldenwang.

Hasta ahora, son pocos los que han perdido su empleo a causa de las acusaciones. Se han analizado unos 500 expedientes laborales y disciplinarios, pero solo 60 de los afectados han sido despedidos o no se han incorporado como funcionarios. Para poder deshacerse más rápidamente de los enemigos de la Constitución en el futuro, la ministra del Interior, Nancy Faeser, quiere presentar en breve un proyecto de ley para modificar la Ley Disciplinaria Federal, ya que considera "insatisfactorio” que los procedimientos se prolonguen habitualmente durante varios años.

(jov/cp)