Desde México hasta Argentina, el informe‘Sin Tregua – Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera' muestra el avance de la minería durante la pandemia en la región. A partir de estudios de caso de nueve países latinoamericanos, entre los que se encuentran algunos de los que fueron más afectados por la COVID-19, además de grandes inversiones mineras, el reporte examina la resistencia de los pueblos indígenas y las comunidades ante la extracción de minerales como oro, plata, hierro, carbón, litio, cobre y uranio de sus territorios.

"Desde el momento en que se declaró la pandemia global de COVID-19 hace dos años, podíamos observar desde diferentes geografías señales cada vez más claras de intentos por parte de la industria minera, de aprovechar la situación para avanzar con sus procesos de licenciamiento y sus operaciones”, explica a DW Guadalupe Rodríguez, Referente de Latinoamérica de Rettet den Regenwald (Salva la Selva), una de las organizaciones que integra la Coalición contra la Pandemia Minera, que ha elaborado el reporte.

Según el informe, los gobiernos de México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina, y empresas mineras aprovecharon el periodo de la pandemia para impulsar la expansión minera como "esencial” para la reactivación económica y la transición energética.

"Esta transformación de las matrices energéticas requiere de muchísimos metales para la construcción de la infraestructura necesaria para su implementación. Hablamos de eólicos, paneles solares, pero también de vehículos eléctricos. Todo eso se fabrica a base de metales y minerales. Y estos procesos de cambio no siempre están planificados con una mirada de justicia ambiental”, agrega recalcando que "todos estos planes ya existían desde mucho tiempo atrás. La pandemia ha ayudado a acelerarlos”.

El poder de los lobbies

"Los lobbies mineros intentaron que algunas leyes restrictivas a sus operaciones se relajaran, que se desregularan impedimentos a nuevos permisos”, asegura Rodríguez haciendo referencia a los resultados del análisis. De este modo, apunta el caso de Panamá donde "el gobierno impulsó planes específicos para reactivar la minería en el país y proyectos mineros que llevaban años sin operar” y el de Argentina donde "en diciembre de 2021, las autoridades provinciales de Chubut aprovecharon la pandemia para anular una prohibición de la minería de casi dos décadas”.

Asimismo, subraya que en "Colombia las empresas y el gobierno continuaron negándose a respetar una decisión de la Corte Constitucional de 2017 que reconocía las violaciones de los derechos comunitarios relacionadas con el plan de expansión de la mina de carbón Cerrejón”, mientras que "en Chile, la empresa canadiense Andes Copper, obtuvo su permiso ambiental durante las restricciones sanitarias para su proyecto minero de cobre. Anteriormente venía realizando perforaciones sin los permisos necesarios. La comunidad afectada, Putaendo, es la primera municipalidad chilena que se declara "territorio libre de minería".

La resistencia de los afectados

El avance de la minería perjudicó a los afectados en varios sentidos. "En las comunidades donde los proyectos mineros ya están operando, tuvieron mayores desventajas para enfrentar la pandemia dado que, en la mayoría de los casos, cuentan con escasez de agua, además contaminada”, explica a DW Leny Olivera, de la organización Terra Justa.

"La mayoría de las comunidades afectadas por proyectos mineros vivieron una intensificación de la violencia. Como consecuencia eso ha significado mayor criminalización”, critica la portavoz de esa organización boliviana, que trabaja con grupos colombianos y peruanos, entre otros.

Un ejemplo de ello se encuentra en el estado brasileño de Maranhao. "La pandemia sirvió para que los conflictos y violencia en nuestros territorios causados por estas empresas fueran intensificados, muchos casos de amenazas, fortalecimiento de las milicias…”, denuncia Dalila Alves Calisto, militante del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) de dicho estado.

Además, las comunidades también vieron restringidos sus derechos. "Las organizaciones sociales no pudieron llevar a cabo su normal actividad de reunión, denuncia y protesta. Al mismo tiempo, había dificultades para acceder a las instituciones, pues muchas oficinas en las que pedir información o llevar a cabo reclamaciones permanecieron cerradas”, lamenta Rodríguez.

A pesar de que, en el caso argentino, la decisión de anular la prohibición de la minería fue retirada, después de una semana de protestas, las comunidades originarias Mapuche-Tehuelche y residentes de toda la provincia siguen en lucha. "Consideramos que la crisis que actualmente hay en Chubut, una provincia que tiene tantas posibilidades, es una crisis de diseño; una crisis que se ha armado justamente para tratar de imponer esta actividad, para que el pueblo no vea otra salida que la actividad minera”, critica Iván Paillalaf, miembro de la comunidad indígena Mapuche-Tehuelche de Laguna Fría Chacay Oeste.

Los responsables del informe avanzan las presiones que seguirán recibiendo estas comunidades. “La llamada transición energética solo sirvió como una justificación para expandir las actividades mineras”, critica Olivera asegurando que la misma “no debe ser a costa de las comunidades del sur global”. “Los países del norte global deben replantearse que la transición energética implica desmontar el patrón de producción de consumo y producción que provoca la crisis climática actual”, concluye.

(cp)