"Están matando a mi pueblo. Con veneno. Con balas. Hoy, en Brasil.  Traigo acá, a Europa, la profunda tristeza de mi pueblo. Tenemos 16 zonas reconocidas por el gobierno, pero las han cedido a grandes plantaciones de azúcar”, dijo en Bruselas Ladio Veron, líder Guaraní-Kaiowá, en una conferencia auspiciada por europarlamentarios del grupo socialista, del liberal, de los ecologistas y de la izquierda.

Después de las confrontaciones de abril de 2017, la dramática situación de este pueblo fue recogida en una resolución de urgencia del Parlamento Europeo en abril de 2017. Pero la situación no mejora. Y desde las instituciones europeas se le recuerda a Brasil sus deberes constitucionales –como la demarcación de los territorios indígenas- y sus compromisos con el derecho internacional: Brasil ratificó en 2002 la convención 169 de la OIT que prevé la consulta previa a cualquier uso de territorios ancestrales. 

Sobre la mesa está una intensificación de la cesión de tierras para la agricultura intensiva –soja y caña para biocombustibles- y también la privatización del segundo acuífero más grande del mundo, que queda en territorio guaraní.

Aunque el problema viene de lejos y ha atravesado varios gobiernos, las últimas medidas tomadas por el gobierno del presidente Michel Temer –recorte de fondos para las organizaciones indígenas, cierre de programas sociales, nulo avance en la demarcación de territorios reconocidos como indígenas, endurecimiento de la judicialización de la protesta social- no han hecho más que agravar la situación.

"Están solos”

"Es nuestra tierra, no vamos a dejar que se la queden”, afirma Veron, cuyo padre fue asesinado por pistoleros en 2003.

En 2016, según datos de Front Line Defenders, 56 líderes indígenas fueron asesinados en Brasil; a 370 asciende el número en los últimos 14 años. Sólo en un 6% se ha llegado a esclarecer los crímenes. 

En la delicada situación política actual, los guaraníes están abandonados a su suerte. De un absoluto desinterés y desinformación acerca de su causa en los medios hablan activistas como Fernando Burgés, de UNPO (Unrepresented Nations & Peoples Organization).

"Los pueblos indígenas están solos en Brasil. En la cámara no hay más diez personas que apoyen su causa. Y el lobby del agronegocio reacciona muy mal a la presión”, dice Burgés apelando al apoyo europeo. 

Reacción europea

Así las cosas –y dado que conflictos entre empresas e indígenas hay en varios países de América Latina- un informe parlamentario que enfoca especialmente el problema de las tierras indígenas y las empresas europeas se prepara para después del verano. Francisco Assis, eurodiputado español de la bancada socialista, está a cargo de él.

Por otro lado se está conformando un grupo parlamentario de apoyo a la causa indígena. Parte de él es el eurodiputado italiano Ignazio Corrao, del bloque de la Europa de la libertad y la Democracia Directa.  "Sigamos el camino del dinero y sabremos quién es el culpable de este genocidio”, afirma Corrao. 

"Este genocidio está muy relacionado con el alto nivel de corrupción que ha llevado a la difícil situación política de Brasil”, explica a DW. "Por otro lado tenemos la especulación y la falta de escrúpulos de las empresas transnacionales. A nosotros nos toca poner como condición para acceder a nuestro mercado de 500 millones de consumidores el respeto a los derechos humanos”, puntualiza.

En concreto, "sí hay medidas que se podrían tomar más rápidamente de lo que parece si existiese una voluntad política real”, dice a DW por su parte Xabier Benito, eurodiputado español del bloque de la izquierda y vicepresidente de la delegación para las relaciones con los países del Mercosur. Se refiere a marcar la trazabilidad de los biocombustibles: no acceso al mercado a productos que provengan de tierras en conflicto, en el caso guaraní de Mato Grosso du Sul.