Una propuesta europea para fomentar la transparencia en la cadena productiva del tungsteno, el tantalio, el oro y el estaño se espera para Navidad de 2013. En un momento en que el 20% de los conflictos mundiales están relacionados con la explotación de los recursos naturales, las respuestas regulatorias de Bruselas van llegando.

"En una primera fase nos concentraremos en estos cuatro minerales con un enfoque de eficacia; nos concentramos en el Congo Oriental aunque sabemos que el problema es más amplio y no olvidamos al resto del mundo. A medida que se pueda implantar la directiva se extenderá a otros minerales, al petróleo, a los diamantes", explicaba el comisario De Gucht en el Parlamento Europeo.

La propuesta que se está preparando dará incentivos a las empresas para no adquirir minerales provenientes de zonas de conflicto. En la compleja cadena desde la mina hasta el producto terminado en una tienda europea, la nueva directiva apunta a las empresas de fundición europeas o que cotizan en la bolsa europea. Unas 350.

En la Comisión de Desarrollo de la Eurocámara el tema suscita debate pues, si bien está claro que la extracción de minerales es para muchos países el motor de su desarrollo, el grado de conflictividad social que genera la industria urge a la acción. Precedente ha sentado "Proceso Kimberley" de certificación de diamantes, que ha logrado reducir considerablemente el porcentaje de entrada al mercado mundial de diamantes tintos en sangre. “Sabemos que las FARC negocian ahora con coltán”, decía el comisario De Gucht, subrayando que “se trata de romper la relación materias primas-conflicto”.

Definición de conflicto

Pero, ¿cómo se define conflicto? ¿Sólo se toman en cuenta los armados o también los sociales? En todo caso, Sergio Coronado Delgado, del Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia, habla de que en su país la superficie utilizada para la extracción minera ha pasado de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 8,4 millones de hectáreas en 2009, Según él, el 80% de violaciones a los derechos humanos y laborales se dan en esos territorios. “La minería a gran escala no ha facilitado la superación de la pobreza”, afirma el investigador.

Y, en su opinión, esto no sólo sucede en Colombia. “La experiencia histórica de América Latina está mostrando una muy mala relación entre la garantía de derechos sociales y la presencia de industrias extractivas. En la mayoría de los casos, la situación de los derechos sociales y humanos es mucho peor en zonas mineras. Esto pasa en Colombia, en Perú y en otros países de la región en donde hay una presencia de extractivas”, dice el especialista a DW.

Respuestas europeas

A la futura directiva dirigida a las empresas dedicadas a la fundición de los minerales antecede la “directiva contable”. Se trata de que las empresas –con un balance anual mayor a 20 millones de euros y de más de 150 trabajadores- publiquen por cada proyecto y país cuánto han pagado a cada gobierno por sus minerales, gas y petróleo. Aprobada en junio de este año –y después del camino a través de las legislaciones de los 28 países europeos- la directiva podría entrar en vigor en 2016. Después de su revisión en 2018, podría extenderse a las empresas de telecomunicaciones.

También hay otra directiva, no vinculante, que solicita a las empresas publicar informes del impacto de su gestión en el medio ambiente, en lo social, en derechos humanos. Ésta está dirigida a empresas europeas y a las extranjeras que coticen en Europa y tengan más de 500 empleados.

Buenas pero insuficientes medidas

De valioso califica el debate el especialista colombiano. “Las iniciativas de transparencia y el acompañamiento de los principios de Naciones Unidas son importantes, pero no suficientes. Se debe profundizar más en instrumentos obligatorios y en mecanismos de acceso a la justicia de personas que hayan sufrido vulneración de sus derechos por alguna actividad relacionada con las extractivas. Además creemos que no debe restringirse el listado de los productos naturales sobre los cuales se está planteando la directiva minerales en conflicto, debe ampliarse a cualquier tipo de recurso natural”, explica Coronado.

En el caso específico de Colombia, sus principales productos –petróleo, carbón y esmeraldas- quedan fuera de la directiva europea de minerales en conflicto. La respuesta del gobierno de Bogotá, por su parte, es que en los próximos años se va a implementar en el país la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas.

Por otro lado, “la seguridad del suministro de estas maneras primas es crucial para una serie de industrias”, afirmaba De Gucht. Y si bien la política europea de desarrollo impele a estudiar las regiones en conflicto y aboga por minas con certificación más ética, el comisario de Comercio habla sólo de un enfoque eficaz que no perjudique a la economía europea. Desde el punto de vista empresarial, se subraya el peligro de poner demasiado peso sobre los hombros de las empresas europeas.

“No estamos hablando de eliminar los procesos extractivos sino de una planeación más concienzuda teniendo en cuenta dónde se debe y dónde no se debe extraer y también los costos no sólo económicos, sino ambientales, sociales y políticos de los procesos extractivos”, concluye Coronado, quien se encuentra en Bruselas invitado por la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo. El especialista colombiano prevé para los próximos años un incremento de los conflictos dado el acelerado avance del extractivismo en América Latina en comparación a la lentitud y timidez de las respuestas a favor de la transparencia y la responsabilidad social.