Históricamente, los jueces no marchan ni protestan en El Salvador. Sus intervenciones están reservadas para las salas de los tribunales, las aulas de las universidades o foros especializados. Sin embargo, en el mes de septiembre de 2021, este pequeño país centroamericano los vio recorrer las calles capitalinas con trajes formales y pancartas en las manos en protesta ante lo que llaman el "golpe” al Poder Judicial ejecutado por el Gobierno de Bukele.

"La última vez que se dio una marcha fue en el 2006 o 2007 en el período del presidente Saca, cuando se intentó sancionar a algunos colegas a raíz de ciertos fallos que no eran del gusto del Gobierno”, explica a DW el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Juan Antonio Durán. En ese entonces, "la Corte abrió unos expedientes disciplinarios por razones de los fallos de los jueces. Nosotros salimos a marchar alegando que la Ley de la Carrera Judicial solo permite sancionar a los jueces por su conducta, no por si un fallo le gusta al Ejecutivo o no. Y este es precisamente el motivo por el que fueron removidos los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021: las decisiones que los magistrados tomaron no fueron del agrado del Ejecutivo”, asegura.

Las críticas contra el Gobierno son duras desde el Judicial y comienzan con la destitución que hizo el Parlamento -de mayoría oficialista- a la Sala de lo Constitucional. Desde entonces, abogados como Enrique Anaya, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional sección El Salvador, afirman que en el país "no hay Estado de derecho”.

"Creo que tenemos que quitarnos ya los eufemismos. Cuando destituyeron -con motivo de violar la Constitución, tratados internacionales y leyes locales- a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y designaron a dedo a cinco operadores políticos -inclusive uno de ellos, minutos antes, era uno de los asesores jurídicos del presidente-, desde el 1 de mayo, en El Salvador no hay Estado de derecho”, dice a DW el abogado constitucionalista.

"Estamos sujetos totalmente a los caprichos y arbitrariedades de las autoridades y sobre todo a los caprichos, arbitrariedades y a la voluntad del presidente”, agrega Anaya. "Al emitir entre comillas una resolución autorizando la reelección presidencial, a pesar de que hay al menos tres disposiciones constitucionales que la prohíben, es porque realmente se está actuando con absoluta vileza”, reprocha.

Sidney Blanco, juez primero de Sentencia de San Miguel y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, concuerda: "En este momento, el Estado de derecho -entendido por la separación de poderes y tutela de derechos fundamentales- no existe. El Estado de derecho en nuestro país ya dejó de regirse por leyes y por la Constitución y se rige por instrucciones emanadas desde la ignorancia”.

Los duros reclamos de los juristas se profundizaron tras una reforma a la Ley de la Carrera Judicial que fue aprobada en el Parlamento y que afectó a la tercera parte de la base de la judicatura. Esta reforma fue promovida por el partido de Bukele y sus aliados en el Congreso como un esfuerzo para "luchar contra la corrupción” en el órgano judicial. "Lo que la ley dice es que todo juez -que tenga 60 años de edad o más, o tenga 30 años de servicio- cesa automáticamente en el cargo. En la ley no hay ninguna referencia al tema de corrupción o de incapacidad. Ese discurso, esa narrativa, sobre corrupción o incapacidad es pura propaganda”, argumenta Anaya.

Para Durán, esta reforma busca "afectar la independencia judicial porque no solamente son los jueces mayores de 60 años o de 30 años de servicio los afectados, sino que somos todos, porque la misma ley habilita a la Corte para que nombre jueces sin la terna del Consejo Nacional de la Judicatura y, además -según los criterios de necesidad que tenga en atención al servicio- que haga los traslados que quiera. Prácticamente nos está dejando a todos los jueces sin estabilidad en el cargo”.

Ante esto, un Tribunal ordenó la suspensión de los despidos masivos alegando la protección de las personas adulto-mayores. En su resolución, la Cámara "entiende que hay dos violaciones a los derechos: un trato discriminatorio por la simple edad y una violación al derecho al trabajo específicamente a la estabilidad en el cargo judicial que también es una regla que está en la Constitución”, afirma Anaya. Sin embargo, la Corte Suprema apeló y paralelamente -sin que hubiese desenlace a su recurso- ofreció una bonificación para quienes presentaran su renuncia antes de que entrara en vigor el decreto. La fecha límite llegó y con ella la dimisión de 100 jueces y la rápida juramentación de 98 de sus suplentes.

"Con esta incertidumbre, están generando un caos en el sistema judicial. Ya no se sabe si los actuales jueces seguirán siendo jueces o si habrá nuevos; si las resoluciones que puedan emitir son válidas o si son nulas. Prácticamente hay una parálisis del sistema judicial”, detalla Blanco, e insiste en que, para él, estos nuevos funcionarios juramentados son "falsos jueces y magistrados que no tienen la garantía del juez natural que prevé nuestra Constitución, que es la investidura que tiene un funcionario que se ha sometido al procedimiento. Serían como los magistrados que han llegado a los despachos de la Sala de lo Constitucional, que aparecieron de la nada, que no siguieron el procedimiento, no estaban en ninguna lista, no eran candidatos de nada. Fueron electos en cuestión de una hora. Ese no es el magistrado que contempla la Constitución. Por lo tanto, no son magistrados”.

Las consecuencias de protestar

Mientras tanto, el gremio de juristas se sigue organizando para protestar. Ante esto, según denuncian, ya hay consecuencias personales para quienes tienen mayor exposición: "Se me ha iniciado un procedimiento sancionatorio”, dice Anaya, y agrega que "es muy peculiar porque, en más de 30 años de abogado, es la primera vez. Pero lo más peculiar es que se me ha iniciado un procedimiento por defender legalmente los intereses y derechos de un cliente. Inclusive reconocen -en la misma resolución donde ordenan que se me investigue- que el recurso fue presentado en tiempo y forma. Es una contradicción total”.

Para Durán las consecuencias no han sido solo laborales. El juez ha denunciado acoso de parte de la Policía Nacional Civil y de la Policía Militar. Según relata a DW, un grupo conformado por cinco agentes y soldados rodearon su casa y lo esperaron en la noche sin razón aparente luego de que él participara en una conferencia de prensa para informar "que habíamos denunciado al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la sanción presidencial y por la publicación de esta ley que prácticamente hace cesar a la tercera parte de los jueces. Como di esas declaraciones el viernes 17, el domingo 19 estaba sufriendo yo esta situación, pero creo que les salió mal porque logré evadirlos”.

El acoso cesó, según estima Durán, gracias a las denuncias que hizo en el momento a través de las redes sociales y de la prensa.

"El Salvador es un país pequeño, pobre, sin aliados, sin recursos naturales, cuya democracia está tambaleante. Yo creo que no hay países con estas características que puedan perdurar en sus ínfulas dictatoriales. Por lo tanto, yo creo que en algún momento se va a revertir. Ojalá que sea cuanto antes para que la gente no sea tan afectada”, dice Sidney Blanco. 

Paralelamente, Durán se prepara para dejar un Tribunal en San Salvador para ir a uno en Zacatecoluca, a 63.5 km de distancia, luego que le llamaran por teléfono para informarle de su traslado programado para el día siguiente. Para él esto "es una especie de sanción... Nos pone más vulnerables y eso da temor a nuestras familias. Me piden que renuncie, pero creo que esta es la hora de los jueces para defender lo poco que tenemos del Estado de derecho y la separación de poderes, aunque eso no les guste a los magistrados que se han prestado a este golpe”.

DW solicitó la postura de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero no hubo respuesta.