El tema no es nuevo, pero ha cobrado renovada virulencia. Desde hace meses, la socialdemocracia, la izquierda más radical y los sindicatos exigen que se limiten los ingresos exorbitantes de altos ejecutivos y sobre todo las indemnizaciones, a menudo multimillonarias, que muchas compañías han pagado últimamente a altos ejecutivos despedidos por haber realizado mal su trabajo.

El director general de la empresa que fabrica los automóviles deportivos Porsche, por ejemplo, gana unos 60 millones de euros por año, antes de impuestos. Por lo menos él hace bien su trabajo. Pero si a ello se agregan los recientes escándalos en Alemania de ejecutivos multimillonarios que intentaron evadir pagar impuestos y fueron descubiertos, se entiende el disgusto entre la población que debe hacer malabarismos para llegar a fin de mes.

Los políticos interesados en la cohesión social no pueden ya ignorar el tema. Naturalmente, quienes formalmente deciden sobre los ingresos en las sociedades anónimas son los accionistas. Pero la idea de que ello es una especie de control democrático es errónea, dicen los críticos, en vista de las estrechas relaciones entre las grandes empresas y los bancos. También en los consejos de vigilancia rige la máxima de que “una mano lava a la otra”, agregan.

El tema hace olas

Como sea, el tema está haciendo cada vez más olas. En Bruselas, en una reunión del Eurogrupo (países en los que el euro es moneda oficial) hizo hoy eclosión, a pesar de que no estaba en el orden del día. Ello no es casualidad. Sueldos de ejecutivos que aumentan sin cesar e indemnizaciones libres de impuestos para directivos fracasados crean cada vez más malestar en muchos países de la UE.

No sólo en Alemania, sino también en Francia, Italia y Portugal se discute en la opinión pública acerca de cuáles son las remuneraciones adecuadas para los altos ejecutivos y de los impuestos que habría que cobrarles.

El jefe del Eurogrupo, el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Junker, salió hoy intempestivamente a la palestra con una ofensiva que sorprendió a media Europa: solo, sin coordinarse con la Comisión de la UE, ni el Consejo de Ministros de Finanzas ni las instituciones internacionales, dijo en Bruselas: “No podemos permitir más que determinados altos ejecutivos cobren sueldos desproporcionados e indemnizaciones que no están en relación con sus rendimientos. Se trata de ya de un mal social.”

También el ministro de Finanzas de Portugal, Fernando Teixeira, remachó en el mismo clavo: “es necesario dar una señal de mesura en los sueldos”. Christine Legarde, su homóloga francesa, admitió, sin embargo, que “el tema no es fácil”. Francia, no obstante, ya ha actuado: grandes indemnizaciones para ejecutivos salientes deben estar relacionadas con los beneficios que han generado para las empresas y deben ser aprobadas por la asamblea general de accionistas.

Más ganas y menos ganas

Cierta resistencia se registra del lado de Gran Bretaña: “ni la Comisión Europea ni los ministros del ramo tienen ganas de comenzar con regulaciones en ese sentido”, dijo un diplomático.

En Alemania, el Partido Socialdemócrata propuso que las empresas pudieran descontar de sus beneficios los sueldos e indemnizaciones un cien por cien hasta un monto de un millón de euros y de allí para arriba sólo en un cincuenta por ciento. Los democristianos y socialcristianos, con los que los socialdemócratas forman el gobierno actualmente, se oponen tajantemente y quieren dejar la cuestión en mano de las fuerzas del mercado.

El ministro de Finanzas de los Países Bajos, Wouter Bos, se manifestó complacido por el debate. “Nosotros somos líderes en la materia”, resaltó. Bos quiere gravar con más altos impuestos los sueldos y jubilaciones exorbitantes. No obstante, en el Consejo de Estado, un importante órgano de asesoramiento del gobierno y el Parlamento, el ministro recibió ya nones. Al final todo puede quedar como en el dicho: mucho ruido y pocas nueces.