La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), con sede en Barcelona, es una organización que se dedica exclusivamente al control de las garantías individuales en México y su último informe está basado en los datos recabados por sus integrantes durante una estancia en enero y febrero de este año.

Los activistas recorrieron los estados de Chiapas y Oaxaca y el municipio de San Salvador Atenco, en el Estado de México, donde la resistencia civil a la construcción de un aeropuerto en el 2003 fue reprimida violentamente por fuerzas de seguridad, produciéndose graves maltratos y violaciones por parte de policías estatales a miembros de la comunidad, sobre todo mujeres, sin que hasta la fecha se hayan aclarado los crímenes y los abusos.

Alarmante situación de injusticia e impunidad

“Diez años después de la primera visita que fue provocada por los hechos de Acteal (Chiapas), decidimos hacer esta visita para darle seguimiento a la situación. Es alarmante la situación de injusticia e impunidad. La verdad es que hemos encontrado un panorama de nulo avance. Acteal aún no está cerrado y en Oaxaca y Atenco siguen pendientes las investigaciones de las graves denuncias de homicidios, como de casos de tortura y abusos sexuales. No hay una voluntad de abrir estos procesos que puedan implicar a funcionarios y provocar condenas pertinentes”, afirma el portavoz de CCIODH, Iñaqui García, en conversación con DW-WORLD.

La organización entrevistó a más de 600 personas y constató, según se lee en el informe, que frente a los espacios de movilización social, de construcción de modelos alternativos de vida y de satisfacción de las necesidades más esenciales, las autoridades tratan de asegurar el contexto social más propicio para la implementación de un modelo de desarrollo de carácter neoliberal, basado en el despojo, la privatización y la mercantilización de recursos básicos como la tierra, el agua o la biodiversidad.

Detenciones arbitrarias

El reporte también señala que se llevan a cabo detenciones arbitrarias a los miembros de los movimientos sociales. Es habitual que las personas detenidas sean sometidas a tortura y malos tratos, para justificar las detenciones se falsifican pruebas. El informe cita varios casos relacionados con los sucesos de Atenco, en el que los encarcelados fueron falsamente imputados de posesión de drogas, armas o delitos como robo, agresión sexual y hasta homicidio. "La lógica es la de criminalizar a los miembros de movimientos sociales evitando que puedan ser considerados como presos políticos", denuncia la organización.

“La cárcel como medida cautelar se presenta como el instrumento más contudente”, subrayan los activistas. Esta situación fue comprobada mediante entrevistas en Chiapas y Oaxaca con un total de 70 presos. En el caso del penal de Molino de Flores y La Palma, en el Estado de México, no se posibilitó la entrada a los activistas.

“La reforma constitucional que dejó el presidente Fox no ha resuelto el tema de los derechos y cultura indígena. Los proyectos que hay en Chiapas no están consensuados con las comunidades y entonces se enfrentan el proyecto de autonomía y el proyecto del gobierno. Es una fuente eterna de conflictos, hay expropiaciones y hay desalojos”, afirma Iñaqui García. “La alarma en Chiapas se produjo a raíz de dos intervenciones del ejército en San Jerónimo Tulijá, en La Garrucha, cosa que no ocurría desde hace años y que si provocaron una situación preocupante”, afirma.

Cláusula democrática

El activista señala que después de presentar el informe a amplios sectores de la sociedad civil mexicana y dependencias del gobierno federal, se presentó al Parlamento Europeo, que sí tiene una responsabilidad por la cláusula democrática en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. “Planteamos la creación de un mecanismo de seguimiento regular y constante de monitoreo de la situación de los derechos humanos en México, que de momento no existe”, explicó.

A la pregunta de porqué los gobiernos europeos se hacen la vista gorda ante estas violaciones a los derechos humanos, el portavoz de la organización responde que en el tema de la relación México- Unión Europea sin lugar a dudas priman los intereses comerciales y políticos más que la defensa de los derechos humanos porque son situaciones muy graves y demostrables, en las que no se puede hacer la vista gorda. "Pero esa es la realidad, priman de esta manera, entonces nosotros insistimos en que deben asumirse responsabilidades", señala.

“También es cierto que el gobierno mexicano es muy sensible a lo que se dice de él, de su imagen pública internacional. Nosotros confiamos más en la sociedad civil que no tiene estas ataduras y puede ejercer presión a las instituciones europeas y a las mexicanas para que actúen conforme a derecho, porque si no se pondrá en tela de duda la independencia y la legitimidad de las instituciones europeas ante los ojos de la opinión pública mexicana, en las que en cierto modo confían", afirma.