El antropólogo mexicano Abel Barrera Hernández es un interlocutor muy buscado estos días en la capital alemana, adonde ha viajado para recibir el sexto premio de Derechos Humanos que otorga la sección alemana de Amnistía Internacional (AI). El galardón será otorgado durante una ceremonia con motivo del 50 aniversario de la fundación de Amnistía Internacional el próximo 28 de mayo.

Barrera y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fundado por él hace 17 años han sido reconocidos por su labor de investigación de graves violaciones, ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por el Ejército mexicano, la policía y fuerzas paramilitares, que hasta la fecha siguen impunes.

Tlachinollan, una palabra náhuatl que significa “lugar de los campos quemados”, fue fundada por Barrera ante la indefensión en la que vive la población indígena que habita las montañas de Guerrero, al sur de México. Más de 600.000 habitantes de las etnias Nasavi, Me'phaa (familia tlapaneca), Amuzga y Náhuatl, pueblan esta región de la Sierra Madre del Sur, en donde se encuentra el municipio Cochoapa el Grande, el más pobre del país, cuyo rezago y marginación social son comparables con Zambia, en África.

Esta región montañosa ocupa el primer lugar en la producción de amapola. Barrera habla de “narcopobreza” al explicar el círculo vicioso provocado por la miseria que obliga a las comunidades indígenas a recurrir a siembras ilegales. A esto el gobierno mexicano, en vez de reaccionar con programas de atención social, ha respondido enviando el ejército.

Un bálsamo que mitiga el dolor

Para Barrera el galardón es un bálsamo que mitiga el dolor ante una situación cada vez más compleja. “Ante la orfandad que vivimos en el país por parte de las autoridades, el desprecio a lo que hacemos, la criminalización que se vive hacia nuestro trabajo y el incumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hemos encontrado la solidaridad de compañeros y compañeras que llevan luchando 50 años”, dice en conversación con Deutsche Welle.

“Es una manera de hacer visible que en México vivimos una crisis en cuanto a la forma de ejercer el poder y de respetar los derechos humanos”, añade. El antropólogo de 51 años considera que el galardón centra la atención internacional sobre lo que está pasando en Guerrero y en otras regiones del país, en donde los abusos del Ejército mexicano no se investigan, donde la población vive un clima de inseguridad, violencia e impunidad que se ha agudizado desde el 2006 cuando el Gobierno mexicano lanzó su ofensiva contra el narcotráfico.

El activista recuerda la masacre de Aguas Blancas o la de El Charco, en Guerrero, como ejemplo de la actuación del Ejército contra comunidades indígenas que sufren no sólo violencia, sino también racismo y discriminación. “En vez de investigar y castigar a los militares el Gobierno les dio protección. Esto acrecentó las amenazas a quienes denunciaban a los militares”, dice. “Los activistas que han señalado al Ejército como el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico han sido los más acosados”.

Guerra de contrainsurgencia

La ofensiva militar es para Barrera una guerra de contrainsurgencia. “Esto viene desde la década de los 70 con la guerra sucia cuando se destruyó todo el tejido social que había en torno al movimiento guerrillero en el Estado. Devastaron comunidades, desaparecieron líderes, se estima que hubo unos 500 desaparecidos en el Estado y esa herida quedó abierta desde entonces y no ha sido sanada”. El Estado de Guerrero ha sido cuna tradicional de movimientos sociales debido a la enorme desigualdad social y la marginación.

Barrera recuerda a Tita Radilla, hija del desaparecido Rosendo Radilla, que ha luchado desde entonces y apenas ahora logró una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo. El mismo tribunal pidió medidas urgentes de protección para 107 defensores de derechos humanos en Guerrero, entre ellos todos los colaboradores de Tlachinollán, que han sido desoídos por el Gobierno mexicano.

“Algunos compañeros han tenido que abandonar el estado de Guerrero porque la escalada de violencia es muy alta. Defender los derechos humanos es poner en riesgo la vida. El proyecto de defender a los desprotegidos, a los que han sido víctimas de la violencia significa renunciar a la tranquilidad, la salud, la estabilidad social y familiar que se pueda tener. Eso es lo que estamos viviendo los defensores de los derechos humanos en México”, dice.

Logros de Tlachinollan

Junto con Amnistía Internacional Barrera logró la liberación de los activistas Raúl Hernández en el 2010 después de dos años de cárcel preventiva y de Felipe Arreaga, puesto en libertad en 2005 después de un año de prisión. Los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, víctimas de violación sexual a manos de elementos del Ejército en 2002, que Abel Barrera y Tlachinollan llevaron ante la CIDH, fueron motivo para que la Corte con sede en Costa Rica ordenara a México acabar con el fuero militar, que brinda protección al ejército según el artículo 13 de la Constitución.

Valentina Rosendo Cantú, ha llegado a Europa acompañada del abogado de Tlachinollán Santiago Aguirre. “Estoy acá para pedir apoyo para que se presione al Gobierno mexicano para que se haga justicia, porque no se quiere investigar”, dice Valentina, que fue abusada a los 17 años de edad. Entonces, la mujer de la población Me'phaa, de la familia Tlapaneca, no hablaba español, pero entre tanto lo ha aprendido en el largo camino por la justicia. “Como dice la Corte Interamericana, debe investigarse a los militares y que esas investigaciones se trasladen al fuero civil federal, para que sean las autoridades civiles las que investiguen”, dice.

Tlachinollan, que cuenta actualmente con 24 colaboradores, se ocupa de casos relacionados con torturas, detenciones arbitrarias, pero también defiende los derechos de estas comunidades a la salud, la educación y la vivienda.

Barrera dedicará los 10.000 euros con los que está dotado el galardón de Amnistía Internacional a la labor de Tlachinollan. “La justicia es muy cara en nuestro país”, dice y recuerda que los pueblos indígenas viven una situación de olvido, por no hablar español, no conocer las leyes, no tener dinero, abogado, ni palancas. “Para ellos acceder a la justicia es muy doloroso”, concluye.

Autora: Eva Usi
Editor: Pablo Kummetz