Diversos países y organismos han puesto el grito en el cielo ante el proyecto de Ley de agentes extranjeros de El Salvador, que establece la creación de un registro de organizaciones o personas, cuyas actividades en El Salvador "respondan o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero".

Por su parte, Nayib Bukele, presidente del país, contraargumenta con un conciso, pero contundente tuit: "Por cierto, la propuesta de LEY DE AGENTES EXTRANJEROS, que enviamos a la Asamblea, es básicamente la misma ley que tienen en Estados Unidos. Allá se llama: FOREIGN AGENTS REGISTRATION ACT. Aquí un link del Justice Department con la ley completa".  En otro tuit, Bukele se pregunta: "Si esa ley es buena para los Estados Unidos, ¿por qué no sería buena para nosotros?”

¿Es la misma ley? 

La Foreign Agents Registration Act (FARA) estadounidense es una ley amplia y, en general, poco ejecutada, que fue promulgada en 1938 y se utilizó para contrarrestar la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hacia la década de 1960, se empezó a aplicar a grupos de poder y empresas que promocionaban intereses de gobiernos extranjeros. Tras la elección presidencial de 2016, la FARA se convirtió en una herramienta para responder a la influencia extranjera en la política estadounidense, como la desinformación y el intento de influir en las elecciones. 

¿Qué problema hay con llevar la FARA a El Salvador? 

No es lo mismo el equilibrio de poderes y los contrapesos legales que existen en Estados Unidos que la situación actual en El Salvador. El partido de Bukele controla también la Asamblea Legislativa, que reemplazó a jueces incómodos y al fiscal general. El Ejecutivo tiene prácticamente manos libres para obrar a su antojo: "Desde que Bukele y su coalición eliminaron prácticamente los frenos al poder ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales y los medios independientes son una de las pocas voces en El Salvador que están en condiciones de presionar al gobierno para que rinda cuentas”, dijo al respecto José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "De aprobarse este proyecto, el Gobierno de Bukele tendrá un pretexto legal para intimidar o directamente impedir el trabajo de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil”.

Para Human Rights Watch, el proyecto de ley incluye numerosas disposiciones de contenido excesivamente amplio, que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y podrían ser usadas fácilmente para restringir el trabajo de las organizaciones, la sociedad civil y los medios independientes y limitar su acceso a fondos.

¿Hay precedentes de otros países que hayan emulado la FARA? 

Los hay, y suelen justificar la aprobación de la ley con el mismo argumento que Bukele: Estados Unidos también tiene esa ley, y sería aplicar un doble rasero no aceptar que otros países dispongan de ella. 

Diversos organismos de derechos humanos han denunciado que, en la última década, leyes análogas se ha utilizado para controlar y deslegitimar voces críticas, que quedan estigmatizadas con el apelativo legal de "agentes extranjeros". En muchos casos, este tipo de leyes responden a la sospecha de los Gobiernos de que individuos u organizaciones sirven a los intereses de potencias extranjeras o a adversarios políticos en el exilio. 

¿Dónde hay leyes análogas a la FARA? 

Rusia: Según Freedom House, Rusia es un ejemplo de cómo puede utilizarse la ley de agentes extranjeros para coartar a la sociedad civil. Rusia aprobó en 2012 la ley que obliga a las organizaciones internacionales sin ánimo de lucro que tengan algún tipo de actividad política a registrarse como "agentes extranjeros", término con una fuerte connotación de "espía" en aquel país. Grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que muchos de estos organismos han cerrado o han dejado de recibir financiación del exterior. 

Hungría: Aprobada en 2017, también obliga a las oenegés a registrarse si reciben una determinada cantidad de financiación del exterior. Tras las críticas recibidias, Hungría argumentó que su ley emulaba a la FARA estadounidense. 

Israel: Promulgada en 2016, la ley obliga a los organismos que reciben más de la mitad de su financiación de gobiernos extranjeros a incluir esta información en sus comunicaciones. Según el Ministerio de Justicia de aquel momento, la ley se aplicaría a 25 grupos, la mayoría de los cuales eran críticos con el Gobierno. El entonces ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, argumentó que la medida era una "traslación directa" de la FARA.

Australia: El Gobierno australiano estuvo en contacto con el Departamento de Justicia estadounidense a la hora de redactar su ley. El primer ministro australiano se refirió a ella como una "versión mejorada" de la FARA. Oenegés, universidades y profesionales del ámbito legal se opusieron a la medida, argumentando que era una amenaza directa para la sociedad civil y la libertad de expresión y que coartaría la acción de la sociedad civil más allá de las fronteras. Tras las críticas, la ley original sufrió importantes cambios que limitaron su capacidad de acción. 

Venezuela: Un decreto administrativo de 2021 exige el registro de personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, así como un listado de sus miembros, de sus donantes, de sus movimientos financieros, de sus beneficiarios y de todas las organizaciones con las que trabajan. 

Nicaragua: La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros data de septiembre de 2020 y obliga a todo ciudadano nicaragüense que trabaje para "gobiernos, empresas, fundaciones u organizaciones extranjeras" a registrarse, informar de sus gastos e ingresos, y avisar en qué gastarán los fondos extranjeros. 

(ers)