Tras la aprobación, en la madrugada del pasado miércoles 18 de noviembre de 2020, del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, este fin de semana unos 7.000 ciudadanos protestaron en la capital de Guatemala contra la corrupción y pidieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. La demanda la hizo también su vice, Guillermo Castillo, al ofrecer renunciar conjuntamente. Mientras, un grupo de manifestantes llegó incluso a prender fuego a parte de la sede del Congreso.

El presupuesto de más de 99 mil 700 millones de quetzales (unos 12.800 millones de dólares), cuyo trámite ya fue suspendido en la madrugada de este lunes, para "mantener la gobernabilidad del país y la paz social“, ha sido considerado como el más alto en la historia de Guatemala.

¿Qué chispa encendió ese presupuesto que, para más ardor y según denunciaron los manifestantes, fue negociado y aprobado por los legisladores en secreto, mientras el país lidiaba con consecuencias de dos huracanes consecutivos, Eta e Iota, y la pandemia de coronavirus?

Polémico proceso de aprobación

El documento, efectivamente “aprobado de manera opaca y excluyente, contiene anomalías graves y amplios espacios para la corrupción”, confirma un comunicado del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

El ICEFI hace notar que el Pleno del Congreso procedió a aprobar el presupuesto de urgencia nacional, pocas horas después de que su Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) emitiera un dictamen favorable que habría sido ocultado, cuyo contenido y especialmente las modificaciones introducidas eran desconocidas para las diputadas y diputados que favorecieron su aprobación.

Más endeudamiento y menos inversión

“Las críticas al presidente, al Congreso y al presupuesto provienen de tres direcciones diferentes”, precisa a DW Rudolf Teuwsen, representante para Guatemala de la fundación política alemana Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Sobre todo organizaciones de la sociedad civil han criticado la “falta de discusión pública del presupuesto y su adopción en una operación nocturna y opaca”, indica Teuwsen.

“Las asociaciones de empleadores y otros expertos económicos condenan el alto nivel de nuevos préstamos, la alta proporción de gastos de personal (63 por ciento) y la falta de inversión (20 por ciento)”, enumera el representante de la KAS.

Por su parte, “la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo y otros abogados de la población pobre, que constituyen alrededor de dos tercios de la población de Guatemala, se quejan de que la mayoría de los limitados fondos de inversión se destinan a la construcción de carreteras y a la seguridad nacional, en lugar de a educación, salud y la lucha contra la desnutrición”, agrega Teuwsen.

Adiós Campaña por la Nutrición, bienvenida corrupción

“Cuando asumió el cargo, el presidente Giammattei se mostró particularmente comprometido con la lucha contra la desnutrición; sin embargo, durante las negociaciones presupuestarias, aceptó que los fondos especiales para la denominada Gran Campaña por la Nutrición, que ascendían a 200 millones de quetzales, fuesen suprimidos por el Parlamento. A cambio, los diputados  aprobaron ese dinero para comprar un nuevo edificio de oficinas”, señala el analista de la fundación alemana.

Y solo a último minuto, añade Teuwsen, “el Congreso decidió una enmienda que aumentaría el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social “en exactamente 200 millones de quetzales. Sin embargo, este ministerio es constantemente criticado por gastar el presupuesto que se le asigna cada año de manera particularmente lenta y muy incompleta”.

“Las asignaciones de gasto aprobadas evidencian que la Inversión en Niñez y Adolescencia, la lucha contra la desnutrición infantil y el cierre de las brechas de cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, no son una prioridad presupuestaria para el Gobierno en 2021”, subraya por su parte el ICEFI.

“Particular rechazo” provocó también la partida destinada a los llamados Consejos Departamentales de Desarrollo, suma Teuwsen. Del monto de unos 3.400 millones de quetzales —que según el diario Prensa Libre duplicaría al de otros años como el 2012—, alrededor de 1.350 millones (más de un tercio) no se asignaron a ningún proyecto específico, precisa el observador alemán.

De ahí que casi todos los comentaristas locales hayan considerado estos fondos como “sobornos para persuadir a los parlamentarios de los distritos, que se beneficiarían particularmente de ellos, para que aprobasen la ley de presupuesto”, explica Teuwsen. Y el hecho de “que algunos alcaldes, también con asientos en el Congreso, defiendan por ello el presupuesto, solo ha aumentado la desconfianza y las críticas”, advierte.

En vez de a los necesarios programas sociales, “se asignó más presupuesto ahí donde no era necesario”, coincide la socióloga Isabel Messina, coordinadora en Guatemala de otra fundación política alemana, la Friedrich Ebert Stiftung (FES). Como asignaciones especiales se incluyen “aportes a oenegés desconocidas o cuestionables (…), un foco de abuso y corrupción”, donde ya antes se han mezclado organizaciones legítimas y espurias, advierte en este sentido el ICEFI.

Malestar acumulado

Como sea, este presupuesto es apenas “la gota que derramó el vaso de la crisis política” guatemalteca, advierte la socióloga Messina. Y se refiere sobre todo al malestar acumulado por la “cooptación del Estado”, que remite en el país a la cooptación del poder por una estructura criminal mafiosa, denunciada hace varios años por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Pero también está la actual crisis del COVID, “a la que se ha dado una respuesta poco satisfactoria, con muy poco recursos, a pesar de todos los préstamos que se aprobaron, porque las instituciones no los ejecutaron”, insiste Messina.

Para la coordinadora de FES Guatemala, incluso la más reciente decisión de archivar el plan de presupuesto “es una evidencia más del autoritarismo con que actúa esta administración”. Y advierte sobre la respuesta del presidente Giammatei y toda la comunicación oficial en torno a las manifestaciones del fin de semana. Habla de un “discurso de criminalización de la protesta como terrorismo”, al que hay que estar atentos, porque puede servir de “excusa para reprimir toda manifestación opuesta a las decisiones del Gobierno”.