A dos semanas del inicio de los Juegos Olímpicos, la seguridad pública en Río de Janeiro está comprometida, según organizaciones no gubernamentales, especialistas y la propia policía, que libra una verdadera guerra contra los narcotraficantes.

De hecho, la violencia se retroalimenta: en lo que va del año, han sido asesinados 62 policías y 206 fueron heridos por armas de fuego, de acuerdo con datos del diputado Paulo Ramos (PSOL), que preside la Comisión Parlamentaria de Investigación de Muertes de Policías de la Asamblea Legislativa del Estado (Alerj, por sus siglas en portugués).

Los policías han pasado a ser cazados de la misma forma que estos cazan a los criminales en sus operaciones en las favelas. Y ambos lados disparan con la intención de matar. A principios de mes, un informe sobre violencia policial publicado por la ONG Human Rights Watch mostró que, el año pasado, por lo menos 645 personas murieron a manos de la policía en circunstancias dudosas.

“La política de seguridad pública se basa en la eliminación del enemigo, siempre fue así”, dice Paulo Ramos. “Ahora sobre todo la policía militar está pagando un precio muy alto porque se trata de una política de exterminio, y ellos son los que están siendo cazados. Esto es un fracaso total de la seguridad pública”.

El historiador Marcos Bretas, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, concuerda con el diputado. “Tanto la policía como los criminales atizan la violencia. Si me enfrento a un enemigo terrible, también tengo que ser terrible, esa es la lógica. Lo perverso es que, desde los años 80, los criminales han tenido acceso a armas que no se prestan para combatir el crimen urbano, como armamento de combate, fusiles, granadas”, señala Bretas. “Y a la hora de enfrentarse a los criminales, la policía también quiere tener las mismas armas. Si usted entra a una favela con un fusil, la bala va a atravesar la pared, será una bala perdida. Eso no aumenta la eficacia de la policía, pero sí su poder destructivo”, agrega.

“Es un triunfo matar a policías”

Según Human Rights Watch, muchas de las muertes atribuidas a los policías en enfrentamientos son, en realidad, ejecuciones extrajudiciales. “La policía dispara contra personas desarmadas, contra personas que huyen y ejecuta con tiros de gracia a individuos que ya han sido reducidos”, indica el informe.

De acuerdo con el documento, la policía paga un alto precio por esas ejecuciones. Los asesinatos alimentan un círculo de violencia que pone en riesgo la vida de los agentes de seguridad que trabajan en áreas con altos índices de violencia, compromete su capacidad de trabajo y pone en riesgo a la sociedad en general.

La mayoría de las víctimas son policías que no están en servicio activo. Uno de cada seis muertos en crímenes de latrocinio (robo seguido de asesinato) son policías. “Hoy día, los delincuentes cazan a los policías, es un triunfo matar a un policía; la revelación de la identidad de un policía equivale a su sentencia de muerte”, afirma el presidente de la Coalición de la Policía Civil, Fabio Neira. “Hace 30 años, cuando entré a la Policía, era diferente: se perdonaba la vida a los policías”.

“De acuerdo con una ley de reestructuración de la Policía civil en vigor desde 2001, hoy día deberíamos tener 22 mil miembros”, apunta Neira. “No tenemos ni diez mil. En cambio, hay casi 50 mil policías militares. Esto es una desproporción”.

Los especialistas concuerdan en que la seguridad en las áreas centrales de los Juegos Olímpicos estará garantizada debido a la vigilancia adicional por parte de militares y agentes de seguridad nacionales. No obstante, tienen miedo por lo que pueda pasar en otras regiones. “Actualmente no logramos atender las demandas de la sociedad. ¿Cómo vamos entonces a poder responder demandas extraordinarias?”.