São Paulo, Rua da Consolacão, 21. Aquí, el padre Valdir Silveira no sólo consuela a las familias de los presos. También coordina el equipo de 800 personas que forman la Pastoral Carcelaria. La pastoral católica presta asistencia espiritual, y vigila que se respeten los derechos humanos de 144.000 reclusos en todo el Estado de São Paulo.

Desde que los miembros del PCC se revelaran en mayo, junio y julio, la Pastoral es una de las porcas organizaciones con acceso a las cárceles. Sus trabajadores y los voluntarios que con ellos colaboran se encargan de gestionar las reclamaciones y las demandas de los presos. Responden más de 700 cartas de reclusos al mes.

Por teléfono, el padre Silveira pregunta si un amigo de Alemania lo puede acompañar en una de sus “visitas pastorales” a la prisión. La voz al otro lado del aparato acepta. Es María da Penha Risola Dias, la directora de la cárcel de mujeres Santana, en el norte de la ciudad.

Sobrepoblación

La parada del metro queda cerca de la penitenciaría. La sala de control de visitas de Santana parece una obra por acabar, con las paredes por pintar y el suelo sin revestir. Pero el examen es exhaustivo. Luego hay que colgarse una tarjeta de identificación y pasar por el detector de metales.

La mochila, la cámara fotográfica, el teléfono móvil, se quedan guardados bajo llave en la entrada. Después de pasar por más de tres pesados portones de hierro, se vislumbran las primeras reclusas, vestidas todas de camiseta blanca y pantalón amarillo.

La directora tiene que marchar a una reunión. Seguimos caminando por algunos pasillos y espacios comunitarios. El ambiente es ruidoso. Las órdenes de los agentes se mezclan con las conversaciones de mujeres exaltadas, los gritos y los golpes de las puertas de hierro.

“La cosa está así desde hace días”, comenta una funcionaria. “Todos los días nos llegan más de 60 presas de otras penitenciarías. Estamos sobrepoblados. Tenemos capacidad para 2.400 reclusas y ya acogemos a 2.580”.

A través de una puerta entreabierta puede verse a las mujeres que acaban de llegar, tumbadas sobre viejos colchones de espuma, sosteniendo con las manos bolsas de plástico con sus pertenencias y con sus ropas envueltas en una sábana, a la espera de ser llamadas para que se les asigne un número de celda.

Basura humana

Tres presas empujan un carrito cargado de bolsas de basura. Al otro lado del ala, una presa se encuentra mal. Cuatro compañeras intentan ayudarla a caminar, pero pesa demasiado. A falta de camilla, la colocan sobre el carro de basura y la llevan a la enfermería.

Otra reclusa, que dice que es hipertensa, se agarra a los barrotes de la celda y grita. “¡Necesito un médico!” Una voz al fondo del corredor responde que tiene que pedir una cita. Las prisioneras empiezan a gritar con la enferma hasta el agente acepta que sea trasladada a la enfermería.

“El acceso a las celdas está hoy complicado”, advierte una funcionaria, “somos apenas cuatro agentes por cada 843 presas en este pabellón. Eso con una jornada de trabajo que va de las siete a las 19 horas y encima este ruido constante ¡Es para volverse loco!”. En el patio, algunas reclusas toman el sol.

Un desastre

Andréa Dias fue condenada a 18 años de cárcel por asesinato. Ha cumplido ya 11, la misma edad que tiene su hija. “Hace más de una semana que no tenemos agua en las celdas”, se queja la reclusa. “Dicen que es un problema del abastecimiento externo”.

A otras prisioneras no les gusta la comida: unas veces fría, otras amarga. Regiane Clementina da Silva, condenada a 10 años de cárcel por asalto a mano armada, lleva ya cinco en la cárcel. Hace un año, solicitó que se le aplicase el régimen semiabierto. “Pero hasta hoy no he recibido respuesta”, dice. “En el Estado de São Paulo hay más de 1.500 con derecho a régimen semiabierto, pero faltan plazas para acoger a más reclusos en esa condición”, afirma el padre Silveira.

Jelena Cvetkovia es serbia. Está presa desde hace dos años y medio en São Paulo, pero de la ciudad no ha visto mucho más que el camino del aeropuerto a la penitenciaría. Juntos con otras nueve personas fue detenida y condenada a cuatro años de cárcel por pertenecer a un grupo internacional que traficaba con drogas. Jelena critica la lentitud de la Justicia brasileña. “Mi proceso fue anulado hace meses, pero sigo detenida”, comenta.

Alrededor de 400 presas trabajan en las oficinas de la prisión Santana. Otras 200 son “asistentes del sector penal”. Así, logran cierta libertad de movimientos dentro de la cárcel y ayudan a los funcionarios. “Sin ellas no funcionaría nada”, asegura una agente. Jelena es una de las “asistentes”, pero opina que “la situación de la prisión es un desastre”.

Carandiru de mujeres

Inaugurada en diciembre de 2005, Santana ocupa un edificio del antiguo complejo de Carandiru, que ya fue el mayor presidio de América Latina. El dos de octubre de 1992, la policía militar de São Paulo irrumpió en el centro para sofocar una rebelión, matando a 111 presos. Esta masacre fue el punto de partida del PCC.

Hace cuatro años, Carandiru fue desmantelado. Pero el problema de la sobrepoblación en las cárceles persiste en São Paulo y en el resto de Brasil. La directora de Santana reconoce que la penitenciaría “no es muy agradable”. El problema del agua será resuelto en breve, asegura. Con 35 años de experiencia en el sistema penitenciario brasileño, la directora reconoce que “las condiciones en Santana no cumplen todas las expectativas de las reclusas. El Estado desea mejorar su situación, pero aunque lo hiciera en un 130%, ellas nunca estarían satisfechas. Son muy astutas”, dice.

Ya antes de la puesta en funcionamiento de Santana, los juristas advertían: “todo indica a que tendremos un 'Carandiru de mujeres'”