El Gobierno alemán aspira a conservar funcionando las centrales carboeléctricas del país reduciendo el daño ambiental provocado por las emisiones de anhídrido carbónico (CO2). El 1 de abril, el Gabinete de Gobierno en Berlín aprobó un proyecto de ley de CCS (Carbon Capture and Storage – captura y almacenamiento de carbono).

La CCS es una nueva técnica que permite aislar el CO2, comprimirlo y almacenarlo en depósitos subterráneos. Se calcula que la aplicación de CCS podría reducir las emisiones de carbono en hasta un 70 %.

En el proyecto de ley CCS se prevé un plazo de diez años para probar el método, para luego, en caso de resultados exitosos, implementarlo comercialmente.

Apoyo de las operadoras de centrales eléctricas

Según Sigmar Gabriel (socialdemócrata), ministro de Medio Ambiente alemán, de ser aprobada por las instancias legislativas, la nueva ley concedería a las operadoras de centrales carboeléctricas garantías para planear e invertir en fábricas modelo, para constatar si la técnica es eficaz en la práctica.

Las empresas RWE, Vattenfall y E.oN ven grandes posibilidades en la nueva técnica y anunciaron ya la construcción hasta 2015 de tres centrales piloto: en Hürth (Renania del Norte-Westfalia), Jänschwalde (Brandeburgo) y Wilhelmshaven (Baja Sajonia), cada una con una capacidad de 400 a 500 megavatios.

La Confederación de la Industria Alemana (BDI) espera que el proyecto de ley sea aprobado por el Parlamento antes de las elecciones generales en el país, el próximo 27 de septiembre.

Armonía de economía y medio ambiente

Gabriel observó que “las plantas carboeléctricas sólo tienen futuro si se reducen sus efectos perjudiciales para el clima”. El ministro de Economía, Karl-Theodor zu Guttenberg (socialcristiano), ve también perspectivas para el fortalecimiento del papel de Alemania en las tecnologías ambientales.

Los ministros debatieron durante semanas sobre los detalles del proyecto. Ahora, ambos aseguran que el proceso de almacenamiento no encarecerá la energía en el país, ya que los precios dependen de la cotización de los certificados de emisión de anhídrido carbónico.

Para cada país, la Unión Europea fija un límite máximo de emisiones para las plantas carboeléctricas. Cuando más elevadas son las emisiones, más cuestan los certificados, que se comercializan entre las empresas. Para proteger el clima, tampoco serán perjudicados los proyectos existentes de uso de la energía geotérmica, dijo Gabriel.

Escepticismo entre los ambientalistas

Los ambientalistas tienen grandes dudas con respecto a la nueva técnica CCS. Una de ellas es la responsabilidad por el aseguramiento de los depósitos subterráneos a largo plazo. La ley prevé que durante 80 años la responsabilidad sea de las empresas energéticas.

Luego de ese periodo, el riesgo pasaría a los Estados federados. Como garantía para las ocho décadas, las empresas depositarían un monto de dinero, aún no fijado. Las asociaciones de defensa ambiental temen que el gas no pueda ser almacenado herméticamente durante largo tiempo, lo que podría tener desastrosas consecuencias.

Las organizaciones ambientalistas alemanas DUH y BUND critican la insistencia en recurrir al carbón para generar energía, lo que demoraría la adopción de las energías renovables. Además, agregan, el Gobierno pasa a largo plazo los costos y riesgos a los contribuyentes, no dejándolos donde se originan, es decir, en las empresas energéticas. La Unión Europea clasifica por su parte la CCS expresamente como “tecnología de transición”.

Autor: AV/RW/ap/dpa/glp

Editora: Luna Bolívar Manaut