Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita son las acusaciones que pesan sobre María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, sindicados ambos como los principales sospechosos de estar tras la autoría intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

Según diversas informaciones publicadas este lunes (05.01.2014), Pineda fue derivada al penal federal de Nayarit, luego de estar sesenta días en el Centro Nacional de Arraigos de la Procuraduría General de la República (PGR). Ésta solicitó su arraigo durante 40 días, los que posteriormente fueron ampliados a otros 20, mientras duraba la investigación. Cumplido el plazo, se determinó derivarla al penal El Rincón de Nayarit.

Pineda fue detenida el 4 de noviembre pasado junto a su esposo en una vivienda de Iztapalapa, en un barrio popular del Distrito Federal, después de estar prófugos más de un mes. El exalcalde José Luis Abarca, por su parte, permanecerá recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrenta cargos por secuestro, delincuencia organizada y homicidio.

Piden más presión a Obama

Según las investigaciones, fue Abarca el que ordenó a policías municipales enfrentar a los estudiantes de la combativa escuela rural para maestros “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, para evitar que sabotearan un acto de su esposa. Los policías de Iguala los persiguieron y les dispararon, dejando seis muertos y 25 heridos. Luego se llevaron a 43 y, según testimonios de varios detenidos, los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que presuntamente los asesinó.

En el marco de este mismo caso, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que aproveche su reunión de este martes con su par mexicano, Enrique Peña Nieto, para exigirle “más seriedad” ante los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas, y que supedite la entrega de ayuda de la llamada “Iniciativa Mérida” para combatir el crimen organizado al respeto de los derechos humanos.

DZC (dpa, El Universal, EFE)