Apenas se conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que dice a Colombia que debe cesar de forma "inmediata" su interferencia en aguas nicaragüenses, la reacción del presidente del país sudamericano, Iván Duque, fue decir que su gobierno ratificaba "el mandato institucional de defender la soberanía e integridad de las islas” y que "en ningún caso la presencia de la Armada (colombiana) es amenaza del uso de la fuerza, como pretendió Nicaragua desde el inicio del proceso”. Es decir, que, en primera instancia, parecía no tomar nota del mensaje enviado por los jueces.

En entrevista con DW, el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998) aseguró que su país debió asumir un rol más proactivo en las negociaciones, y lamentó las declaraciones del actual mandatario. Asimismo, calificó de "errática" la estrategia del país sudamericano en la defensa de su postura ante la Corte Internacional de Justicia. DW habló con Ernesto Samper al respecto.

Deutsche Welle: ¿De qué forma se ve afectada la posición geopolítica de Colombia con esta sentencia?

Ernesto Samper: Es claro que Colombia es una esquina privilegiada, en la medida en que tiene acceso a las dos costas, a la del Pacífico y a la del Atlántico. La parte del Atlántico que le corresponde es el mar Caribe, de tal manera que la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados sobre el mar Caribe, que de alguna manera representa una de las zonas más estratégicas del hemisferio, la afecta en la propia defensa de su posición de avanzada estratégica de San Andrés y Providencia. En general, cualquier país al que le quiten mar o tierra ve menoscabada su importancia geopolítica.

¿Por qué es tan relevante para el país el control de las aguas en torno al archipiélago?

El archipiélago es un punto estratégico para las relaciones, no solo con Nicaragua, sino también con Panamá, Costa Rica, Honduras y Jamaica. De hecho, parte de la defensa colombiana consistió en hacer tratados de límites con estos países, excepto con Nicaragua. Sin embargo, la Corte de La Haya consideró que estos relacionamientos con terceros no podían ser utilizados como argumentos para invocar un derecho contra Nicaragua.

Tras conocerse la decisión de la Corte, usted emitió un comunicado llamando a negociar con Nicaragua y pidiendo al gobierno del presidente Duque que respetara los fallos.

Efectivamente. El fallo de 2012, que condenó a Colombia a perder esta parte tan importante de mar, fue considerado en 2014 por la Corte Constitucional de Colombia como un fallo de obligatorio cumplimiento, dados los compromisos internacionales adquiridos en relación con la jurisdicción de la Corte de La Haya, acordados a través de la firma del Pacto de Bogotá. En él, el país aceptó someterse a la jurisdicción de la CIJ en caso de diferencias con otros países de la región. Pero además, en esa misma sentencia, la 269, la Corte Constitucional de Colombia dijo que el camino para solucionar el problema era efectuar un nuevo tratado de límites con Nicaragua.

¿Ese es el paso necesario?

Claro. En el curso de esa negociación inclusive podría hablarse con Nicaragua sobre acuerdos parciales con relación a los derechos de pesca de los raizales, que quedaron prácticamente vulnerados con lo aprobado por la CIJ. Y también respecto con la defensa transnacional del banco de coral Seaflower, sobre el que tienen jurisdicción varios países del área. De tal manera que el camino para arreglar las cosas es simple y sencillamente sentarse a negociar con Nicaragua la definición de los nuevos límites y llevar este tratado, como lo prevé la misma Constitución colombiana, al Congreso de la República, para que sea refrendado, y así se pueda cambiar constitucionalmente el mapa de Colombia.

¿No legitimaría al gobierno nicaragüense, muy cuestionado a nivel internacional, si las autoridades colombianas abren negociaciones en estos momentos?

Las relaciones internacionales no se dan entre gobiernos, se dan entre Estados. Si la circunstancia de tener diferente origen ideológico, religión o etnia, fuera una circunstancia para celebrar o no tratados internacionales, no existiría normatividad internacional. Por esa misma razón, la ideologización de las relaciones internacionales es un error, porque reduce las relaciones al paso efímero de los gobiernos y a lo que ellos piensen respecto a determinados principios y valores. Precisamente esto es lo que se trata de evitar cuando se habla de que estos no son acuerdos entre gobiernos, que son pasajeros, sino entre Estados, que son permanentes.

La declaración del presidente Duque, que dijo que Colombia defenderá la soberanía de las islas y los intereses del país en el mar Caribe, ¿ayudan a calmar los ánimos, o son más bien un mensaje dirigido al electorado interno?

Es un mensaje dirigido totalmente a la opinión interna. Desde hace más de 20 años comenzaron las diferencias con Nicaragua, y hemos estado tirando el balón hacia adelante todo ese tiempo. Ningún gobierno ha querido comprometerse. El manejo ha sido totalmente errático en la defensa colombiana, y eso ha llevado precisamente al desequilibrio y a los fallos en contravía que hemos recibido en los últimos años. La posición que hemos sostenido con el expresidente Alfonso López Michelsen (1974-1978), estaba refrendada por un concepto que le pedí a un grupo de internacionalistas de todo el mundo cuando estuve en la presidencia de Colombia (1994-1998). Ellos señalaron que el peor escenario para defender los derechos de Colombia era dejarse llevar a la Corte de La Haya, y lo mejor era encontrar una buena negociación con Nicaragua.

¿Qué piensa usted que habría que hacer ahora?

A pesar de haber perdido 75.000 kilómetros cuadrados, y apoyado en razones constitucionales y políticas, creo que el asunto no es de discursos de retórica nacionalista, ni mucho menos de salir a matonear con la Armada colombiana a los barcos nicaragüenses, lo cual podría hacer estallar inmediatamente un conflicto, y en cualquier caso legitimaría que Nicaragua nos llevara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya con el apoyo de los dos fallos adversos a Colombia. El asunto ahora es tomar el camino de las soluciones previstas en la Constitución de Colombia, las que corresponden a un Estado de derecho que, a lo largo de todos estos años, ha sido respetuoso de la solución pacífica de controversias y de las salidas jurídicas a los conflictos. (cp)