En el estricto sentido que establece el derecho penal, el ex canciller alemán, Gerhard Schröder no puede ser tachado de corrupto. El socialdemócrata no violó ninguna ley cuando, unos meses después de su derrota en las elecciones parlamentarias de 2005, se convirtió en presidente del Consejo de Administración del gaseoducto Nord Stream. No obstante, su relación con este proyecto no deja de ser controvertida, opina el director alemán de la Organización Anticorrupción Transparencia Internacional (TI), Christian Humborg, en entrevista con DW.

El propio gaseoducto, que va desde Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico, ha recibido críticas de políticos, economistas y ecologistas. Schröeder apoyó el proyecto cuando todavía era jefe del Estado. Su contraparte por el lado ruso fue el actual presidente Vladimir Putin, a quien Schröeder consideraba “un demócrata intachable”.

El activismo de Schröeder aparece, en este caso, cuando menos como sospechoso, si se tiene en cuenta que el 51por ciento de las acciones de Nord Stream pertenecen al poderoso grupo ruso Gazprom, el mayor extractor de gas natural en el mundo. Una entidad descrita por el periodista de investigación Jürgen Roth como un "imperio siniestro", sustentado por estructuras mafiosas.

“Abuso de poder”

¿Qué tienen entonces que ver Schröeder y Nord Stream con la corrupción? En el sentido estricto, poco, pero en un sentido más amplio, al parecer, mucho. De hecho, Transparencia Internacional define corrupción como "el abuso de poder con fines de personales”.

Cada año TI, una organización que se financia con donaciones, publica un Índice de Percepción de la Corrupción. Se trata de una especie de medidor del grado de corrupción presente en la política y las instituciones públicas. Las conclusiones se basan, entre otras, en encuestas realizadas a empresarios nacionales y extranjeros. En este estudio, Alemania ocupa el puesto 14 entre los 183 países que han sido puestos a prueba.

Además de la clasificación habitual, TI ha efectuado por primera vez un estudio más exhaustivo de la corrupción europea. En 25 países, la organización ha lanzado lo que se denomina “Informe de Integridad”. En él, gobiernos, parlamentos, aparatos judiciales y partidos políticos han sido examinados con lupa. La pregunta gira ahora en torno a qué medidas pueden ser tomadas para frenar la corrupción. En este estudio, TI renuncia a las comparaciones entre países, como consecuencia de los diferentes mecanismos que regulan las instituciones públicas y privadas de cada uno de ellos.

Alemania ignora la Convención de Naciones Unidas

La organización anticorrupción analiza principalmente los puntos fuertes y débiles de las instituciones. En este sentido, Alemania dispone de un buen sistema de integridad. Para Transparencia Internacional este concepto tiene que ver con el grado de apertura y equidad del sistema económico y con la relación entre los ciudadanos y la política.

A pesar de la buena nota obtenida, la política alemana presenta todavía algunos déficits. Estos atañen especialmente al soborno de diputados. El párrafo 108e del Código Penal regula en Alemania “la corrupción y el soborno de los miembros del Parlamento”. De acuerdo con la legislación alemana, tan solo la compraventa de votos constituye un delito punible.

Naciones Unidas, no obstante, establece que hacen falta sanciones más contundentes. Así se indicó en la Convención de 2005, ratificada por 160 países entre los que no se incluye Alemania. Para adherirse a esta Convención, el Parlamento alemán debería cambiar la ley. La oposición socialdemócrata ha presentado un borrador con este fin, en el cual los diputados podrían ser castigados si hicieran uso de su cargo con fines extraoficiales durante el ejercicio de su mandato.

Donaciones a diputados

La coalición de conservadores (CDU/CSU) y liberales (FDP) que gobierna desde Berlín se resiste a un cambio de legislación. “Es escandaloso”, comenta el director de TI, Christian Humborg. Alemania “hace el ridículo" cuando anima a otros países a fortalecer sus campañas contra la corrupción, mientras que el propio país no ratifica la convención de 2005, añade. Humborg se muestra, sin embargo, optimista. Alemania no podrá seguir negándose a ratificar la Convención por mucho tiempo, opina.

Otro punto importante de la lista de déficits enumerada por Transparencia Internacional es la práctica de ofrecer donaciones a los diputados. Bajo las reglas actuales, los parlamentarios tienen la obligación de dejar constancia de aquellas donaciones que ascienden a más 10.000 euros, un tope que Humborg considera demasiado alto. Y es que, agrega el experto, no es difícil imaginar que estas donaciones ocurren a cambio de cierto tráfico de influencias.

Autor: Marcel Fürstenau / Nuria García Reche

Editora: Rosa Muñoz Lima