Todos sabemos que la vida no es justa. Sobre todo en época de impuestos. Para los particulares es un momento de papeleo, preocupaciones y desembolsos. La mayoría de los contribuyentes trabajan en un solo lugar y pagan sus impuestos ahí.
Para las grandes empresas también es un momento de papeleo y preocupaciones. Sin embargo, a menudo trabajan en varios países y pueden intentar mover las ganancias al extranjero a la búsqueda de ventajas fiscales. En muchos casos, se salen con la suya. Las lagunas legales han permitido a muchas empresas estadounidenses evitar muchos impuestos durante los últimos 40 años ya que, en todo el mundo, los impuestos corporativos han estado cayendo durante años.
Crear un protocolo universal para evitar que las empresas busquen una jurisdicción fiscal satisfactoria no es una idea nueva. En respuesta a la creciente presión por establecer un impuesto a los servicios digitales que ofrecen grandes empresas tecnológicas como Google y Facebook, que venden bienes y servicios en todo el mundo, la OCDE ha estado tratando de llegar a un consenso sobre cómo hacerlo. Y dónde.
En las conversaciones se ha barajado la opción de un impuesto mínimo internacional para las empresas. Hasta ahora, no se ha podido llegar a un acuerdo, para lo que haría falta un gran impulso.
La pandemia de coronavirus ha llevado al mundo a una encrucijada. La economía global ha estado en una montaña rusa durante el último año. Millones de personas han sido despedidas, o han tenido que cerrar sus negocios de forma permanente. Millones se encaminan hacia la pobreza. Los gobiernos están desesperados por conseguir liquidez. Así que los titulares que anuncian que las grandes multinacionales como Nike y FedEx están evitando el impuesto federal sobre los beneficios no están sentando bien. Y no deberían.
Como un aparato de relojería, las empresas emitirán declaraciones tranquilizadoras diciendo que "cumplen con todas las normas estatales, federales e internacionales". El hecho de que los reembolsos, las deducciones o las exenciones sean legales no los convierte en correctos, especialmente en un momento de enorme sufrimiento humano y de una deuda mundial histórica.
Una carrera hacia el fondo
En los Estados Unidos, en busca de liquidez para compensar los enormes gastos provocados por el COVID-19, la administración Biden acaba de anunciar que aumentará la tasa del impuesto a las corporaciones del 21% al 28%, y prometió un impuesto mínimo nacional para reducir a quienes no pagan nada. Este es un cambio bienvenido. Ahora debe hacerse cumplir. Las autoridades fiscales deben contar con la financiación y los medios adecuados.
Sin embargo, la evasión de impuestos corporativos es un problema mucho más amplio, y el lunes (05.04.2021) la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, señaló que estaba harta de conversaciones interminables. Ella agarrará el toro por los cuernos y llevará el tema a sus colegas del G20 para encontrar una solución.
"También debemos salir de 30 años de carrera bajista en las tasas de impuestos corporativos. Se trata de asegurarnos de que los gobiernos tengan sistemas impositivos estables que generen ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y de que todos los ciudadanos compartan de forma justa la carga de financiar al gobierno", escribió en Twitter.
Yellen tiene razón. Estados Unidos no solo mira a sus propias compañías, sino que el plan es impulsar un impuesto mínimo global para evitar que las empresas vayan a otros países en busca de impuestos más bajos.
No importa dónde las empresas afirmen tener su sede, tendrán que pagar. Se refiere a países como Irlanda y paraísos fiscales en el Caribe y Europa. También apunta a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses que envían "royalties" a todo el mundo, independientemente de dónde ganen realmente el dinero.
Incentivos para la no competencia fiscal
Será un trabajo duro para Estados Unidos, y Yellen sabe que el país no puede hacerlo solo. "La credibilidad en el extranjero comienza con la credibilidad en casa", escribió. Actualizar el código fiscal de Estados Unidos será una señal para los demás. Es, como mínimo, un acertado primer paso.
No va a ser fácil convencer a otros países de que renuncien a su ventaja competitiva aumentando los impuestos. Si no, los países reacios podrían ser sancionados, siendo excluidos de hacer negocios en Estados Unidos, o del sistema bancario estadounidense, dificultándosele el acceso a los dólares para hacer negocios.
Las empresas se quejan del actual pobre crecimiento y de la fatiga por la pandemia. Para ellas, no es el momento de cambiar las reglas. Tanto un impuesto mínimo en casa como una versión global podrían obligarlos a pagar más que las empresas extranjeras. Aunque un vistazo rápido a los libros de contabilidad históricos muestran que las empresas, hasta ahora, se han ido adaptando bien.
Incluso si los impuestos fueran más altos en Estados Unidos, eso podría verse como el costo de hacer negocios en la economía más grande del mundo. Un gasto que la mayoría de las empresas pagaría probablemente al final con mucho gusto.
Los países más pobres también podrían beneficiarse al no tener que ofrecer tasas impositivas bajas para atraer a las empresas. Un estándar global común ayudaría a llenar sus exiguas arcas públicas. Incluso para los países ricos, ingresos fiscales adicionales y constantes serían bienvenidos en estos momentos.
Sin embargo, para que cualquier regulación internacional funcione, la mayoría de los países del mundo deberán adoptar y comenzar a hacer cumplir la ley al mismo tiempo. Una manzana podrida podría arruinar el pastel. Todavía estamos al comienzo de largas negociaciones. Estados Unidos debe tomar la iniciativa. Será una batalla cuesta arriba; lo más difícil será establecer una tasa impositiva aceptada por todos. No obstante, merece la pena dar la batalla para crear un campo de juego nivelado. Uno que puede hacer la vida un poco más justa para todos.
(lgc/cp)