El primer aniversario del asesinato de la activista Berta Cáceres visibilizó el caso de nuevo. Una serie de trabas pone en duda la real posibilidad de que haya justicia. DW conversó con la hija de la dirigente asesinada.
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Retraso y falta de pruebas. Esas son las causas de la suspensión de la audiencia preliminar de cinco de los ocho imputados en el caso del asesinato de Berta Cáceres en el Juzgado de Letras de Tegucigalpa, que debía llevarse a cabo el pasado 19 de abril y que finalmente se celebrará el próximo 24 de mayo. La parte acusadora, representando al Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y a la familia, solicitó la anulación de audiencia ya que “el Ministerio Público no entregó la documentación que sustenta las pruebas centrales de la acusación, a pesar de que la petición de acceso anticipado a dicha información se viene haciendo desde hace meses”, señaló el Copinh en un comunicado.
“Esta audiencia tenía el objetivo de formalizar los hechos objetos de juicio que, de ir mal planteados, no podrán ser modificados hasta que haya sentencia, por tanto hacer una audiencia mediocre pone en peligro todo el proceso de búsqueda de justicia”, agregó el colectivo indígena.
Para la hija de Cáceres, Berta Zúñiga Cáceres, “se está esperando a que pase el tiempo, que baje la presión internacional para dar la libertad a los detenidos”. Por este motivo, criticó la falta de “contundencia” en la investigación que “no tiene una óptica integral de acusar a las empresas y a la responsabilidad del Estado”. Por ello, a su juicio, “hay muchas posibilidades de que el crimen quede en la impunidad”.
Solidaridad internacional
El asesinato desató diversas reacciones políticas a nivel internacional. Mientras en Europa, diputados alemanes reclamaron al gobierno que presione a su par hondureño a favor de la creación de una comisión internacional que investigue el caso, Estados Unidos fue más allá y una cincuentena de congresistas solicitó suspender la ayuda de seguridad a Honduras hasta que se resuelva el crimen. Zúñiga reconoció el “gran impacto” de la llamada "Ley Berta Cáceres" por los derechos humanos, “ya que realmente está poniendo presión sobre el gobierno de Honduras a mostrar resultados”.
En este sentido, hay que recordar que el gobierno hondureño pidió al Alto Comisionado de Derechos Humanos (Acnudh) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) asesorar la investigación sobre el crimen. No obstante, el Copinh reclamó la creación de un grupo independiente designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue el caso. “El Alto Comisionado puede acompañar y hacer observaciones, pero muy limitadas. La única instancia de los derechos humanos es la Comisión Internacional de Derechos Humanos”, aclaró Zúñiga. “La idea era replicar al grupo de investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, hacer observaciones críticas y tratar de avanzar en la investigación”. Sin embargo, “el gobierno de Honduras nunca aceptó la participación del grupo independiente".
Por este motivo, se creó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas que pretende ampliar la mirada del caso para que “no se trate sobre el asesinato como tal, sino como un patrón de ataque al Copinh, por su lucha, por su trabajo y ver el tema de la participación de empresas, la responsabilidad del banco y la responsabilidad de funcionarios del Estado”.
Asimismo, el colectivo indígena denunció las irregularidades que se están produciendo, como el robo del expediente judicial del caso a una magistrada. “Entre las irregularidades que ha tenido el proceso, ésta constituye una de las más grandes, porque no sabemos a qué manos va a parar toda esa información. Todo el manejo, tan irregular, de la investigación conduce a la impunidad”, aseguró.
Suspensión, pero no cancelación
Los bancos de desarrollo FMO, de Holanda, y FinnFund, de Finlandia, suspendieron todos los fondos destinados al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y anunciaron su salida del mismo. La empresa china Synohydro también se retiró de esta iniciativa empresarial, en la que se prevé el suministro de turbinas por parte del consorcio alemán Voith Hydro, cuyos trabajos han sido paralizados.
“Hay una suspensión porque no se ha cancelado de manera definitiva el contrato entre los bancos, el proyecto y la empresa promotora hondureña Desarrollos Energéticos (DESA). En cualquier momento, si lo decidieran, podrían desembolsar la segunda parte de los montos que acordaron con la empresa”, recordó la hija de Cáceres. La empresa hondureña tiene una concesión de 50 años y puede “buscar nuevos financiadores para desarrollar el proyecto”, subrayó. El Copinh reclama la cancelación definitiva del proyecto, ya que “implica quitar la concesión que tiene la empresa”. “Está esperando a que baje la tensión internacional y nacional para poder reactivarlo”, consideró Zúñiga, apuntando que con el trabajo, a nivel de influencia, que está llevando en las comunidades “no tiene intenciones de parar el proyecto hidroeléctrico”.
Violencia que no cesa
Al asesinato de la dirigenta se le sumaron los de los activistas Nelson Noé García y Lesbia Janeth Urquía. Igualmente, el pasado mes de octubre se produjeron intentos de asesinato del coordinador general del Copinh, Tomás Gómez Membreño, y otro de sus miembros, Alexander García. Zuñiga Cáceres criticó las medidas de seguridad del colectivo y las calificó de “precarias”.
“El Estado no hace una propuesta que responda al contexto de agresiones contra el Copinh y creemos que para evitar más muerte es necesario romper el clima de impunidad que hay. En Honduras uno mata a una persona y no va a pasar nada”, lamentó. Así, recordó que “se mantienen las mismas condiciones estructurales que propiciaron el asesinato de su madre: los medios de comunicación siguen criminalizando al Copinh y las autoridades de Honduras no hacen absolutamente nada. De esta forma se crea el ambiente que permitirá los asesinatos”, concluyó.
Tus derechos como humano
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es válida para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Pero aún queda un buen trecho por andar hasta que la Declaración sea aplicada a escala mundial.
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Los mismos derechos para todos (Artículo 1)
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el 10. de diciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. La declaración formula una idea clara, pero para que sea realidad en todo el mundo queda aún un largo camino por andar.
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Tener derechos y ejercitarlos (Artículo 2)
Todos los derechos y todas las libertades son valen para todas las personas, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Sin embargo no es posible reclamar estos derechos de manera internacional.
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Derecho a la vida y a la libertad (Artículos 3,4,5)
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” (3) “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre.” (4) “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” (5) Amnistía Internacional ha recibido en los cinco últimos años informes sobre la tortura y el maltrato en 141 países.
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Igualdad ante la ley ( Artículo 6 hasta 12)
Todo ser humano tiene derecho a una juicio justo y derecho a igual protección de la ley (6, 8, 10, 12). Tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad (11). “Todos son iguales ante la ley” (7) y “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” (9). Según Amnistía Internacional ha habido en 80 países juicios injustos.
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Nadie es ilegal (Artículos 13, 14, 15)
“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.” Todo individuo tiene el derecho de salir de un país (13). “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” (14). “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad” (15). Hay un mínimo de 10 millones de personas apátridas, dice la ACNUR.
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Protección ante un matrimonio forzado (Artículo 16)
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante y en caso de disolución del matrimonio. “Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio” (16.2). La familia ha de ser protegida ante el Estado y la socidedad. Según Unicef hay más de 700 millones de mujeres en matrimonios forzados.
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Derecho a la propiedad (Artículo 17)
“Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.” La realidad: muchas personas pierden hoy en día el derecho a la propiedad solo por no tener los papeles en regla. Y solo con el objetivo de ceder el terreno para edificar casas, expandir ciudades, extraer recursos o construir una presa de agua como en Brasil.
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El derecho a la libertad de expresión (Artículos 18, 19, 20)
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” (18). “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” (19). “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas” (20). Hoy en día hay más de 350 millones de periodistas y activistas online en prisión, según calcula la organizacón Reporteros Sin Fronteras.
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El derecho a participación (Artículos 21, 22)
“Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” (21). ”Toda persona tiene derecho a la seguridad social, y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad" (22). Las mujeres en Arabia Saudí votarán por primera vez en las elecciones municipales del 2015.
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Derecho al trabajo (Artículos 23 y 24)
“Toda persona tiene derecho al trabajo.” “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.” “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria” (23). “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre” (24). Según la Organizacón Internacional del Trabajo hay más de 200 millones de personas sin trabajo.
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Una vida digna (Artículo 25)
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.” “ La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.” 2.000 millones de personas sufren de desnutrición, más de 800 millones del hambre.
Imagen: picture-alliance/dpa
El derecho a la educación (Artículo 26)
“Toda persona tiene derecho a la educación.” La educación primaria debe ser obligatoria y gratuita para todos. “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos”. Más de 780 millones de personas son analfabetas, según el Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos de la UNESCO.
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Derecho al arte y a las ciencias (Artículo 27)
“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico." "Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales" La reproducción digital ilegal viola este derecho. Muchos autores denuncian la falta de protección de sus derechos en la era del internet.
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Derechos indivisibles (Artículos 28, 29, 30)
“Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades se hagan plenamente efectivos” (28). “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad” (29). Nadie podrá interpretar la declaración para suprimir los Derechos Humanos. (30). Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas han firmado la Declaración de los Derechos Humanos.