El tema levanta polvoreda por todo el continente: las propuestas de Chile y República Dominicana para despenalizar el aborto son controvertidas. Aún está fresca la tinta del titular del caso de la niña paraguaya violada por su padrastro a quien no se le permite un aborto.Las 17 mujeres condenadas a 40 años en El Salvador han sido motivo de una intensa campaña internacional liderada por Amnesty International y Cooperacció de Barcelona.

Sobre todos estos casos se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Mujeres, que amparada en la Convención De Belem do Pará (1994), tiene un mecanismo que hace seguimiento a las obligación contraídas por los Estados de asegurar la integridad de las mujeres.

“Paraguay y Chile siguen estando en deuda. República Dominicana ha abierto posibilidades. Insistimos en la necesidad de que despenalicen el aborto por lo menos en cuatro supuestos: violencia sexual, peligro de vida de la madre, incesto e inviabilidad del embarazo”, explica a DW Luz Mejía, ejecutiva de la Comisión.

Si bien heterogéneos, la experta acredita avances sustanciales en cuanto a legislaciones protectoras. Pero “entre las legislaciones y las realidades del día en América Latina hay una brecha”, apunta.

Realidades agresoras

“En Perú sólo en 2013 hubo más de 17.000 denuncias de agresiones sexuales, el 70% son niñas y adolescentes. El 76% son agresores familiares. El embarazo involuntario es causa de del 56% de suicidios adolescentes y del 26% de muerte materna”, dice Liz Meléndez, de la plataforma Flora Tristán. Ésta promueve una ley -paralizada en el Congreso- que permitiría un aborto legal en caso de violación.

“En Guatemala, en 2014 nacieron 70.000 bebés de madres entre 10 y 19 años. 20.000 son de madres entre 10 y 14 años. Está considerado como delito, no obstante no hay ni una sola condena. Aunque el aborto terapéutico es legal, para esas niñas no aplica y no hay ningún programa que las apoye”, cuenta a DW Maya Alvarado, Directora de la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala.

Diagnóstico de la OEA

“El Salvador no sólo lo prohíbe sino que su persecución virulenta lleva a casos como el de una mujer con aborto espontáneo que muere en la cárcel con cáncer uterino. Si bien en Nicaragua hay prohibición, tiene protocolo de atención. Hemos sido contundentes: las penas son desproporcionadas”, dice Mejía subrayando su trabajo con las organizaciones de mujeres que dan seguimiento a las correspondientes políticas estatales.

Ante la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, diversas plataformas activistas (European Women Lobby, Grupo Sur, CIFCA, Oxfam, Fundación Heinrich Böll) se dan cita en Bruselas para recordar que una de sus tareas es aunar esfuerzso “para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas incluida la violencia sexual”.

“Con la UE y la CELAC se trata ahora de integrar el trabajo que hemos venido haciendo en la OEA, para que los Estados puedan dar respuestas a sus desafíos”, explica Mejía, en cuya opinión “en los países que existe total penalización del aborto, hay casos equiparables a la tortura. El comité contra la tortura de la ONU concuerda: es una clara violación al derecho a vivir en un mundo libre de violencia”.