Un escándalo de grandes proporciones sacude al Parlamento Europeo. Cuatro personas fueron detenidas, acusadas de "participación en una organización criminal, lavado de dinero y corrupción”. Entre ellas se cuenta la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, removida entretanto de esa función, bajo la sospecha de haber recibido sobornos de Qatar.

Alimentan dicha sospecha sus encendidos discursos a favor de ese emirato en el Parlamento Europeo, el haber votado en asunto relacionados con ese Estado en comisiones a las que no pertenecía y haber acudido a varios eventos no registrados en ese país.

En una declaración publicada en línea, la misión diplomática de Qatar ante la UE afirmó que las acusaciones carecen de todo fundamento.

Entretanto, expertos de la UE se preguntan si las medidas anticorrupción existentes son suficientes. Jacob Kirkegaard, del German Marshall Fund, considera que cuando la formulación de políticas es tan compleja como en la UE, se vuelve más fácil la compra de influencias. "Se puede comprar un vicepresidente del Parlamento Europeo por 600.000 euros. ¿Realmente son tan baratos?" se pregunta en conversación con DW.

"Está claro que se trata de una mujer que no tenía miedo de que la pillaran. Eso indica que cualquiera sean las medidas y procesos del Parlamento Europeo, no tienen ningún efecto disuasorio", dice.

Medidas de transparencia

La UE tiene una base de datos, en la cual ONG, consultores, obras de beneficencia y cualquier otra organización que quiera ejercer influencia debe registrarse. Todos los inscritos en este Registro de Transparencia están obligados a declarar sus presupuestos, así como las donaciones superiores a 10.000 euros (unos 10.545 dólares) en el caso de las ONG.

Sin embargo, resulta significativo que la ONG Lucha contra la Impunidad, que está en el centro del actual escándalo de corrupción, no figure en el registro. Su presidente, el ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, también está detenido. Y la ONG en cuestión comparte oficina con la organización italiana sin ánimo de lucro No Peace Without Justice, cuyo director fue detenido igualmente.

"Con las lagunas del sistema, esto tenía que ocurrir", dijo a DW por su parte Paul Varakas, presidente de la Sociedad de Profesionales de Asuntos Europeos (SEAP), que ayuda a los grupos de presión a inscribirse en el Registro de Transparencia.

En 2021, los diputados del Parlamento Europeo se negaron a aplicar el principio de "condicionalidad estricta" vinculado al Registro de Transparencia, que los habría obligado a reunirse únicamente con grupos de presión registrados. También rechazaron una propuesta que los obligaba a revelar todas sus reuniones.

Inmunidad parlamentaria

Los miembros del Parlamento Europeo gozan de inmunidad. En consecuencia, no pueden "ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones".

Sin embargo, esto no rige "cuando un diputado sea hallado en flagrante delito y no impedirá que el Parlamento Europeo ejerza su derecho a suspender la inmunidad de uno de sus diputados."

Los eurodiputados tienen derecho a solicitar el mantenimiento de su inmunidad, pero la oficina de prensa del Parlamento Europeo dijo que hasta ahora Eva Kaili no había presentado ninguna solicitud de ese tipo. Tampoco los jueces que investigan el caso han solicitado el levantamiento de la inmunidad.

"Si no hay una petición de retirada de la inmunidad, eso sugiere que el juez ha llegado a la conclusión de que se cumplen los criterios para que la inmunidad no siga operando", dijo el portavoz del Parlamento Europeo Jaume Duch en Estrasburgo.

(ers/cp)