Podría ser el mayor caso de soborno descubierto en la historia judicial de Ucrania. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAP) arrestaron el 16 de mayo al presidente del Tribunal Supremo, Vsevolod Knyazev, y a otro representante del tribunal, cuyo nombre no se ha facilitado, por estar presuntamente involucrados en una trama de corrupción, al recibir unos 2,7 millones de dólares a cambio de favores judiciales.

Si son declarados culpables, se enfrentan a penas de entre ocho y doce años de cárcel. Según el director de la NABU, Semen Krywonos, en el caso están implicados jueces, la cúpula del Tribunal Supremo e intermediarios del grupo de empresas "Finanzas y Crédito", propiedad del empresario ucraniano Kostjantyn Shevago, que actualmente se encuentra en el extranjero.

Destitución del presidente del Tribunal Supremo

Mientras tanto, el Tribunal Supremo convocó una reunión en Kiev el 16 de mayo, en la que los jueces se declararon "consternados". Se comprometieron a actuar de acuerdo con el "principio de autodepuración" y a tomar todas las medidas necesarias.

Además, 140 de los 142 jueces presentes expresaron en votación secreta su desconfianza en el presidente del tribunal, Vsevolod Knyazev. Hasta que se elija un nuevo presidente, Dmytro Luspenchyk, el juez con más antigüedad en el cargo, desempeñará las funciones.

Esperanza de más reformas

"Me sorprende la cantidad de gente que se asombra de que haya sobornos en el Tribunal Supremo. En el Consejo Social para la Integridad, que ha seguido de cerca la dotación de personal del Tribunal Supremo, siempre lo hemos señalado, ya en 2017", subraya el director de la fundación ucraniana DEJURE, Mychajlo Shernakov, en entrevista con DW.

Shernakov recuerda que el Consejo Social se había quejado durante mucho tiempo de la falta de integridad entre los jueces, pero la entonces Comisión Suprema de Calificación de Jueces de Ucrania, que decide los nombramientos para el tribunal, no quiso verlo.

Kateryna Ryzhenko, de Transparencia Internacional Ucrania, cree que el caso Knyazyev es un duro golpe para Ucrania, también en términos de reforma judicial. "Yo no diría que es el fin de las reformas, ya que este caso es un indicador positivo de la labor de las autoridades anticorrupción del país", declaró a DW. Según ella, las autoridades investigan, a pesar de la guerra de Rusia contra Ucrania, y no temen tomar medidas, incluso contra personas de alto rango, como los jueces del Tribunal Supremo. "Este es exactamente el sistema de pesos y contrapesos del que llevamos años hablando", explica Ryzhenko.

En su opinión, a la vista del reciente caso de soborno, debería revisarse de nuevo el procedimiento de selección de los jueces del Tribunal Supremo. "Esta es otra confirmación de que las reformas, especialmente la reforma judicial, deben continuar", subrayó Ryzhenko.

La independencia de los tribunales también desempeñaría un papel muy importante en la reconstrucción del país tras la guerra. "Esto es lo que espera la sociedad del país, pero también nuestros socios extranjeros. Si queremos grandes inyecciones financieras internacionales para la reconstrucción, entonces tenemos que demostrar que nuestro poder judicial es capaz de castigar todas las violaciones de quienes acaparan codiciosamente las grandes sumas de dinero que llegan a Ucrania."

(gg/ms)