El pasado octubre, las autoridades brasileñas liberaron a 16 ciudadanos paraguayos, obligados a trabajar en condiciones de esclavitud en una fábrica clandestina de cigarrillos, en Río Grande do Sul. Casi un año antes, en noviembre de 2020, también en Brasil, las autoridades rescataron de la casa de un profesor universitario a Madalena Gordiano,  una mujer afrobrasileña sometida a condiciones de esclavitud por 38 años, desde sus 8 hasta sus 46 años de edad.

En septiembre de ese mismo año, más de 600 profesionales cubanos de la salud denunciaron las “condiciones de esclavitud” bajo las que su Gobierno los contrataría en el exterior, avalados por lapidarios informes de la ONU y Human Rights Watch (HRW).

En febrero de 2019, la Defensoría del Pueblo de Ecuador reveló un "grave caso de esclavitud moderna" que había afectado por décadas a más de 450 obreros de la empresa de capital japonés Furukawa Plantaciones C.A., y a sus familias, en su mayoría afroecuatorianos. Este abril, un juez constitucional sentenció a la abacalera a indemnizar a más de 100 exempleados y a ofrecer disculpas públicas, algo que también debe hacer el Estado. En octubre, la Fiscalía General levantó cargos contra un gerente y dos exgerentes de la empresa.

Más de 40 millones de personas en todo el mundo

"Erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas“ para 2030, así como “poner fin al trabajo infantil en todas sus formas" hasta 2025, son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por todos los Estados miembros de la ONU en 2015, incluidos, por supuesto, los latinoamericanos.

Se trata de metas ambiciosas, pues más de 40 millones de personas en todo el mundo aún siguen siendo víctimas de esclavitud moderna, según el más reciente Índice Global de la Esclavitud (GSI, por sus siglas en inglés), publicado en 2018 con datos de 2016, por la iniciativa Walk Free de la Fundación Minderoo, en colaboración con la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

El término esclavitud moderna incluye situaciones en las que a una persona se le priva —mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño— de su libertad para controlar su cuerpo, elegir o rechazar un empleo, o dejar de trabajar.

Mujeres y niñas: las más afectadas

La cifra contiene a más de 15 millones de personas atrapadas en matrimonios forzados y a unos 25 millones en el trabajo forzoso. De estas últimas, 16 millones son víctimas de explotación laboral forzada en el sector privado (trabajo doméstico, construcción y agricultura). Poco más de 4 millones (un 16 por ciento del total), son víctimas del trabajo forzoso impuesto por autoridades del Estado. Y unos 5 millones, de la explotación sexual forzada.

Además, las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por esta lacra, llegando a representar un 71 por ciento de las víctimas de trabajo forzoso (el 99 por ciento en la industria del sexo comercial y el 58 por ciento en otros sectores). Al mismo tiempo, más de 150 millones de niños y niñas (casi uno de cada diez) se hallan sujetos al trabajo infantil en todo el mundo.

De acuerdo con el más reciente análisis de la ONG Global Human Rights Defence (GHRD) sobre la trata de personas en América Latina, mientras los hombres normalmente son objeto de trata para trabajos forzados en talleres clandestinos, venta ambulante, fábricas y agricultura, a las mujeres se las trafica para el servicio doméstico y las industrias del sexo. A los niños, por otra parte, se les destina al comercio sexual, la mendicidad, minas, fábricas, mano de obra agrícola, matrimonios tempranos y adopción, entre otros.

Una característica particular que comparten estas víctimas —destaca el análisis de GHRD— es la pertenencia a poblaciones vulnerables, marginadas y generalmente racializadas, que sobreviven en condiciones de pobreza extrema. Y, entre ellos, destacan frecuentemente las madres solteras y los niños. Todos, en busca de oportunidades laborales poco calificadas.

¿Menor problema en las Américas?

Estas situaciones de esclavitud moderna se registran en todas las regiones del mundo. Sin embargo, los datos del GSI y la OIT apuntan a su prevalencia, en general, en África (7,6 de cada mil personas), seguida por Asia y el Pacífico (6,1), Europa y Asia Central (3,9) y, por último, los Estados Árabes (3,3) y las Américas (1,9). Pero estas cifras deben interpretarse con precaución, advierte la OIT, porque justamente en regiones como los Estados Árabes y las Américas falla la disponibilidad de datos.

Como sea, en el continente americano hay al menos 1,9 millones de víctimas de esclavitud moderna, de las que alrededor de 417.000 son menores de 18 años. El índice destaca una mayor proporción de casos en Venezuela (con 174.000 víctimas, 5,6 por cada mil personas), Haití (59.000 víctimas, 5,6 por cada mil) y República Dominicana (42.000 víctimas, 4 por cada mil). Aunque, en términos absolutos, los países con más casos de esclavitud moderna serían Estados Unidos (403.000), Brasil (369.000) y México (341.000).

Adicionalmente, GHRD cita a Colombia como "una de las principales fuentes de mujeres sometidas a trata de personas en América Latina, siendo considerado un país de tránsito y destino de niños, hombres y mujeres sometidos a explotación sexual, violaciones de derechos humanos y trabajo forzoso".

Por si fuese poco, la pandemia

Contra todo optimismo, es necesario destacar que todos estos son datos anteriores a la actual pandemia mundial de coronavirus. "Las graves consecuencias socio-económicas de la pandemia de COVID-19", en la que el mundo lleva sumido casi dos años, hacen suponer un notable aumento del problema, advirtió hace más de un año el Relator Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata.

Las estimaciones disponibles serán actualizadas en breve, adelanta a DW Pablo Diego-Rosell, colaborador de Walk Free y consultor sénior en la encuestadora Gallup, que logró mantener el levantamiento de datos pese a la pandemia, pasando de entrevistas cara a cara a telefónicas. Con las estimaciones cuantitativas aún en trámite, los datos cualitativos ya accesibles indican que la pandemia ha tenido "efectos complejos" pero "claramente negativos" sobre la esclavitud moderna en la región.

"Algunas víctimas adquirieron mayor capacidad de negociación respecto a sus condiciones debido a la escasez de mano de obra en algunos sectores. Otras, fueron liberadas debido al cierre de amplios sectores de la economía” y es posible que su situación se haya tornado aún más desesperada ante la ausencia de alternativas de empleo, comenta Diego-Rosell. En general, la vulnerabilidad de muchas víctimas aumentó debido al "mayor aislamiento, exposición a la enfermedad o mayor explotación para suplir la escasez de mano de obra", resume.

Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OIT han destacado repetidamente el aumento de la pobreza (en 7 puntos porcentuales), el empleo informal, la desigualdad y la desprotección social que se han producido debido a la pandemia en la región. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), casi 60 millones de personas padecieron hambre en 2020 en América Latina y el Caribe (un 30 por ciento más que en 2019 y el mayor nivel en 20 años). Y, coincidentemente, países como Haití y Venezuela, además de Nicaragua, son los de mayor prevalencia del hambre en la región.

Ninguna de estas evaluaciones y cifras indica que América Latina pueda acercarse pronto a las metas abolicionistas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues, como recalca la OIT, la vulnerabilidad económica es la principal causa de la esclavitud moderna. Quizás por eso, también los últimos informes del Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud se dedican a los nexos entre migración, COVID-19 y esclavitud moderna.

Como ejemplo de los esfuerzos que deben ser apoyados y promovidos, la OIT ha destacado en el pasado el caso de Brasil, "con una amplia estrategia para enfrentar el trabajo forzoso". Según datos revelados por las autoridades brasileñas en enero pasado, en medio de la pandemia de coronavirus, 942 personas fueron rescatadas en operaciones de combate al trabajo en condiciones de esclavitud moderna en 2020.

Pero aún queda mucho por hacer. Por eso, el Relator Especial de la ONU insiste en solicitar a los Estados de la región y del mundo, que identifiquen a quienes están más expuestos a trabajar en condiciones de explotación y mejoren su protección, mediante políticas de ayudas: "Si no se adoptan medidas a este respecto, existe el riesgo de que un número considerablemente mayor de personas sean relegadas a la esclavitud ahora y a largo plazo".

(ers)