El gobierno de España dio este martes el primer paso para la derogación de la Jurisdicción Universal, un principio por el que sus tribunales tienen abiertas una docena de causas por crímenes de lesa humanidad, genocidio y torturas cometidos en otros países.

La mayoría absoluta del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados impuso el inicio de la tramitación de una reforma exprés que entrará en vigor previsiblemente antes de dos meses y llevará al archivo de la mayoría de las causas de lesa humanidad en la Audiencia Nacional. Toda la oposición votó en contra.

El Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición, adelantó que acudirá al Tribunal Constitucional si sale adelante, algo que es más que previsible.

"Retroceso jurídico"

Asociaciones de jueces y fiscales y organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional denuncian un retroceso en la lucha contra la impunidad. Y afirman que la reforma se hace por presión diplomática de países poderosos ante la persecución de ex altos cargos, la última por parte de China.

El PP, sin embargo, considera que la aplicación actual de la Justicia Universal provoca "disputas inútiles que solo generan conflictos diplomáticos", según dijo su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso.

Cuando entre en vigor, la Justicia española solo podrá investigar los crímenes de lesa humanidad si los responsables son españoles o extranjeros que viven en España o cuya extradición se haya denegado. Las víctimas tendrán también que ser españolas y no podrán haberse nacionalizado tras haber sufrido los hechos a perseguir.

"Es ilegal de todo derecho. Un Parlamento no puede obligar a un juez", denunció el director de Aministía Internacional en España, Esteban Beltrán, en declaraciones a dpa. La organización de defensa de los derechos humanos reunió en tres días 14.000 firmas en contra de la reforma que ha instado al PP a parar.

Casos al archivo

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, aseguró además a dpa que más allá de perjudicar "los ideales democráticos", supone una desprotección de los españoles. "Es difícil que un español sea un genocida, pero es más fácil que pueda ser víctima de genocidio fuera de España".

El trámite parlamentario que concluirá con el final de facto de la aplicación del principio por el que, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 comenzó un día después de que la Audiencia Nacional diera un nuevo paso en la persecución de este tipo de delitos.

El juez Ismael Moreno emitió el lunes una orden de búsqueda y captura para su entrada en prisión incondicional sin fianza del expresidente de China Jiang Zemin y otros cuatro ex altos cargos del régimen comunista por genocido en el Tíbet en las décadas del 80 y 90. Unas órdenes que quedarán en papel mojado cuando entre en vigor la limitación del principio de Justicia Universal.

Este caso es el detonante de la reforma, a raíz de la crisis diplomática que se abrió entre Pekín y Madrid cuando la Audiencia Nacional inició en noviembre el proceso que culminó el lunes con esas órdenes de detención.

EL(dpa, reuters)