España e Italia, a la calle
6 de septiembre de 2011
A los Gobiernos comunitarios que respondieron a sus respectivas crisis fiscales y a su falta de crecimiento económico con recortes del gasto público y reformas legislativas en áreas sensibles les espera un septiembre plagado de protestas masivas, no sólo contra las medidas de ahorro presupuestario implementadas, sino contra la manera en que éstas fueron aprobadas.
Como muestra, un botón o dos: los sindicatos españoles e italianos consumaron este martes (6.9.2011) una huelga de 24 horas; los primeros, para condenar una reforma constitucional que busca establecer un límite máximo para el déficit público en la Carta Magna y los segundos, para demostrar su descontento con planes de austeridad que consideran tan injustos como errados.
La indignación española
El Gobierno del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero acaba de aprobar, no sin la objeción de los partidos más pequeños, una polémica enmienda constitucional cuyo objetivo es anclar el principio de disciplina fiscal y austeridad. El objetivo: limitar el déficit público y tranquilizar a los mercados, sobre todo tras las turbulencias que azotaron al país en agosto, con subidas récord de la prima de riesgo española en comparación con el bono alemán, referente de estabilidad.
La reforma fue aprobada el 2 de septiembre con la ausencia de 29 de los 350 diputados españoles, algunos de los cuales critican la supuesta "pérdida de soberanía" frente al "dictado alemán”; así describen las exigencias de control del gasto público hechas por la canciller alemana, Angela Merkel, a cambio de la ayuda de Berlín en futuros posibles rescates financieros. Un día antes, una masa había tomado las calles para demandar la celebración de un referéndum para aprobar la enmienda.
“No lo convocan por temor a la multitud que tienen en contra”, dijo un manifestante. Es mucho el malestar que ha generado la introducción en la Carta Magna de un principio neoliberal que condicionará las políticas sociales de los futuros gobiernos a partir de 2020. Es en ese año cuando entrará en vigor una ley orgánica en la que se establecerá el 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto como el "déficit estructural máximo" aludido en la Constitución.
La tragedia italiana
CGIL, la red de sindicatos comerciales más grande de Italia –6 millones de afiliados–, realizó su huelga este 6 de septiembre, cumpliendo la amenaza hecha el 11 de agosto ante la inminente aprobación por decreto de reformas legislativas que golpean aún más a los sectores de por sí económicamente débiles y medidas de austeridad que no pocos tildan de ineficaces. El CGIL condena que se planee liberalizar los contratos laborales sin combatir la evasión tributaria de cuello blanco.
Algunos analistas económicos sostienen que no es el alto déficit presupuestario de Italia, sino su expansión económica crónicamente débil lo que ha puesto al país en el escollo en que se encuentra. De ahí que obligar a Roma a activar un severo plan de ahorro justo cuando su economía atraviesa una crisis sea un contrasentido con resultados potencialmente contraproducentes, alegan expertos. El Banco Central Europeo impuso a Italia un paquete económico de 45.000 millones de euros.
El crecimiento promedio de la economía italiana se ha mantenido por debajo del 0,3 por ciento anual durante la última década. En términos de expansión económica, Italia ocupa el último lugar en la Eurozona y el antepenúltimo a escala global; sólo Zimbabwe, Eritrea y Haití presentan un grado de crecimiento menor. Mientras tanto, todo apunta a que su déficit fiscal cerrará este año en un 3,9 por ciento del Producto Interno Bruto, por debajo del promedio de la zona euro.
Autor: Evan Romero-Castillo / dpa / Reuters
Editor: Enrique López