El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha conversado con el líder socialista, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre el nuevo Gobierno catalán. Rajoy dijo estudiar la viabilidad del nuevo Ejecutivo propuesto ayer (19.05.2018) por el presidente catalán, Quim Torra, y mantener mientras el control de la administración en Cataluña.

Después de que Torra incluyera en su lista a dos políticos presos y a otros dos huidos de la Justicia, el Ejecutivo español publicó un comunicado en el que calificó de "provocación" esa decisión y advirtió de que estudiará la "viabilidad" del nuevo Gobierno catalán.

El Ejecutivo central cesó a finales de 2017 el Gobierno catalán presidido por Carles Puigdemont y asumió sus competencias en aplicación de la Constitución española, tras la ilegal declaración de independencia que aprobó el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre pasado. Como tal, tiene en sus manos la publicación en el Diario Oficial de Cataluña de los nombramientos que ayer anunció Torra.

De momento, el Gobierno central mantiene competencias

Pero, mientras estudia la viabilidad de ese gobierno anunciado, no publicará el decreto de nombramiento de los consejeros propuestos por Torra. El hecho de que no haya Gobierno regional en Cataluña por el momento implica que se mantiene en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución y, por tanto, el Gobierno central mantiene las competencias sobre la administración catalana.

El líder socialista, Pedro Sánchez, en una entrevista que publica hoy un diario español, asegura que apoyará que el Gobierno rechace el nombramiento como consejeros de personas en prisión o huidas en el extranjero y que, en consecuencia, mantenga la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Por su parte, Rivera hace días que insiste en la necesidad de mantener también el 155 por la actitud de Torra.

Quim Torra, en otra entrevista que publica un diario de esa región, defiende la "restitución" de los exconsejeros y considera "inimaginable" que el Estado no levante el artículo 155, ya que cree que, de no hacerlo, "infringirá el decreto aprobado" y provocará una "crisis institucional de dimensiones considerables".

MS (efe/dpa)

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