El gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero expresó hoy su "preocupación" por la actuación de Marruecos en los últimos días tras el desmantelamiento del campamento saharaui Agdaym Izik, pero volvió a evitar condenarla porque "hasta el momento existe cierta confusión".

Son unos "hechos muy graves" que generan "profunda preocupación", dijo la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, en rueda de prensa. Al menos 11 personas murieron en el campamento y en los enfrentamientos que a raíz del desmantelamiento se produjeron en El Aaiún, la capital administrativa del Sahara Occidental, según las cifras dadas por Rabat. El movimiento independentista del Frente Polisario eleva los muertos a decenas y habla de más de 4.000 heridos y más de 2.000 detenidos.

Para que el Ejecutivo condene "tendría que tener un conocimiento completo de los hechos", dijo Jiménez. "Hasta el momento existe cierta confusión".

"No queremos apresurarnos. Ningún gobierno lo ha condenado, ninguno", manifestó Jiménez.

Desde Seúl, donde participó en la reunión del G20, Zapatero dijo que la respuesta de España ha sido "la responsable, la sensata y la prudente para la solución del conflicto y también para los intereses de España", según lo citaron medios españoles. "Los intereses de España es lo que el gobierno tiene que poner por delante. (Pero también) es la respuesta más apropiada para la resolución del conflicto y, en consecuencia, para el pueblo saharaui", dijo.

Lo que sí hizo la ministra Jiménez fue pedir que se aclare la muerte de un ciudadano con DNI español. "España considera que debe esclarecerse de forma urgente el fallecimiento del ciudadano español", manifestó.

Se trata de Babi Hamadi Buyema, quien según su familia, residente en España, murió durante los enfrentamientos en el Aaiún que siguieron al desmantelamiento el lunes del campamento Agdaym Izik.

dpa