Según informaron hoy fuentes judiciales, el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz ordenó la búsqueda internacional, detención e ingreso en prisión de los siete.

Los procesados pertenecían a la llamada Brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Se trata de Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda, Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbe, René Patricio Quiloth Palma, José Remigio Ríos Sanmartín y Michael Vernon Townley Welch, este último de nacionalidad estadounidense.

El juez Ruz decidió así admitir la petición que la fiscalía le hizo en mayo, argumentando la competencia de la Justicia española en este caso porque la persecución en Chile "no ha sido efectiva". El magistrado señaló que el proceso se cerró en Chile por una amnistía que "no respondía al consenso total de las fuerzas políticas en un periodo constituyente".

El español Carmelo Soria trabajaba en Chile como diplomático para la ONU en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. El 14 de julio de 1976 fue secuestrado en Santiago de Chile cuando se dirigía a su casa. Según el juez Ruz, fue trasladado a una vivienda que ocupaba el estadounidense Towley Welch, donde "fue torturado -maniatado y con la cara vendada, durante varias horas".

Al español le rompieron casi todas las costillas mientras intentaban saber si tenía relación con el Partido Comunista de Chile. Después le inyectaron o le hicieron tragar pisco para matarlo, pero finalmente lo estrangularon. "Pobre Chile..." fueron las únicas palabras que el diplomático llegó a pronunciar.

Su cadáver fue metido en un vehículo y tirado a un canal y sus secuestradores y asesinos le metieron una nota en un bolsillo para tratar de simular que se había suicidado por infidelidades de su esposa.

Durante la dictadura militar chilena, más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecieron a manos del régimen, según informes oficiales. Otras decenas de miles fueron torturadas.

dpa

Editor: Pablo Kummetz