Este viernes (19.07.2024), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya presenta su dictamen sobre las "consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este". El dictamen fue solicitado a finales de diciembre de 2022 por la Asamblea General de la ONU,y por tanto, antes de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la actual guerra entre Israel y Hamás. Ese día, unas mil doscientas personas murieron en un ataque terrorista del grupo islamista palestino y más de doscientas cincuenta fueron tomadas como rehenes y llevadas a la Franja de Gaza, según cifras israelíes. Según información no verificable de la autoridad sanitaria de Hamás, el contraataque israelí ha costado hasta el momento más de 38.000 vidas.

La Asamblea General de la ONU planteó preguntas

Se espera que la CIJ responda esencialmente a las cuestiones planteadas por la Asamblea General de la ONU en relación con las consecuencias jurídicas de la "continua violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación" por parte de Israel, así como de "su continua ocupación, poblamiento y anexión de los territorios palestinos ocupados desde 1967". La Corte también evaluará el estatus jurídico de la ocupación de los territorios y las consecuencias resultantes para la ONU y los Estados.

El "territorio palestino ocupado" incluye, entre otros, Cisjordania y Jerusalén Este, que fueron conquistados en la Guerra de los Seis Días en 1967.

Según la agencia de noticias dpa, el número de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este juntos asciende a 700.000. En su evaluación más reciente de estos asentamientos, en la Resolución 2334 de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU los calificó como una "violación flagrante" del derecho internacional y pidió a Israel que detenga inmediatamente todas las actividades de asentamiento. 

La CIJ también debería pronunciarse sobre el estatus de Jerusalén Este. Israel declaró toda el área de Jerusalén su capital "unida y eterna", en 1980. Este paso se considera anexión de facto. El Consejo de Seguridad lo declaró nulo y sin efecto y la mayoría de los Estados no reconocen la medida. Los palestinos reclaman la zona como su capital con vistas a un futuro Estado.

Audiencias en febrero, sin Israel

En febrero, la CIJ pasó alrededor de una semana escuchando declaraciones de 49 Estados miembros de la ONU, así como de tres organizaciones internacionales y representantes palestinos. Entre ellos se incluyen países europeos como Francia y España, pero también Estados Unidos, Rusia y China. La mayoría de los Estados habían pedido el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos, informa AFP.

El propio Israel no estuvo presente en las audiencias. En un documento presentado en julio de 2023, el país calificó las preguntas planteadas al tribunal de "tendenciosas" y de "clara distorsión de la historia y la realidad actual del conflicto palestino-israelí".

A la luz de los acontecimientos del 7 de octubre y de las necesidades de seguridad de Israel, el representante estadounidense pidió a la Corte que no ordene una retirada "inmediata e incondicional", informa la agencia de noticias AFP.

Posibles consecuencias del informe

El informe no es jurídicamente vinculante. Según la propia CIJ, la organización solicitante, en este caso la Asamblea General de la ONU, puede decidir qué hacer con el resultado. En cualquier caso, tal opinión tendría "gran peso legal y autoridad moral". En particular, el informe podría aumentar la presión política sobre Israel con respecto a la situación en la Franja de Gaza.

Stefan Talmon, profesor de derecho internacional en la Universidad de Bonn, indicó por escrito a DW que el informe podría tener "consecuencias de gran alcance", dependiendo del resultado. Si la CIJ determinara que la ocupación y los asentamientos israelíes y la anexión de facto de determinados territorios fueron ilegales, los países comprometidos con el derecho internacional, como Alemania u otros socios de la Unión Europea así como la propia UE, no podrían simplemente ignorarlo.

En tal caso, según Talmon, el informe podría tener un "importante efecto explosivo". En su opinión, la posición internacional de Israel podría debilitarse aún más, tanto jurídica como políticamente. El informe también podría tener efectos legales ante los tribunales nacionales o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, dejando de incluir zonas como Jerusalén Este en los acuerdos aduaneros y comerciales entre Israel y la UE.

Este caso no debe confundirse con la demanda de Sudáfrica contra Israel alegando violación de la Convención sobre Genocidio, que también está pendiente ante la CIJ.

Israel por su parte, rechaza las acusaciones. 

(lgc/ers)