La violencia es un monstruo que no da tregua en México. Poco después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta, el recién nombrado alcalde de Chilpancingo fue decapitado. A ello se suman la guerra abierta entre las facciones del Cartel de Sinaloa y la muerte de seis migrantes en el sur del país, luego de que militares dispararan contra su vehículo.

Las cifras son devastadoras: en términos absolutos, el sexenio de AMLO fue el más violento de la historia reciente de México, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin tiempo que perder, Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentaron su "Estrategia de Seguridad" para abordar la problemática en los próximos cien días. Se trata de un plan estructurado en cuatro puntos, que consolida medidas ya emprendidas en sexenios anteriores y plantea algunos enfoques nuevos.

Primer punto: atención a las causas

La premisa: justicia social para acabar con la violencia. "Lo importante es no regresar a la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría", dijo Claudia Sheinbaum durante la presentación del plan (disponible en archivo PDF debajo de este artículo).

Su Gobierno busca prevenir la violencia atendiendo a las causas, y ahí cuenta el respaldo de los planes para jóvenes llevados a cabo durante el período de Sheinbaum como alcaldesa de Ciudad de México, también con Omar García Harfuch al frente de la seguridad de la capital. Pero ¿es extrapolable la experiencia de Ciudad de México a nivel federal?

Laura Atuesta, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y experta en políticas de seguridad, cree que no: "El mapa de criminalidad de CDMX es muy diferente al del resto del país y los problemas de delincuencia organizada son distintos. México tiene territorios con nula presencia estatal, que se encuentran totalmente captados por el crimen organizado", dice a DW.

Ya AMLO llevó a cabo programas federales de prevención, pero hay voces críticas que dudan de su eficacia, porque estos proyectos dan por hecho que existe una correlación estricta entre juventud, pobreza y criminalidad, sin tomar en cuenta otros factores.

"El reclutamiento de jóvenes en Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Celaya, Tapachula, tiene un componente totalmente distinto al reclutamiento de jóvenes de la CDMX", asegura a DW el consultor de seguridad David Saucedo. "Siempre habrá una base de jóvenes que van a preferir la opción del narco por el diferencial de salario", subraya Saucedo, que enumera otras razones: "La vida del narco, la narcocultura, los corridos tumbados, todas estas imágenes de ensueño por las que los jóvenes se ven atraídos".

Segundo punto: fortalecer el papel de la Guardia Nacional

Uno de los puntos más controvertidos del plan es la consolidación de la tendencia, ya iniciada por Gobiernos anteriores, de convertir a la Guardia Nacional en instrumento contra el crimen, pasando a ser controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). ¿Militarización de la seguridad del país? Sheinbaum y García Harfuch lo niegan tajantemente, aduciendo que será un mando civil, el de la Secretaría de Seguridad, el que diseñe la estrategia y coordinación para enfrentar a las organizaciones criminales.

¿Es posible entonces una Guardia Nacional de carácter civil, policial y profesional?  "Uno de los mayores retos para el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, será dirigir a un organismo con 130 mil efectivos, con una formación castrense, cuya disciplina policial aún debe afinarse y perfeccionarse en labores de investigación y análisis de información. Todo ello, respetando protocolos de actuación y derechos humanos", dice a DW Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública de México.

"Los ejércitos que se involucran en tareas de seguridad pública desnaturalizan su función", advierte, por su parte, la doctora Magdalena Alcocer Vega, de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac. "En un Estado democrático, la función policial debe responder a los ciudadanos. Su involucramiento en estas tareas genera un desgaste en la propia institución militar", explica.

Por otro lado, es cuestionable el papel que puede jugar la Guardia Nacional en aquellos territorios del país en los que la presencia del Estado es escasa o nula. En ese sentido, Laura Atuesta, la experta del CIDE, alude a la importancia de impulsar una policía local, de proximidad, cercana a las familias y con el objetivo de establecer presencia estatal.

"Una estrategia de seguridad que no incluya una recuperación del espacio público por medio de una presencia permanente de fuerzas civiles de seguridad, como policías municipales y estatales, tiende a fracasar, porque el Ejército y la Guardia Nacional solo entran al territorio a combatir a grupos delincuenciales, desestabilizando el statu quo, pero no a generar una presencia permanente que disminuya la captación de territorios por parte de grupos criminales", destaca Atuesta.

Puntos 3 y 4: inteligencia y coordinación

Si hay algo de lo que el Gobierno de Sheinbaum ya ha hecho gala en las ahora llamadas "conferencias matutinas" es en la importancia de comunicar basándose en datos e información. Los puntos tercero y cuarto de la Estrategia de Seguridad de Sheinbaum y García Harfuch apuntan también en ese sentido: su objetivo es utilizar inteligencia y recursos tecnológicos para analizar datos y comprender las dinámicas del crimen.

A partir de la información, viene la coordinación en los niveles federal, estatal y municipal, un desafío que suscita escepticismo entre expertos, pero que, para Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del Instituto de Administración Pública, "es posible", y alude concretamente al término "coordinación absoluta", que aparece en el documento sobre el plan presentado a los medios.

"Este concepto es sustancial para entender que los mandos policiacos estatales en todo el país habrán de ser propuestos y ratificados" por la Secretaria de Seguridad, que también podrá "capacitar y certificar las licencias de operatividad de todos los policías en México", dos medidas que Martínez Anzures considera "contundentes y perfectamente medibles", y que auguran "buenos resultados".

Según Martínez Anzures, esta supone una manera de movilizar a todo el gabinete de seguridad a los estados con mayor incidencia delictiva: "Tiene un componente simbólico alentador para las personas que viven en esas comunidades, porque ayuda a mejorar la imagen del Gobierno federal y su compromiso con el bienestar de las personas. También porque, estratégicamente, es más práctico, coordinar esfuerzos de inteligencia y operaciones táctico-operativas en campo que desde el gabinete", subraya. 

Finalmente, serán las cifras y el tiempo los factores que avalen o desacrediten la estrategia de seguridad de Sheinbaum.

(rml)