Se llamaba "Operación W”. La Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE) solicitó, en septiembre de 2017, permiso a la Corte de Apelaciones de Santiago para interceptar las comunicaciones de una supuesta agente extranjera. Poco después se supo que el número que fue "pinchado”, como se conoce al acto de intervenir un teléfono, pertenecía al periodista Mauricio Weibel, quien en mayo de 2016 había lanzado el libro "Traición a la patria”, sobre un millonario desfalco de fondos públicos que derivó en procesos contra altos mandos del Ejército.

La Fiscalía comenzó a investigar el espionaje contra Weibel y lo amplió a cuatro exfuncionarios del Ejército, todos los cuales habían denunciado casos de corrupción dentro de la institución. Luego se supo que la rama terrestre de las Fuerzas Armadas chilenas también se había dedicado a indagar informaciones de otros profesionales que habían investigado irregularidades en el uso de los fondos que,a través del fisco, todos los chilenos entregan a sus militares.

Weibel ha declarado ante la Justicia, señalando hostigamientos, llamados telefónicos sospechosos y el misterioso robo de computadores, algo que ha afectado también a otros profesionales. En comunicación con DW, el periodista, autor de otros libros, como "Ni orden ni patria” -sobre el fraude al fisco realizado por Carabineros de Chile-, señala que "yo no me siento intimidado, pero sí molesto cómo demócrata. Estas no son conductas aceptables de parte del poder militar y político”.

No es una excepción

Paula Cejas, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), señala que lo ocurrido en Chile no es un fenómeno inusual. "Puedo mencionar casos recientes en Argentina, donde en 2018 más de 400 periodistas habrían sido investigados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el marco del G20 y la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) organizados en el país. Asimismo, otros casos se dieron en México, donde en 2017 se presentaron denuncias de espionaje contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos”, explica a DW.

"Lo importante es que entendamos que los periodistas, en la legislación internacional, estamos asimilados a los defensores de derechos humanos y que los Estados tienen la obligación de otorgar garantías reforzadas al ejercicio libre, plural y seguro de la prensa”, agrega Weibel, quien insiste en que lo ocurrido en su caso "está fuera de todo estándar democrático”, pues supone una afrenta grave a la libertad de expresión. "Y es a través de ella que las personas exigen el respeto de los demás derechos humanos y plantean sus visiones de la sociedad, por eso es tan relevante protegerla”.

Ejemplos similares de espionaje o amedrentamiento han tenido lugar en El Salvador, Brasil, Uruguay Paraguay y Colombia, a distintos niveles y contra medios grandes y pequeños. "Quienes espían o investigan a periodistas, quieren que estos sepan que están siendo espiados, porque así les hacen sentir vulnerables, expuestos. Quieren que sepan que conocen a sus familias, sus trabajos, su vida privada”, explica Cejas. Se trata de acciones que "buscan intimidar y silenciar, incentivando la cultura de la censura y el miedo”.

"Necesitamos avanzar en la creación de un Estatuto Latinoamericano de Periodistas. En la región, hubo 200 periodistas asesinados en diez años, según Unesco. Además de casos de desaparición, torturas y censura”, explica Weibel. Cejas complementa: "La FIP considera que no puede haber libertad de expresión si los periodistas ejercen su profesión en un entorno de corrupción, pobreza o temor; y si a esto se le suma la impunidad que asiste a quienes les incomoda la labor del periodismo, nuestra profesión se convierte una actividad de alto riesgo”.

"Estricto apego a las leyes"

Consultado por DW, el Ejército de Chile respondió -a través de un escrito de su Departamento Comunicacional- que considera que el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa "es esencial para el progreso de la sociedad, siempre que se ejerza con veracidad, responsabilidad y, por sobre todo, con un férreo respeto a la persona, a su prestigio y reputación”. Asimismo, señala que es también su deber como institución "resguardar la honra y prestigio de quienes han elegido al Ejército para servir a Chile”.

La pregunta fue realizada a propósito del caso de Weibel, pero también por una carta que envió el Ejército para criticar la emisión de un sketch humorístico del programa "Políticamente Incorrecto”, donde se representaba a un general que hablaba de torturar a los soldados que divulgaran información de la institución, entre otros temas. Respecto al caso específico de Weibel, el Ejército sostiene que se trata de "actividades de inteligencia del año 2017, las que fueron debidamente autorizadas por el ministro de la Corte de Apelaciones don Juan Antonio Poblete M. quien recibió conforme a la ley los antecedentes respectivos y completos para adoptar una decisión fundada”.

El documento del Departamento Comunicacional agrega que "las actividades de inteligencia son legítimas y necesarias en toda sociedad para proteger a las personas de amenazas externas e internas”, y en el caso chileno están amparadas por la Ley 19.974. "El Ejército realiza acciones de inteligencia amparadas por la citada ley y no hace distinción, ni restringe que las diferentes acciones se limiten a ciertas personas o profesiones”. Y añade: "El Ejército de Chile comprende que ciertas acciones que realiza, propias a sus funciones constitucionales, puedan no ser comprendidas, por cuanto se desconocen los orígenes y los motivos que las generan, pero se debe tener certeza que (…) se ejecutan con un estricto apego a la Constitución y las leyes”.

(cp)