El problema de la violencia generada por las pandillas en El Salvador es viejo y -en el pasado reciente- le llevó a estar entre los países más peligrosos del mundo dado los altos índices de homicidios ligados a las denominadas maras. Estos grupos criminales mantienen a la mayoría de las comunidades salvadoreñas vulnerables a violentos robos, extorsiones, agresiones sexuales, secuestros y asesinatos. Por ello, su combate frontal se ha convertido en una tradicional promesa de campaña y los escándalos de negociaciones con pandillas le han cobrado la carrera a varios partidos y liderazgos políticos.

Paralelamente, los Gobiernos de turno han ejecutado sendos planes antidelincuenciales que han implicado el despliegue de elementos de seguridad con carros blindados, armamento de guerra y chalecos antibala para capturar masivamente a presuntos pandilleros y así intentar disminuir sus actividades, pero -según organizaciones sociales- con el ímpetu del accionar antipandillas han llegado denuncias de violaciones a derechos humanos de algunas personas inocentes que son confundidas en el frenesí policial.

Con el Gobierno de Nayib Bukele, que instauró un régimen de excepción tras el incremento de asesinatos, la fórmula parece repetirse. "Las acciones implementadas por las autoridades en el contexto del reciente aumento de homicidios reportado repiten muchas de las políticas fallidas de otros Gobiernos de El Salvador”, dice a DW la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. "El presidente Bukele insiste en aplicar una receta que no ataca las causas estructurales de la violencia ni pondera el importante rol de la prevención, lo que genera resultados poco sostenibles”, añade.

Sin embargo, lo que diferencia al gobierno de Bukele de los anteriores es su discurso. En reiteradas ocasiones, y en respuesta a cuestionamientos de instancias defensoras de DD. HH., el presidente ha hecho señalamientos directos contra estas organizaciones y las ha acusado de proteger al crimen organizado. 

Las pandillas: "el brazo armado” de las ONG

"Desde que Bukele llegó al poder, su maquinaria propagandística se ha encargado de desprestigiar, hostigar, estigmatizar a periodistas y defensores de derechos humanos que han denunciado abusos por parte de su Gobierno”, declara a DW el investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier.

"Integrantes de organizaciones de derechos humanos han denunciado que este tipo de hostigamiento sistemático genera un ambiente hostil en el que defender los DD.HH. de las personas más vulnerables se vuelve una tarea cada vez más peligrosa. Además, este esfuerzo gubernamental por intentar instalar una narrativa que presenta los derechos humanos, y quienes los defienden, como un ´obstáculo´ para sus planes y políticas o como ´enemigos del Gobierno´, envía un mensaje peligroso que podría materializarse en situaciones de acoso y amenazas contra las personas defensoras, posiblemente perpetrados por quienes piensen que sus actos no tendrán consecuencias por estar alineados con el discurso presidencial”, concuerda Guevara Rosas.

"Durante el régimen de excepción, esta situación se ha agravado. El presidente Bukele incluso se ha hecho aprobar una ley sobre los mensajes de pandillas que está plagada de ambigüedades y podría ser utilizada para perseguir a periodistas. Bukele también ha acusado a periodistas y ONG de ser ´defensores de asesinos´ o el ´brazo armado de las pandillas´. Casi inmediatamente, muchos periodistas y miembros de la sociedad civil han recibido hostigamiento, insultos y amenazas en redes sociales. Lo más grave es que, como todas las instituciones están bajo el control del Ejecutivo, hoy no existe ningún mecanismo solido de protección para quienes sufren abusos y persecuciones”, agrega Pappier.

¿Hay diálogo con el Gobierno de El Salvador?

Ante esto, tanto Amnistía Internacional como HRW han solicitado públicamente espacios de diálogo con la Casa Presidencial de El Salvador. Sin embargo, "fiel a su estilo, Bukele ha respondido a nuestros cuestionamientos en redes sociales con agresiones, ataques, y tergiversando nuestros mensajes. Le hemos enviado una carta formal para solicitarle una reunión para que podamos tener una conversación seria sobre los complejos problemas de derechos humanos y seguridad pública que enfrenta el país. Lamentablemente, hasta ahora solo hemos recibido como respuesta insultos por parte de algunos funcionarios”, asegura Pappier.

De igual forma, "Amnistía Internacional no ha recibido ninguna respuesta a la carta pública enviada al presidente el 1 de abril. En junio de 2019, semanas después de que el presidente Bukele tomara posesión de su cargo, nos reunimos con él. En esa ocasión, el presidente se comprometió a instalar una Mesa Interministerial con Amnistía Internacional para abordar los principales retos en la materia. Sin embargo, la mesa nunca se materializó debido a la falta de interés del Gobierno de cumplir con este compromiso”, argumenta Guevara Rosas.

Paralelamente, ambas organizaciones -así como otras ONG nacionales- dicen estar monitoreando la situación en el país ante las denuncias de "abusos de las autoridades, incluyendo malos tratos o situaciones que podrían constituir tortura”, tal como explica Amnistía Internacional. Y ambas organizaciones concuerdan en que, con lo analizado, El Salvador se acerca más a quienes Bukele criticó en el pasado.

"Al inicio de su mandato, el presidente Bukele señaló que sería una voz diferente en la región. Pero la forma en que ha ejercido su mandato, coloca a El Salvador en el grupo de países que desprecian los derechos humanos y cualquier tipo de disenso, y se asemeja a políticas de Gobiernos como los de Nicaragua y Venezuela”, analiza Guevara Rosas.

"Bukele sigue el mismo libreto que han seguido otros Gobiernos autoritarios en la región, que atacan a las organizaciones y periodistas que cuestionan o reportan sobre sus abusos. Si la comunidad internacional no adopta medidas serias para frenar los impulsos autoritarios de Bukele, me temo que podamos ver hechos graves de persecución contra periodistas y miembros de organizaciones de derechos humanos, como ocurre en Venezuela y Nicaragua”, coincide Pappier.

DW solicitó la postura del Gobierno de El Salvador a través del secretario de Prensa de Nayib Bukele, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.