El Día Internacional de la Madre Tierra, que se festeja cada 22 de abril, debía tener este año un nuevo motivo de celebración en la región. No obstante, el asesinato (20.04) de Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora de la Laguna Siberia Caldono en Colombia, tiñe de luto la entrada en vigor del ‘Acuerdo de Escazú’. Este tratado regional debe servir para otorgar más herramientas a los defensores medioambientales a partir del acceso a la información ambiental, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la Justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales en los países de América Latina. 

“El tratado recoge obligaciones en tres ámbitos diferenciados: una dimensión sistémica, garantizando entornos seguros y propicios para la defensa ambiental y dos sub-ámbitos específicos, por un lado, de prevención y protección para evitar que las violaciones ocurran y, por otro, de reacción o respuesta si no se han podido evitar, tal como la investigación y la sanción”, explica a DW Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“En un contexto de impunidad de asesinatos de nuestros defensores y defensoras indígenas, nos parece importante contar con un tratado internacional que obligue a los Estados de la Cuenca Amazónica a adoptar y aplicar leyes que garanticen una investigación oportuna e imparcial cuando se vulneren nuestros derechos”, apunta a DW José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).  

“Es una herramienta muy importante para la protección de sus vidas, pero se requieren muchos más instrumentos”, reconoce a DW Laura Serna, abogada afrodescendiente colombiana. Por este motivo, su entrada en vigor “no garantiza detener los asesinatos de defensores y líderes ambientales”, considera en conversación con DW Carmen Capriles, de la organización boliviana Reacción Climática, que ha estado siguiendo las negociaciones del acuerdo. No obstante, “esperamos frenar la tendencia y que se reduzcan drásticamente dichos asesinatos, mientras se garantiza a todos los defensores sus derechos humanos, sin discriminación”, agrega.

Un acuerdo con fortalezas

“La principal ventaja del Acuerdo de Escazú es ofrecer soluciones a la problemática ambiental desde el Sur para el Sur, desde la región para la región”, asegura Bárcena. “Este es un tratado que se ha construido de forma colaborativa entre nuestros Estados y sus sociedades, de manera abierta, transparente y participativa, y que considera las singularidades y desafíos de nuestra región”, agrega.

“Este instrumento se desarrolló por medio de un proceso amplio, público e incluyente que inició en su fase preparativa en el año 2012 y continuó durante el 2014 hasta el 2018 con su fase de negociación y aprobación”, recuerda a DW Mauricio Madrigal, abogado colombiano especializado en derecho ambiental que, al igual que Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó el artículo noveno del tratado que hace referencia a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Asimismo, “otra de las fortalezas del Acuerdo es el reconocimiento del cambio climático y la necesidad y obligación de los Estados de publicar la información que tengan en sus manos relacionada con esto”, apunta Puentes.

El reto de la implementación

“Los próximos pasos serán dar forma a algunos de los mandatos del acuerdo en términos institucionales y financieros”, avanza Bárcena, lo que se llevará a cabo con la celebración de una primera Conferencia de las Partes el próximo año. “En la Conferencia de las Partes, principal órgano de gobierno del Acuerdo, con el apoyo de la CEPAL en su calidad de secretaría, trabajaremos para asegurar que todos quienes defienden el ambiente puedan ejercer su labor sin temor de represalias”, asegura.

Para Serna, “Escazú requiere de una voluntad política para su implementación y sin duda alguna eso termina siendo una debilidad o una fortaleza, dependiendo de las dinámicas sociales y las dinámicas que tenga cada país, en sus temas políticos como legislativos y normativos”.

Por ello, será fundamental el papel de la sociedad civil que deberá “hacer seguimiento y uso de la información ambiental que los gobiernos están en la obligación de dar para participar activamente de la toma de decisiones”, considera Capriles. No obstante, teme que al igual que en el caso boliviano “las mismas instituciones del gobierno sean las que determinen quiénes son defensores, qué luchas son válidas o de qué forma se va implantar la justicia ambiental”.

En el caso de los pueblos originarios, “la única forma de lograr un entorno seguro para defensores y defensoras indígenas será a través de la titulación efectiva de nuestros territorios”, asegura Díaz Mirabal. “Solo con la titulación, los gobiernos estarán implementando de manera efectiva este Acuerdo de Escazú”, agrega, reclamando la inclusión de representantes tanto en la Conferencia de las Partes como en el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del acuerdo.

(er)