El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó el miércoles (10.11.2021) la "Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021", más conocida como Ley RENACER por sus siglas en inglés, "la cual impone sanciones al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega", informó la Casa Blanca, destacando que permite "restringir los préstamos bancarios multilaterales y combatir la corrupción del régimen".

En un comunicado, el Ejecutivo estadounidense agradeció el "liderazgo" de los legisladores que impulsaron la iniciativa, aprobada la semana pasada con amplio apoyo bipartidista. Entre ellos están Dick Durbin, el demócrata número dos de la Cámara Alta, y Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, además de los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz. También aparecen el congresista demócrata Albio Sires, y su colega republicana María Elvira Salazar, cuyo exmarido, Arturo Cruz, es uno de los siete aspirantes presidenciales detenidos.

La Ley RENACER presenta un arsenal de medidas para abordar lo que considera corrupción y violaciones de los derechos humanos del gobierno de Ortega y Murillo. Para ello, requiere aumentar, en coordinación con Canadá, la Unión Europea y países latinoamericanos y caribeños, las sanciones selectivas de Estados Unidos a personas involucradas en abusos de derechos humanos y obstrucción de elecciones libres.

También suma a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción, y requiere más informes de inteligencia sobre las actividades del gobierno ruso en el país centroamericano, incluyendo reportes sobre las ventas militares rusas a Managua. Además, amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Managua, y pide revisar la participación de Nicaragua en el pacto de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

A finales de 2018, el Congreso de EE. UU. ya aprobó un proyecto de ley conocido como Nica Act, que ordena a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación a los organismos estatales nicaragüenses.

Cuarenta excancilleres de América Latina pidieron a la Asamblea General de la OEA, reunida también este miércoles, desconocer la reelección para un cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega en Nicaragua, con sus rivales presos, y evalúe suspenderla del bloque si no hay nuevos comicios. El embajador representante permanente de Nicaragua ante la Organización, Arturo McField Yescas, aseguró que su país vivió una jornada electoral "en libertad y sin chantajes".

lgc (afp/efe)